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ANEF denuncia vergonzoso fallo del Tribunal Constitucional los/as funcionarios/as públicos/as no somos trabajadores/as de segunda categoría

  Publicado el 13 de Diciembre, 2018

El recién pasado 11 de diciembre de 2018, ha sido publicado el fallo emitido por el Tribunal Constitucional (rol 3853-17) que, en lo central, niega el derecho de los/as trabajadores/as públicos/as a recurrir a los Tribunales Laborales, vía procedimiento de tutela de derechos fundamentales, cuando se trate de vulneraciones ocurridas con ocasión del despido.

Tal como lo expresa el voto de minoría del fallo, el Poder Judicial y la Corte Suprema han confirmado, de forma cada vez más amplia, una tendencia jurisprudencial que categóricamente afirma la procedencia de la tutela de derechos fundamentales para trabajadores/as públicos/as , no sólo en casos de despido, sino también en otras situaciones que vulneran sus derechos humanos básicos.

Esta interpretación, que los Tribunales de Justicia validaron progresivamente, a partir de los requerimientos e insistencia de nuestras asociaciones, se ha consolidado porque corresponde plenamente al marco normativo que rige a los/as funcionarios/as públicos/as, para quienes las disposiciones del Código del Trabajo constituyen normas supletorias, cuando el Estatuto Administrativo no contempla normativa particular, lo que en el caso de la Tutela de Derechos Fundamentales resulta evidente, por cuanto no existe ninguna norma estatutaria que garantice acceso a la jurisdicción en la materia.

Ahora, el Municipio de San Miguel, que había sido condenado por despido discriminatorio en proceso de tutela de derechos fundamentales (tanto en el Juzgado Laboral como en la Corte de Apelaciones) decidió interponer un recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, pese a que ésta ya se había pronunciado a favor de los/as trabajadores/as públicos/as.

Antes de esperar el fallo de la Corte Suprema, el Municipio decidió recurrir al Tribunal Constitucional con la finalidad que se declarara inaplicable el procedimiento de tutela para trabajadores/as públicos/as. En fallo dividido, el Tribunal Constitucional se inclinó por afirmar que la tutela no era aplicable, afirmando que los/as funcionarios/as públicos/as tendrían otras instancias para reclamar por la vulneración de sus derechos fundamentales.

Se trata de un fallo vergonzoso, tanto como lo fue el de la semana recién pasada, que aceptó la tesis de la objeción de conciencia institucional para no aplicar el aborto en tres causales. Es vergonzoso porque, tal como lo expresa contundentemente el voto de minoría: excede las facultades del Tribunal Constitucional, usurpando las facultades de la Corte Suprema de Justicia; vulnera gravemente la igualdad ante la ley y el principio de inexcusabilidad, preceptos básicos del Estado de Derecho; en lo concreto, pretende que la reclamación administrativa ante la Contraloría General de la República o la acción de protección ante las Cortes de Apelaciones, constituirían acciones equivalentes para tutelar los derechos de ciudadanía laboral de los/as funcionarios/as públicos/as.

Recordemos que la reclamación administrativa del artículo 160 del Estatuto Administrativo no admite forma de juicio. Por valiosa que sea, es una herramienta de control de legalidad, que no permite incorporar pruebas, ofrecer testigos, peritajes. etc. El resultado es un dictamen y no una sentencia que se dé en el marco del debido proceso.

Similar es la situación de la acción de protección que se interpone ante las Cortes de Apelaciones. Aunque posee características de mayor bilateralidad (esto es, escuchar los argumentos de ambas partes) lo cierto es que se trata de un procedimiento cautelar, de urgencia, que no permite, ni por forma ni por fondo, abordar el despido y las violaciones a los derechos fundamentales con la debida profundidad.

En la práctica, entonces, el Tribunal Constitucional ha decidido que los/as trabajadores/as públicos/as carecen de derechos fundamentales o su ejercicio es de menor intensidad que la de los/as trabajadores/as privados/as. Y aunque el fallo es aplicable sólo al caso de la Municipalidad de San Miguel, es evidente que constituye un precedente nefasto porque, de aquí en adelante, toda autoridad demandada por tutela accionará ante el Tribunal Constitucional para obtener un pronunciamiento en el mismo sentido.

Saludamos la coherencia, la valentía y el compromiso con los derechos fundamentales de los ministros del Tribunal Constitucional que se opusieron a esta decisión: Marisol Peña Torres, Gonzalo García Pinto, Domingo Hernández Emparanza y Nelson Pozo Silva. Repudiamos, en cambio, la determinación de los restantes ministros, encabezados por su Presidente, Iván Aróstica Maldonado.

Pero es indispensable comprender y denunciar que este fallo reitera el proceder de un Tribunal Constitucional ilegítimo que atropella las facultades de los poderes legislativo y judicial. El uso reiterado e indiscriminado de este expediente, para imponer retrocesos en derechos y avances sociales, instala a la sociedad toda en cuadro de completa indefensión.

Es tiempo de que los poderes del Estado que han sufrido la usurpación de sus facultades por parte del Tribunal Constitucional, asuman y defiendan el rol que la ciudadanía les ha adjudicado, defendiendo sus funciones y prerrogativas. Particularmente el Congreso Nacional debe asumir como una tarea de máxima urgencia, la eliminación o total reforma del Tribunal Constitucional, tanto en su integración, como en sus facultades.

Asimismo, y superando la estéril discusión respecto a su improcedencia, es indispensable que la Cámara de Diputados inicie el procedimiento de Acusación Constitucional en contra de los ministros del TC que reiteradamente han fallado contra derecho, en formatos que incluso podrían ser catalogados de prevaricación.

Nuestro llamado es al conjunta de la ANEF, a la Mesa del Sector Público y las organizaciones sindicales de los/as trabajadores/as del Estado a coordinar un proceso de movilización que enfrente y detenga esta vulneración inaceptable de los/as derechos fundamentales de los/as funcionarios/as públicos/as.

 

Carlos Insunza Rojas
Presidente Nacional ANEF

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