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Declaración Pública por negación de gobierno de Piñera de firmar Acuerdo de Escazú

  Publicado el 28 de Septiembre, 2020

En el marco de la decisión tomada por el gobierno del Presidente Piñera respecto de la negación de firmar el Acuerdo de Escazú, la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), a través de su Comisión de Medio Ambiente, venimos a comunicar nuestra más profunda decepción y preocupación por las señales dadas por este Gobierno, en relación con los compromisos asumidos por el Estado chileno para poder avanzar en la apertura de espacios que contribuyan a la profundización de la democracia en nuestro país.

En efecto, el Acuerdo de Escazú consolida la voluntad de los Estados Parte en la construcción de sociedades ambientalmente sustentables enfatizando el Principio 10 de la Declaración de Río, fijando estándares para los derechos de acceso, entendidos estos como: acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de decisiones ambientales y justicia ambiental. Dichos derechos, son sin duda un avance en la construcción de instrumentos que permiten reducir las brechas en materia de democracia ambiental en la región, acercando la información a la ciudadanía, contribuyendo al diálogo social y a una construcción inclusiva en los territorios, cuestiones que han sido las que, en gran parte, fueron levantadas por la ciudadanía en el marco del despertar social del 18 de octubre de 2019 en Chile.

Si antes del estallido social existía una suerte de suspenso entorno a la posibilidad de una mayor reflexión de parte del gobierno respecto a la posibilidad de acceder a la firma, su reciente pronunciamiento pone una lápida sobre esta ilusión. Dicha decisión, deja en evidencia, su incapacidad de entender lo que demanda la ciudadanía frente a la persistente elitización del acceso a los espacios de toma de decisiones, su falta de preocupación por cumplir con la tarea de resguardar la seguridad de cientos de jóvenes activistas, dirigentes/tas, defensores/ras  ambientales que hoy se movilizan, por ejemplo, por proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático y, por último, su falta de vocación e interés por construir un marco legal que ampare a las grandes mayorías que en variados sectores no tiene acceso al agua, debido a los privilegios que ostenta hoy día una elite económica y política que se beneficia del actual modelo de sociedad en Chile, posibilitando las asimetrías de poder y la falta de acceso a la justicia ambiental.

Si bien no nos extraña que el gobierno haya rechazado la firma del Acuerdo de Escazú, el argumento es aún más preocupante, toda vez que señala que nuestro país ya cuenta con los estándares promovidos en el Acuerdo. Sin duda alguna este argumento se desmorona rápidamente al observar las zonas de sacrificio, especialmente Quinteros-Puchuncaví, la falta de legitimidad ciudadana de la institucionalidad ambiental debido a la forma en que se realiza la evaluación ambiental de los proyectos y sus procesos de participación ciudadana lo que se refleja, por ejemplo, en la gran cantidad de recursos ciudadanos, los procesos de investigación en curso sobre las muertes bajo extrañas circunstancias de defensores(as) ambientales como Macarena Valdés, Alejandro Castro y Juan Pablo Jiménez, y la lucha de todos los pueblos originarios por proteger la naturaleza que da vida a sus respectivas formas de vida y de revitalización cultural.

Nuestro compromiso de avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa y justa para todos/das los/las habitantes de nuestro país, a través de la construcción de políticas públicas inclusivas en materias medioambientales, es sincero y genuino. Es por ello que, como funcionarios/as públicos/as comprometidos/as, nos sentimos obligados/das a involucrarnos en la función que cumplimos, la que debe apuntar a terminar con un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y a poder mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías de este país, las que mayormente están siendo perjudicadas con decisiones de políticas públicas que no las consideran y las que son las más afectadas y vulnerables frente al cambio climático. El Acuerdo de Escazú permitiría crear propuestas en esta dirección y no firmarlo hace que se pierda una gran oportunidad para encausar las políticas públicas medioambientales hacia un real acceso a la información, la participación de las comunidades y la sociedad civil y, en definitiva, lograr justicia ambiental.

Por último, nos queda reforzar que, ante los distintos pasos en falsos dado por el actual gobierno, el proceso constituyente que comenzará a vivir nuestro país cobra mayor importancia. Por estas razones, es que este 25 de octubre, se hace más importante que nunca participar y pronunciarnos por una Nueva Constitución, construida a través de una Convención Constituyente, la que debe sentar las bases para construir una democracia participativa, con justicia ambiental, que tienda a la construcción de un Estado social de derecho y solidario, que beneficie a las grandes mayorías postergadas de nuestro país.

FENATRAMA-ANEF

 

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