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ANEF defiende Tutela Laboral para funcionarios públicos en Comisión del Trabajo

  Publicado el 14 de Agosto, 2019

La ANEF, representada por su vicepresidente de Relaciones Nacionales, Jorge Consales, expuso ayer ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. En esta oportunidad se discutía sobre los proyectos refundidos, en segundo trámite constitucional, relativos al ámbito de aplicación del procedimiento de Tutela Laboral (Boletines N° 9476-13, 12322-13 y 12327-13).

En una primera instancia el dirigente de la Agrupación hizo un recorrido histórico de las causas jurídicas promovidas por los funcionarios públicos, en particular cuando se ha tratado de despidos arbitrarios e injustificados. A su vez, precisó que los trabajadores del aparato fiscal, quienes se rigen por el Estatuto Administrativo, podían recurrir a la Contraloría General de la República, pero que de un tiempo a esta parte cuando se generaban vacíos legales se han dirigido a los Tribunales Laborales para defender sus derechos como funcionarios públicos y como ciudadanos.

“Por ello, el hito más importante se verificó en abril de 2014, cuando en un fallo dividido, la cuarta sala de la Corte Suprema determinó que los funcionarios públicos también pueden ser objeto de los procedimientos de tutela laboral ante los juzgados del trabajo”, señaló Consales.

Además, expuso que el procedimiento de tutela es un medio por el cual el trabajador reclama la violación de sus derechos fundamentales en su relación con el empleador; tales como actos, conductas o determinaciones del Empleador que en el ámbito de sus facultades  de dirección del trabajo, es decir  de ordenar tareas y responsabilidades a sus trabajadores/ras y supervisar su cumplimiento, creando discriminaciones por raza, sexo, edad, religión, opinión política; o infracciones por prácticas desleales y antisindicales.

“Se entienden entonces lesionados o vulnerados los derechos fundamentales cuando el empleador o quien lo representa realiza actos o adopta medidas que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador en forma injustificada, arbitraria y desproporcionada. Esta acción judicial implementada por la Ley 20.087 tiene como finalidad central la protección de los derechos fundamentales del trabajador de naturaleza no laboral, tales como la intimidad, la libertad de expresión o la honra”, precisó.

Los trabajadores del Sector Público, considerando la extensión, complejidad y diversidad de autoridades y jefaturas, además de los cambios periódicos de Gobierno, están permanentemente tan o más expuestos que el sector privado a ser víctimas de prácticas abusivas, arbitrarias y discriminadoras en su relación de trabajo y entorno laboral. Los despidos y exoneraciones masivas sin fundamentos o motivos conocidos son prácticas habituales en la administración pública y muchos de ellos tienen su origen en resoluciones discriminatorias y atentatorias de las garantías constitucionales establecidas en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

“En virtud de lo antes señalado, El Directorio Nacional de ANEF apoya la iniciativa para legislar en esta materia, contenida en el proyecto del ley (…) Finalmente en atención a la especial situación del sector público, solicitamos se agregue un inciso final después del nuevo inciso que incluye en el proyecto en el Art. 489 del siguiente tenor: Con todo, cuando el juez declare que el despido es injustificado, indebido, improcedente o discriminatorio, el trabajador podrá optar siempre por la reincorporación”, concluyó Jorge Consales.

Por último, destacar que la Agrupación cedió un espacio para que la Federación de Trabajadores a Honorarios del Estado (UNTTHE), a través de la secretaria general UNTTHE MCN, Natalia Corrales, expusiera la situación y opinión de los honorarios con respecto a esta materia.

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