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Ante la crisis sanitaria y sus consecuencias Chile necesita un Estado fuerte, activo y coordinado

  Publicado el 17 de Abril, 2020

El Directorio Nacional de la ANEF informa sobre la reunión con el director de la DIPRES, Matías Acevedo, y el director del Servicio Civil, Alejandro Weber.

Han transcurrido 30 días desde que el Ejecutivo comunicó la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, y la Crisis Sanitaria sigue profundizando sus múltiples impactos en nuestro país. Las medidas adoptadas por el gobierno siguen evidenciando que su única prioridad es el resguardo de los intereses económicos, por sobre la protección de la salud y la vida de los/as chilenos/as, y las medidas de carácter fiscal adoptadas privilegian al gran empresariado, descargando sobre los/as trabajadores/as y sobre la Función Pública sus costos.

Se extienden los llamados, desde sectores financieros y empresariales, para “normalizar” la actividad del país, asumiendo los costos en vidas que tendría el levantamiento de las limitadas medidas de distanciamiento social y cuarentena en vigencia, como una nueva columna en sus balances corporativos. Las autoridades de gobierno se hacen eco de estas exigencias, aun cuando la realidad muestra una improvisación y una falta de planificación de cómo enfrentar la pandemia. Es clara la falta de lineamientos y bajada de la información a nivel asistencial, se manipula la información epidemiológica, para respaldar estos discursos e, incapaces de autocrítica alguna, intentan responsabilizar de la falta de respuesta política y de planificación de las funciones del Estado, a los/as trabajadores/as y a las medidas de trabajo remoto temporal que una parte de ellos/as han asumido para seguir cumplimiento la función.

Se trata de una irresponsabilidad criminal. Nuestro país se encuentra ad portas de iniciar el período invernal, con el consiguiente incremento de enfermedades respiratorias, lo que los salubristas han indicado, incrementa el riesgo de contagio y agravará la letalidad del COVID-19. La evidencia internacional al respecto es clara, incluso en países que mantienen Sistemas de Salud Pública mucho más sólidos y financiados que el nuestro. Italia, por ejemplo, decretó cuarentena total cuando llevaba 9.000 contagios detectados con una población que alcanza los 60 millones y fracción, España cuando alcanzó los 4.200, y Reino Unido a los 6.600 casos. Ayer 16 de abril, Chile superó los 8.807 casos confirmados, las cifras debieran hablar por sí mismas.

Son miles los/as trabajadores/as del Estado que están hoy cumpliendo funciones presenciales a lo largo del país. En primer lugar, nuestros compañeros/as de la red Pública de Salud centralizada y municipal, así como de los demás organismos clínicos estatales y privados, que se encuentran en primera línea sustentando el derecho a la vida de miles de chilenos/as que siguen estando expuestos al contagio de COVID-19, por la postergación de las medidas sanitarias que, a nivel mundial, han demostrado ser efectivas para contener la pandemia. Pero asimismo, están nuestros compañeros/as en las fronteras, en los aeropuertos, puertos, en los centros penales, en las tareas de salud pública, en la protección de la infancia, y tantos otros en puestos estratégicos del Estado que, pese a la lentitud con que se adoptan las medidas de protección personal y seguridad laboral, siguen cumpliendo sus labores porque su compromiso es con la ciudadanía, más allá del gobierno de turno.

Son otros miles los/as trabajadores/as que han adoptado modalidades de trabajo remoto temporal, sin que se provea por parte de los servicios las condiciones, ni elementos para desarrollarlo. Asumiendo, pese a las condiciones desfavorables y en que las restricciones presupuestarias dejan cada día con menos márgenes a las instituciones para hacer frente a los desafíos que implica la crisis que vivimos, que su labor es seguir actuando para resguardar los derechos de los/as trabajadores/as, de las mujeres, jóvenes, niños y niñas, y particularmente de los sectores que nuestra sociedad ha condenado a la exclusión, la pobreza o la vulnerabilidad, los adultos mayores, la población rural e indígena, así como las posibilidades de las pequeñas empresas de sobrevivir.

En este contexto, y desde el rol social que cumplimos, hemos visto con satisfacción, cómo el gobierno ha debido asumir por la fuerza de los hechos el rol insustituible que cumplen los/as funcionarios/as públicos/as para la viabilidad de la supervivencia de la sociedad. Desde la autoridad se nos reconoce y aplaude. Pero decimos con claridad que no necesitamos aplausos, sino que​ se garanticen las condiciones laborales adecuadas para cumplir nuestras funciones, y enfocar de forma coordinada todos los esfuerzos del Estado para llegar a la población que requiere, hoy más que nunca, la presencia de políticas públicas y de acciones concretas para enfrentar los efectos sanitarios, económicos y sociales que la pandemia provoca.

En momentos en que las consecuencias de la Pandemia del COVID-19 configuran este panorama complejo y devastador, el Directorio Nacional se reunió en videoconferencia con los Directores de Presupuestos, sr. Matías Acevedo, y el Director del Servicio Civil, sr. Alejandro Weber, en el día de ayer, jueves 16 de abril, para instalar un espacio de diálogo que permita canalizar y resolver las complejidades que las medidas presupuestarias anunciadas por el gobierno implican para el cumplimiento de la misión de nuestros servicios y para alcanzar acuerdos que permitan garantizar que los/as trabajadores/as que cumplen funciones en todos los formatos, puedan realizarlas en condiciones de dignidad y seguridad.

