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Los/as trabajadoras/es de Estado estamos para cumplir una función pública al servicio de los/as ciudadanos/as no para financiar el costo de la crisis sanitaria en desmedro de nuestros derechos y a costa de la misión de nuestros servicios

  Publicado el 26 de Marzo, 2020

Como ya sabemos, el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda nos ha ordenado a través de la circular N°11 el reintegro de la totalidad de los recursos disponibles en las cuentas corrientes bancarias de cada repartición pública hacia el Tesoro Público, a más tardar el 31 de marzo de 2020, además de establecer nuevos controles y filtros para la ejecución presupuestaria de los Servicios.

Atendiendo y comprendiendo la difícil situación sanitaria nacional, que requiere sin duda de todos los recursos necesarios para el sostenimiento de la población como de la economía, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales -ANEF- rechaza tajantemente que una vez más seamos los /las trabajadores/as los que debamos financiar esta vez la crisis sanitaria que afecta tan dolorosamente a nuestro pueblo. El Gobierno se equivoca al pensar que desmantelando al Estado podrá frenar los impactos negativos de una crisis sanitaria que venimos denunciando desde hace décadas. La llegada del COVID 19 sólo viene a profundizar y a visibilizar, de la peor manera, no solo las carencias del Estado en su totalidad, sino las de un sistema de salud empobrecido, precarizado y privatizado, con deficientes e ineficaces políticas de salud pública que puedan hacer frente a la hecatombe sanitaria que estamos viviendo.

La circular N°11 del Ministerio de Hacienda pone en serio riesgo el funcionamiento y la continuidad de los Servicios públicos y la implementación de los derechos ciudadanos. En este contexto, nos parece oportuno solicitar al Gobierno dar a conocer el destino de los fondos, y las medidas que adoptará, en caso que el presupuesto asignado por el Congreso y hoy requisado por el Gobierno, deje en peores condiciones las prestaciones básicas de los chilenos y chilenas.

Además, aprovechamos para recordar que al decretar Estado de Catástrofe, en el artículo 32 N°20 de la Constitución, se establece que el Presidente de la República dispone de un 2% del presupuesto nacional para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Nuestro llamado es que se ocupe ese monto (US$1.400 millones considerando el total que llega a unos US$70.000 millones) a temas de salud pública y a contrarrestar los efectos de esta pandemia y no para resguardar los intereses del gran capital.

Entendemos las necesidades que surgen a partir de la actual crisis por el COVID 19, y en esta dimensión los/las trabajadores/as del Estado han demostrado su compromiso con la ciudadanía al no abandonar, a riesgo de su salud, las prestaciones básicas y críticas para la población. No obstante, tenemos la convicción que no es acudiendo a los activos entregados a los Servicios para cumplir con la función pública que podremos superar esta crisis estructural. Parece inconsistente la preocupación del Ejecutivo y de la Dirección de Presupuestos cuando pone énfasis en recuperar activos del Estado, cuando en tiempos de crisis nacional y sin ninguna amenaza externa, no haya implementado hasta la fecha ninguna medida para reducir el presupuesto de la defensa nacional, o la compra de armamento y dispositivos disuasivo contra la protesta social o recaudar activos a través de una mayor carga impositiva al 1 por ciento más rico de este país, o tramitar con suma urgencia una Ley de impuestos a la gran minería.

Ante esta situación, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales espera escuchar el rechazo de los/as parlamentarios/as, y les solicita comprometer su participación frente una orden generada unilateralmente por el Gobierno, sin contemplar que el presupuesto nacional aprobado anualmente, se hace en un espacio deliberativo como lo es el Congreso Nacional.

Hasta la fecha, los antecedentes que nuestra Confederación ha recopilado son que ya se le habría informado al Ministerio de Trabajo un recorte de 8 mil millones de pesos, y que para el caso del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) se le ha solicitado la reintegración de 600 millones de pesos equivalente al 10 por ciento de su presupuesto aprobado para el año 2020. Esta Circular, no conforme con perturbar el debido funcionamiento de los servicios, también, a través del Subtítulo 21 relacionado con gastos de personal, traería mermas significativas a los /las trabajadores/as al afectar los pagos de horas extras, viáticos, promociones y ascensos.

En el caso de los viáticos y las horas extras es preciso aclarar que estos pagos están asociados a los seguimientos a los programas que están externalizados por parte del Estado, mediante transferencia a terceros, y que requiere del desplazamiento de los funcionarios públicos a diferentes comunas y lugares distantes, con el objetivo de que se ejecuten estos programas, tal como están diseñados, y cumplir con las prestaciones comprometidas con los chilenos y chilenas.

La Agrupación Nacional de Empleados fiscales declara que la circular N° 11, al recortar los presupuestos de los Servicios, y al mermar los derechos laborales de los/las trabajadores/as del Estado, sólo viene a profundizar el abuso y a mantener intacta la defensa del capital por sobre la vida de la personas.

Solo con más y mejor Estado nos permitirán salir de esta crisis.

DIRECTORIO NACIONAL ANEF

 

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