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ANEF PIDE A DIPUTADOS/AS RECHAZAR IDEA DE LEGISLAR PROYECTO DE LEY QUE CREA ESTATUTO LABORAL PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

  Publicado el 10 de Julio, 2018

Honorable Diputado/a,
Presente

De nuestra mayor consideración.

El gobierno ha impulsado la tramitación del Proyecto de Ley que crea un Estatuto Laboral para Jóvenes Estudiantes de Educación Superior, que se tramita con el boletín N°8.996-13, que se vota hoy en la Sala de la Cámara de Diputados. En su tramitación legislativa, el texto del Proyecto de Ley se ha modificado, eliminando los artículos que suponían pérdidas de derechos laborales intolerables, pero manteniendo, en lo central, las normas que hacen del Contrato Alternativo que regula un instrumento de profunda precarización del empleo y que abre la puerta a niveles de superexplotación de los/as trabajadores/as que inician su vida laboral hasta una edad muy avanzada.

Si bien, tenemos la convicción de que resulta de primera importancia desarrollar políticas públicas e iniciativas para enfrentar las altas tasas de desempleo juvenil en nuestro país, estimamos que la legislación que hoy se somete a consideración de la Cámara de Diputado aborda de forma errada la materia, por cuanto abre brechas inaceptables de precarización del empleo que afectarán, no sólo a los jóvenes que sean contratados bajo sus condiciones, sino que tendrán impacto en el reemplazo de empleo formal existente por las ventajosas condiciones, para el empleador, que esta nueva modalidad contractual instaura.

En concreto, identificamos al menos las siguientes gravísimas falencias del texto en discusión:

1. La Jornada Laboral que habilita el Proyecto de Ley rompe con un componente fundamental de la protección laboral de los/as trabajadores/as ante el desnivel de poder respecto del empleador: la continuidad de la jornada y la obligación de remunerar el tiempo en que el trabajador/a se encuentra a disposición del empleador. El formato de jornada del Contrato Alternativo permite pagar sólo el tiempo que el empleador considere trabajado, permitiendo la interrupción de la jornada, en un formato en que el mutuo acuerdo no pasa de ser una falacia. Así un trabajador/a contratado en esta modalidad podría trabajar en jornada discontinua, turnos definidos a conveniencia del empleador con interrupciones no remuneradas que no garantizan en ningún caso su posibilidad de estudiar, pudiendo bajo este formato permanecer, en los hechos, a disposición del empleador durante 12 horas en un día, siendo remunerado exclusivamente por el tiempo en que el empleador decida, es la jornada de trabajo efectiva.

2. El Contrato Alternativo para Estudiantes permite su aplicación entre los 18 y 29 años, es decir que un trabajador podría desempeñarse prácticamente un cuarto de su vida laboral bajo un contrato especial , sin acceder a los derechos y garantías, ya muy restringidos, que nuestro Código del Trabajo contempla en su normativa general. Esto tendrá innegablemente un impacto en el desarrollo laboral de estos/as trabajadores/as, sus ventajosas condiciones para el empleador lo transformarán en la única modalidad de contrato disponible, condicionando no sólo sus ingresos durante un largo período de sus vidas, sino sus cotizaciones previsionales y por tanto su futura pensión. Resulta absolutamente incongruente con las normas generales de seguridad social vigentes que la el contrato sea aplicable más allá de la edad de 24 años, límite para la asignación familiar y otros componentes de seguridad social asociados a la dependencia de los jóvenes de sus padres.

3. Al ser un contrato que expira por el sólo ministerio de la ley, al dejar el trabajador/a de cumplir las condiciones para su vigencia, sea por salir del rango de edad o perder la condición de estudiante, los derechos a indemnización por años de servicio, fuero maternal o de otro tipo, expiran por el sólo ministerio de la Ley. Las normas que remiten a los tribunales del trabajo estas materias, no constituyen protección de derechos ya que instruyen taxativamente la pérdida de los mismos.

4. Es indudable que la norma que excluye los ingresos percibidos bajo el Contrato Alternativo, para efectos de la evaluación de ingresos familiares para los beneficios estudiantiles, constituye un avance relevante de la legislación en discusión. Sin embargo, cabe preguntarse porqué esta norma sólo aplica respecto de este contrato especial y no respecto de otras modalidades de contratación o prestación de servicios realizados por estudiantes. Se trata, en nuestra opinión, de una discriminación arbitraria que fomenta esta modalidad de contratación precaria respecto de otras, y que por tanto estimamos tiene serios visos de inconstitucionalidad.

5. Finalmente, estimamos que el Estado tiene la obligación de garantizar Trabajo Decente a todos sus trabajadores/as y no puede utilizar mecanismos de fomento de estas características. Es por ello que cualquier norma que se dicte en la materia, en nuestra opinión, debe excluir al Estado de contratar a bajo estas modalidades, sea de forma directa o indirecta.

Cuando nos disponemos a abrir espacios a jóvenes en el mundo del trabajo, es deber de la sociedad hacerlo con perspectivas de Trabajo Decente, respetando los derechos laborales existentes como piso mínimo, lo cual debe venir de la mano con un fortalecimiento institucional de los organismos públicos que desarrollan política focalizada hacia la juventud, abordando de manera multisectorial e interdisciplinaria los principales problemas que aquejan a los/as jóvenes.

Es por ello que, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales – ANEF -, llamamos a rechazar la idea de legislar, y nos ponemos a disposición para contribuir de manera seria y participativa en la consolidación de una propuesta que entregue solución real a la precarización laboral actual que viven los jóvenes, sin que eso signifique una mera formalización de las malas condiciones, y un retroceso en materia de derechos laborales y trabajo decente.

Esperando la mejor recepción de nuestros planteamientos, se despiden cordialmente.

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