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ANEF expone en Comisión de Gobierno por proyecto que modifica Estatuto Administrativo para promover denuncias por parte de funcionarios públicos

  Publicado el 03 de Junio, 2020

La ANEF, representada por su presidente y vicepresidente de Comunicaciones, José Pérez Debelli y Helmuth Griott, respectivamente; expuso ayer ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados/as, por el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, que modifica la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo para promover la denuncia, por parte de los funcionarios públicos, de los delitos y otros hechos irregulares de los que tengan conocimiento (Boletín N°13.115-06).

Se trata de una reforma al artículo 90 del Estatuto Administrativo que establece ciertos resguardos a los trabajadores estatales que denuncian un delito, en particular los de falta a la probidad, para que estén protegidos ante posibles maltratos o represalias por parte del o los denunciantes. La iniciativa legal fue apoyada por la Agrupación.

“Los delitos en la administración pública, los que hemos rechazados reiteradamente, son hechos que no están asociados a funcionarios y funcionarias de carrera, generalmente se trata de personas que llegan al Estado con malas prácticas. En este contexto, la creación de nuevas garantías constitucionales nos parece bien, porque el trabajador queda expuesto al denunciar un hecho irregular, porque muchas veces queda en condición de subordinado del denunciado”, aclaró el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli.

También, el dirigente pidió incorporar el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y que el Estado ratifique a la brevedad este convenio. Asimismo, solicitó considerar la confidencialidad dentro de los mecanismos de las denuncias, al menos hasta que dure toda la investigación administrativa.

“Queremos insistir en la necesidad de un fuero reforzado. Acá hay una oportunidad para proteger al denunciante, hasta que dure toda la investigación. A su vez, la posibilidad de incorporar un articulado para separar a la jefatura del servicio, en caso de que sea el denunciado”, indicó Pérez Debelli.

Por su parte, el vicepresidente de Comunicaciones de ANEF precisó que: “La Ley coloca al funcionario público en una posición, que en derecho penal se llama posición de garante. Es decir, cualquiera de nosotros que no tenemos relación con el trabajo público podemos visualizar un delito o un crimen y no hacer nada, es nuestra decisión soberana, el funcionario público está obligado a denunciar. Sin embargo, no podemos negar que el funcionario público está en una situación de desigualdad, principalmente con aquellas personas de un cargo superior que eventualmente pueden estar relacionados con un hecho ilícito. Cualquier protección es bueno y, en ese sentido, este proyecto es un avance”.

 

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