La Corte de Apelaciones de Arica, en fallo unánime, acogió el recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) por el despido arbitrario de una funcionaria de ese servicio el pasado mes de julio.
La medida jurídica tuvo el respaldo de la ANEF Regional Arica y Parinacota y de la Asociación de la SUBDERE. “Es un logro para la ANEF, porque son precisamente los Tribunales de Justicia que están reivindicando el empleo y la función pública. Este fallo declara la arbitrariedad e ilegalidad en los argumentos de la autoridad para despedir a esta funcionaria”, manifestó la presidenta de la Agrupación de esa Región, Guisselle Kunz.
En su sentencia el Tribunal explica que los argumentos señalados por la autoridad, con los cuales se pone término anticipado a la designación a contrata de la funcionaria, Vilma Gutiérrez Chipana, carecen de la razonabilidad necesaria, para ser invocados como justificación del término anticipado del empleo, por cuanto, solo indican, la falta de confianza en la actora, por haber sido contratada en la anterior administración. Con ello la Corte de Apelaciones dejó sin efecto Resolución Exenta N°386/146/2018 de 25 de Julio de 2018, y ordenó el inmediato reintegro de la recurrida con todos sus derechos laborales.
De esta forma la funcionaria fue reintegrada el día 13 de septiembre y tanto la ANEF como la Asociación de la SUBDERE custodiaron este proceso. “Nosotros como ANEF acompañamos en el proceso de reintegración y velamos que estuvieran todas las condiciones necesarias para cumplir con sus funciones”, indicó Kunz.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de la SUBDERE, Pamela Reuss, indicó que: “La profesional fue reincorporada a la SUBDERE y está con todas las condiciones normales”. Además, la dirigenta agregó que ahora se les deben pagar los meses que estuvo fuera del Servicio y aseguró que la trabajadora no ha sido objeto de hostigamiento ni de represalias luego de su reincorporación.
Por último, el presidente de la ANEF, Carlos Insunza, valoró el rol de la Agrupación de esa Región y de la Asociación en la defensa del empleo y la función pública. “El gobierno debe seguir tomando nota de las reiteradas llamadas de atención que ha recibido de parte de los Tribunales de Justicia, de la Contraloría y del Congreso Nacional, respecto de estas materias y termine con esta práctica abusiva de maltrato a los trabajadores públicos. Persistiremos en nuestra interpelación al gobierno, a las autoridades ministeriales y de los servicios, para que terminen con estas prácticas abusivas y se estabilice, de una vez por todas, el estado de derecho y el debido proceso respecto de los trabajadores publicos en nuestro país”, sentenció.
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