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ANEF pide la renuncia de los asesores directos de Lucía Pinto para facilitar investigaciones

  Publicado el 06 de Octubre, 2020

En una conferencia realizada por Zoom, que contó con la presencia del presidente nacional de la ANEF, José Pérez y Náyade Aguirre, presidenta de la Asociación de Funcionarios del GORE Coquimbo, apuntaron a la responsabilidad administrativa de los asesores directos de la ex intendenta que todavía trabajan en el Gobierno Regional, principalmente los seis jefes de división. En la instancia, entregaron nuevos antecedentes como que la pareja de Nicolás Bakulic ingresó al servicio en su reemplazo.

Actualmente el Gobierno Regional es investigado por al menos dos transacciones que no contaron con la toma de razón, o el visto bueno, de Contraloría. El primero en salir a la luz fue la compra del terreno para el futuro hospital de Coquimbo, hecho por trato directo, con una inversión de más de 6 mil millones de pesos, que fue objetado por la entidad fiscalizadora.

En segundo lugar, fue la compra del terreno para el futuro centro deportivo en San Ramón, conocido como el «Papaya Gate», que terminó con la salida de la ex intendenta Lucía Pinto, luego que la Fiscalía iniciara una investigación por presunto fraude al fisco.
Pese a la gran cantidad de rumores, aparte de Pinto no hubo más renuncias en el GORE, salvo José Cáceres, quien era administrador regional, quien había dimitido antes que explotara el caso.

Por ese motivo, José Pérez, presidente nacional de la ANEF y Náyade Aguirre, presidenta de la Asociación de Funcionarios del GORE Coquimbo, estuvieron en una conferencia de prensa en donde se refirieron al bullado «caso terrenos».

José Pérez, presidente nacional de la ANEF, comenta que «el trato directo existe en la administración pública, pero tiene eso tiene complicado varios otros actos que están hace más de un mes en la opinión pública, pese a la renuncia de Lucía Pinto, queda una red de jefaturas nombradas a dedo por ella cuando asumió esta responsabilidad, quienes todavía mantienen un nivel de presencia».

El dirigente advierte que, producto que todavía se mantienen las jefaturas, podrían haber posibles persecuciones o amenazas, por lo que plantea que se sería necesario un resguardo a los funcionarios, «lo dijo la misma Contraloría, estos actos administrativos no solamente rallan en la impresentable acción de una autoridad, sino que también tiene componentes de desfalco del erario fiscal» señala.

Por su parte, Náyade Aguirre, presidenta de la Asociación de Funcionarios del GORE, señala que «repudiamos cualquier presión interna también como externa hacia los funcionarios, que calificamos de indebida y en contra del buen accionar del servicio público».
«Al mismo tiempo, hacemos un llamado a contribuir con las investigaciones, a confiar en las instituciones y los procedimientos, que justamente existen para garantías a esta colaboración», añade.

Aguirre relata que «a días de la renuncia de la ex intendenta, que nos informó que lo hacía porque todo era legal, no entendemos porque ella dijo que lo hacía para defenderse legalmente y en este contexto, creemos que dado los puntos implicados, la tozudez administrativa que buscaba a toda vista forzar los procesos, pedimos el máximo rigor legal y administrativo de los responsables».

«Creemos que la renuncia de la ex intendenta, si bien es justificado por el escándalo sin precedentes que estamos viviendo, no es suficiente… los hechos investigados se ejecutaron el 2018, con la llegada de Pinto con todo su equipo de confianza, entre los que están los seis jefes de división, el administrador regional y los tres abogados asesores, y no entendemos porque los cargos de confianza continúan al día de hoy en el servicio» agrega.
La dirigente puntualiza en que «la permanencia de los jefes no da garantía de transparencia ni de facilitar la investigación de los funcionarios a las indagatorias o sumarios… y estos jefes no pueden seguir en sus cargos porque están facultados para despedir o no renovar contratos de trabajadores».

Los seis del segundo piso de la intendencia

Dentro del organigrama del Gobierno Regional, están los seis jefes de las distintas divisiones, todos de absoluta confianza política y designados, en este caso por la intendenta, de esos seis funcionarios, actualmente hay dos titulares que están en sus funciones, que corresponden a Christian Vine, en la División de Infraestructura y Transportes, y Claudio Daud a cargo de la División de Fomento e Industria.
En otra de las divisiones, de Planificación y Desarrollo Regional, el jefe era José Cáceres, quien renunció para asumir el cargo de Administrador Regional, y no fue nombrado un sucesor, quedando una suplencia a cargo de una funcionaria de carrera.

Además, en la División de Desarrollo Social y Humano, estaba como jefe Cristian Felmer, ex seremi de Medio Ambiente, quien renunció a ese cargo y no fue contratado un sucesor, quedando un subrogante.

En la División de Administración y Finanzas, se encuentra como jefa Lorena Araya, quien habría renunciado a partir del 1 de octubre, hecho que finalmente no se concretó. La jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional, Rocío Ramírez, también había pedido vacaciones y sigue en su cargo.

*Fuente: Diario La Región

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