Hemos expresado que el manejo opaco de las medidas presupuestarias que el gobierno ha anunciado debe terminar, y que es indispensable instalar espacio de discusión con nuestras asociaciones, con el Congreso Nacional y de cara a la ciudadanía para garantizar que las medidas presupuestarias que resulten necesarias, no pongan en riesgo la función pública que hoy, más que nunca, los/as chilenos/as y la población de extranjeros/as residentes requieren, por medio de un Estado presente, oportuno y fortalecido al servicio de las mayorías del país.

En la reunión, no se entregó información de mayor detalle que la ya difundida por los medios de comunicación. Sin embargo,​ se expresaron garantías generales, en términos que las modificaciones presupuestarias y los oficios emitidos desde el Ministerio de Hacienda, no afectarían el funcionamiento de los servicios públicos​. En este contexto, ​el único planteamiento realizado desde el gobierno fue su voluntad de “normalizar” el trabajo presencial​, atendiendo a la evaluación que las modalidades de trabajo remoto no resultaban efectivas.

Hemos estimado indispensable exponer públicamente nuestra posición frente a este planteamiento del gobierno. Tal como hemos expresado reiteradamente, es urgente tomar las medidas necesarias y realizar las inversiones requeridas para que las funciones críticas del Estado puedan realizarse en formatos presenciales o remotos, con la eficiencia y oportunidad que hoy entendemos perfectamente se requiere​. Y en cada función crítica presencial que se implemente, se deben tomar las medidas para que funcionarios/as y usuarios/as cuenten con las condiciones de seguridad y protección a fin de no exponerlos a riesgos de contagio, e implementar mecanismos de relevo y rotación de esas tareas.

Pero “normalizar” el funcionamiento del Estado está lejos de ser posible y no se condice con las necesidades del país. No se trata solamente de proteger la salud e integridad física de los/as funcionarios/as públicos/as, errores de este tipo son los que condujeron a contagios masivos en instituciones que no asumieron las alertas que levantamos. Se trata principalmente de proteger a la población y a los/as usuarios/as de los servicios públicos, para impedir que nuestros espacios de atención masiva se transformen en focos de contagio y expansión de la pandemia​, tal como ya ocurrió en etapas iniciales de la crisis. Vemos hoy, las problemáticas que se denuncian diariamente y aglomeraciones en la AFC, COMPIN, instituciones asistenciales (hospitales) y otros servicios que se encuentran operativos, el gobierno no ha garantizado el distanciamiento social necesario en los servicios públicos que pretende “normalizar”. Esta línea de acción es la que han ratificado los dictámenes de la Contraloría General de la República y las mejores prácticas internacionales promovidas desde la OIT.

Lamentamos que el gobierno persista en una línea de acción que se subordina a los intereses y a la voluntad de un sector del gran empresariado, y que se intente usar a los/as funcionarios/as públicos/as como punta de lanza del proceso de “normalización” que demandan. Tenemos la convicción que si existe lección primordial de este período, es que los derechos laborales y sociales no pueden ser sacrificados, por ningún factor económico. Gran parte de las inseguridades que las mayorías del país viven hoy, se deben a un modelo de desarrollo que postergó estos derechos y particularmente la garantía de trabajo decente como factor de cohesión y seguridad de la sociedad.

Tal como hemos concordado, en el marco de la reunión ​daremos continuidad a la mesa bipartita, entre la ANEF y el gobierno, a fin de abrir un diálogo respecto de la aplicación del Oficio Circular Nº 15 del Ministerio de Hacienda, con el propósito de asentar la posición de esta Confederación en la ejecución y proyección de estos ajustes presupuestarios​, requiriendo a ambas autoridades que se transparenten la información presupuestaria, se adopten las medidas de seguridad en el trabajo para la protección de funcionarios/as y usuarios/as, se garantice que los recursos redestinados no limiten la misión de nuestros servicios, ni impliquen el absurdo de provocar cesantía para proteger el empleo. Asimismo, tal como muchas de nuestras asociaciones han planteado,​ es necesario adoptar las medidas para que las funciones críticas que hoy no se encuentran suficientemente cubiertas se fortalezcan y se adopten las medidas para llevar el Estado a los/as ciudadanos/as, pensionados/as, trabajadores/as, pequeños empresarios/as que así lo requieran​. Esta es la agenda que abordaremos y que tenemos la certeza Chile necesita.

Hacemos un llamado a nuestras Asociaciones afiliadas, dirigentes/as, a los/as trabajadores/as afiliados/as a la ANEF a continuar, día a día, cumpliendo el rol que le debemos al pueblo de Chile. Y a fortalecer la unidad de nuestras organizaciones para sostener la Función Pública, para defender los derechos ciudadanos y cuidar la salud y la integridad de todas y todos. Pero, al mismo tiempo, a resistir las presiones y rechazar la pretensión de usar a los servicios públicos como excusa para avanzar en una falsa “normalización”, la que sólo puede implicar profundizar el riesgo de extensión del contagio y transformarse en un sombrío trueque entre vidas y economía.

DIRECTORIO NACIONAL ANEF

 

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