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ANEF MANIFIESTA SU ALEGRIA POR UN TRIUNFO HISTÓRICO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL ESTADO

  Publicado el 09 de Noviembre, 2020

En el día de hoy, 9 de noviembre de 2020, se ha promulgado la ley de Tutela Laboral para las/los funcionarias/os públicos. Esto da cuenta de la culminación de un largo anhelo de los/as trabajadores/as del Estado, la discriminación odiosa que se mantenía en materia de recursos jurisdiccionales laborales, directamente conectados con derechos esenciales, no solamente era absurda, sino claramente discriminatoria a la luz de los principios del derecho del trabajo. Así lo entendió la jurisprudencia de nuestros tribunales, ordenando su aplicación en la generalidad de los juicios sometidos a su consideración; sin embargo, las fuerzas conservadoras reaccionaron al amparo de las decisiones del Tribunal Constitucional, convertido claramente hoy en un enclave autoritario, decidiendo la inaplicabilidad de la norma en relación con los/las Funcionarios/as del Estado. Por ello, vaya nuestro saludo a los miembros progresistas del Congreso, que acogieron nuestras demandas y llevaron adelante esta moción parlamentaria hasta convertirla en ley de la República, que permite el ejercicio de este derecho laboral procesal sin ambigüedades.

Esta normativa permite hacer frente a un variado catálogo de situaciones que vulneran los mas importantes derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entre otros y, tal como lo explicita el Art. 2 del Código del Trabajo: Los actos de discriminación, que son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, etc., en cualquiera de sus manifestaciones, sea en un despido arbitrario, acoso laboral, calificaciones, y cada vez que en la relación laboral surjan infracciones a estos derechos esenciales.

La ley además ha establecido una indemnización del que deberán hacerse cargo los Servicios infractores, de un mínimo de 6 y hasta 11 meses de sueldo, y como alternativa se establece el reintegro de la víctima a sus funciones públicas. Esto permite concluir que hay un importante disuasivo a las conductas lesivas a los derechos de las funcionarias y funcionarios públicos, por cuanto las consecuencias serán reparadas efectivamente al amparo de esta normativa.

Esta Confederación participa del éxito de esta iniciativa legal, convertida finalmente en la ley 21.280, con la conformidad que en todo momento sostuvimos el derecho inalienable de los trabajadores y trabajadoras públicos a impetrar la tutela laboral para enmendar las graves infracciones a sus derechos fundamentales, entendiendo que estos derechos no existen sin los instrumentos procesales que permitan reclamarlos. Esta jornada los esfuerzos de ANEF y de las fuerzas vivas de los/as trabajadores/as públicos han sido coronados con éxito, y redoblamos las gracias a las fuerzas progresistas de nuestro parlamento que llevaron a cabo la moción parlamentaria, que la apoyaron, tanto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, como en sala; que en definitiva hicieron posible la dictación de esta ley, que es una verdadera garantía del respeto de nuestros derechos esenciales en el ámbito laboral.

DIRECTORIO NACIONAL ANEF

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