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ANEF exige al Presidente de la República adoptar medidas urgentes de protección para la población y los funcionarios

  Publicado el 17 de Marzo, 2020

Nos dirigimos a usted en el segundo día hábil desde vuestro gobierno decretó la Fase 4 de expansión del COVID-19, para exigir que se adopten con urgencia medidas efectivas de protección para la población y a los/as funcionarios/as públicos/as que cumplimos labores a lo largo y ancho del país.

Es para nosotros/as (absolutamente evidente, y sería extenso el ejemplificar con los diversos casos que hemos conocido y en que hemos intervenido), que el Instructivo Presidencial emitido en el día de ayer, no sólo se encuentra superado por la realidad y es absolutamente insuficiente, sino que no ha existido la diligencia, ni la voluntad necesaria de una parte importante de las jefaturas de servicio para implementar dichas medidas con la velocidad y profundidad necesarias.

No se trata sólo de proteger la salud de los/as funcionarios/as públicos/as y sus familias, que es una obligación irrenunciable del rol empleador que le cabe al gobierno, sino de la necesidad de evitar que nuestros espacios de atención a la ciudadanía se conviertan en lugares de contagio de la pandemia que hoy intentamos combatir. Hemos expuesto estas problemáticas al Ministro de Hacienda, sr. Ignacio Briones, en el día de ayer, sin que nuestros planteamientos hayan sido acogidos con la seriedad que entendemos la crisis sanitaria que vivimos amerita.

Conocemos casos en que los jefes de servicio, en coordinación con las Asociaciones de Funcionarios han tomado medidas necesarias y adecuadas. Pero no son todos. Por desgracia, varios jefes de servicios han asumido una actitud irresponsable (amparados en los graves vacíos e insuficiencias del Instructivo Presidencial) dilatando las medidas de protección de los grupos de riesgo, imponiendo exigencias exorbitantes para hacer uso de los mecanismos de protección, faltando en la provisión de condiciones básicas de higiene y alejamiento, y en los hechos buscado mantener un funcionamiento “normal” de los servicios, en una situación en que las autoridades de gobierno han insistido en recomendaciones generales de modificar las rutinas de trabajo para contener la expansión del contagio. Lamentablemente y como es habitual, las recomendaciones públicas que realizan las autoridades políticas del gobierno, no son aplicadas para dar ejemplo desde el Estado empleador.

Es por ello que venimos a requerir que se instruya de forma perentoria a todos/as los servicios de la Administración del Estado, al menos las siguientes medidas:

1. Suspender la Atención de Público en los Servicios que no cumplan labores críticas para la emergencia.

2. Reducir a dotaciones mínimas en los Servicios de Atención de Público para la atención exclusiva de trámites que no se puedan realizar por las plataformas web y que tengan absoluta urgencia.

3. Liberar de la asistencia a sus puestos de trabajo a todos/as los/as funcionarios/as que son parte de los grupos de riesgo, incluyendo a los mayores de 60 años, o aquellos/as con responsabilidades familiares, por ejemplo que estén al cuidado de niños/as, de adultos mayores o personas en grupos de riesgo, sin exigencias administrativas que entraban esta resolución indispensable.

4. Instruir a los jefes de servicio la reducción de la asistencia, en toda la administración, a los mínimos necesarios para mantener la operación de cada servicio, implementando formatos de trabajo remoto, como medida de contingencia, que excluyan a aquellos/as funcionarios/as que se encuentren con licencias de cualquier tipo, o con responsabilidades familiares.

5. Impedir la realización de toda reunión, capacitación o actividad convocada por los servicios públicos, independientemente del número de participantes.

6. Adoptar las medidas de prevención y protección para todos/as aquellos/as funcionarios/as que se mantendrán en funciones críticas de atención de salud, fiscalización o supervisión para la emergencia o control de fronteras, por ejemplo, establecimiento sistemas de turno sensatos y de flexibilidad horaria para evitar posibilidades de contagio en su desplazamiento a sus funciones.

7. Ordenar al señor Superintendente de Seguridad Social que deje sin efecto, de forma inmediata, el oficio ordinario N°1.124 del 16 de marzo de 2020, donde determina que el contagio del COVID-19 no puede ser catalogado como enfermedad de origen laboral debido a la incerteza que provoca la trazabilidad del contagio. El oficio, dirigido a las mutualidades, tiene una finalidad implícita pero evidente: evitar que éstas paguen el costo de las licencias médicas, cuando la legislación y los convenios internacionales garantizan dichas coberturas.

8. Disponer el inmediato cierre de todas las salas cunas y jardines infantiles que existen en los servicios públicos o ministerios, eximiendo de la obligación de asistencia a los padres y/o madres que mantienen a sus hijos/as en tales establecimientos y carecen de redes de apoyo para el necesario cuidado, tomando medidas particulares respecto de aquellos/as trabajadores/as que se desempeñan en funciones críticas de salud.

Sr. Presidente, la Crisis Sanitaria que vivimos exige estas medidas desde la Administración del Estado, pero también un conjunto de medidas de más amplio alcance que prevengan y contengan situaciones que la ciudadanía ha denunciado y los indudables efectos económicos que tendrá:

1. El ejecutivo debe ejercer desde ya las medidas que garanticen el abastecimiento y congelen los precios de artículos de primera necesidad que hoy escalan en manos de algunos especuladores inescrupulosos y de empresas que por décadas han abusado de los/as ciudadanos/as. Asimismo, se deben tomar medidas que impidan el acaparamiento de productos que hoy lamentablemente algunos desarrollan, sin mostrar ninguna ética colectiva. Demás está decir que la Presidencia detenta todas las facultades legales y constitucionales para cumplir con este cometido.

2. Asimismo, y a la par de las medidas económicas pro pymes y pro empresas, que desde esos sectores se han propuesto, es indispensable priorizar la protección de los ingresos y las condiciones de vida de los/as trabajadores/as, tomando medidas que regulen la postergación del pago de créditos y dividendos hipotecarios, cuentas de servicios básicos, así como mantener las diversas transferencias monetarias y no monetarias que para muchos/as trabajadores/as son indispensables para sustentar a sus familias.

3. La Crisis Sanitaria que vive nuestro país y cuyos desafíos serán de mediano y largo plazo, exigen la instauración de un Dialogo Social efectivo, que incorpore a todos los actores. Es por ello que respaldamos el planteamiento de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT Chile – para que el Consejo Asesor Laboral, así como todas las instancias de participación existentes para las Asociaciones de Funcionarios sean actividades de forma inmediata para prever las medidas necesarias respecto de los impactos futuros y presentes que tendrá para los/as trabajadores/as.

Finalmente, lamentamos que, en el contexto de tan lamentable crisis epidemiológica, algunas Autoridades hayan aprovechado para despedir trabajadores y trabajadoras de algunos servicios (por ejemplo, DIPRES y Consejo Nacional de Acreditación). No sólo evidencian una falta de humanidad inaceptable, sino un aprovechamiento comunicacional: frente a la crisis sanitaria, el desempleo no es tema para nadie.

Esperamos una respuesta inmediata y oportuna a nuestros planteamientos. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, su Directorio Nacional, sus Consejeros Regionales y Provinciales, sus Asociaciones afiliadas reiteran su plena voluntad y disposición a asumir las coordinaciones necesarias con las autoridades de gobierno y jefaturas de servicios correspondientes. Para implementar este conjunto de medidas, en resguardo de los derechos laborales de los/as trabajadores/as del Estado, pero por sobre todo en beneficio de la ciudadanía, protegiendo la Función Pública y su continuidad.

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