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Opinión: La falsa Agenda Social de Piñera: las dos puntas del mismo lazo

  Publicado el 30 de Noviembre, 2019

El Movimiento Sindical y Social debe ser capaz de explicar y denunciar cada acción que el gobierno y los acuerdos que busca consolidar.

Desde el inicio de la Crisis Social, el gobierno de Sebastián Piñera se ha negado a avanzar en una Agenda Social que responda a las demandas que la masiva Movilización Popular ha puesto en debate. No es que no oigan, tal como lo han dicho, oyen perfectamente. Lo cierto es que, como ocurre siempre en política, son representantes de los intereses de un sector de la sociedad, el que se ha beneficiado del modelo social, económico e institucional legado por la dictadura, y no están disponibles a conceder transformaciones estructurales que pongan en riesgo sus privilegios, que no les sean arrebatadas por la presión y movilización popular. Por eso, regatean, resisten, desvían el foco del debate y promueve medidas que acotan a su mínima expresión las aspiraciones de Justicia Social o frontalmente van en contra de ellas, profundizando lógicas de mercantilización de derechos sociales, con el fin de “cambiarlo todo, para que nada cambie”.

El Movimiento Sindical y Social debe ser capaz de explicar y denunciar cada acción que el gobierno y los acuerdos que busca consolidar, en esta clave. Exponer con nitidez cuáles son medidas paliativas valorables, cuales contienen componentes de reforma estructural, cuales son derechamente articulaciones oportunistas y regresivas, es una obligación de la conducción de las organizaciones sociales y políticas democráticas.

Pero no se pueden evaluar las medidas y Proyectos de Ley en discusión, observando sólo sus efectos directos. Tanta, o más relevancia aún, tiene el explicitar cómo y quién asumirá su costo, así como a quién benefician indirectamente. Para quienes comprenden que “La Demanda” que articula todas las demandas que se expresan en la Movilización Popular, es la exigencia de un Nuevo Pacto Social, que supere radicalmente la dinámica de Distribución del Ingreso regresiva, concentradora y expoliadora que la versión del modelo neoliberal que, con sus matices redistributivos, se ha mantenido en Chile por 40 años, éste debe ser un análisis fundamental.

Se trata de las dos puntas del mismo lazo: a quien están dirigidas las políticas públicas que hoy se busca tramitar aceleradamente; a quienes benefician indirectamente y como se financia su costo. Una respuesta de transformación estructural debe pasar la prueba en ambas puntas del lazo. De lo contrario, sólo seguiremos avalando medidas que redistribuyen limitadamente y que protegen el núcleo central del modelo: la acumulación de la riqueza en el segmento de la grandes empresas oligopólicas que controlan la economía nacional y el 1% de super ricos que han construido sus inmensos privilegios a su alero.Es bastante sencillo mostrar con ejemplos concretos del debate legislativo de las últimas semanas, la insuficiencia de las respuestas de ese segmento del sistema político que se ha lanzado a construir acuerdos en nombre de la Crisis Social.

El gobierno intentó acelerar el trámite del llamado proyecto de Ley de Sala Cuna Universal. Lo cierto es que no es una política pública de carácter universal, sino un reemplazo de la obligación de los empleadores de proveer cuidado infantil a las trabajadoras, por un subsidio, financiado por los propios trabajadores/as y que crea un Mercado de la Educación Inicial abierto al lucro. Favorablemente, se ha ido consolidando una mayoría parlamentaria de rechazo a esta iniciativa, denunciada persistentemente desde el Movimiento Sindical.

El Incremento de las Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario, puede ser criticado por los montos y la gradualidad anunciada. Y es un debate que seguirá cursando. Pero, tanto o más relevante que lo anterior, es el orígen de los fondos públicos que esta medida fundamental de justicia social requerirá. Si, tal como lo ha anunciado el gobierno la fuente es la reasignación de gasto público, sin clarificar cómo el debate de Reforma Tributaria, postergado para el año 2020, modificará la pobre capacidad redistributiva del Sistema Tributario, estaremos ante una transferencia de ingresos entre trabajadores/as de ingresos medios y pensionados/as indigentes.

De la misma forma, la reducción de la tarifa del transporte para la tercera edad, puede ser abordada desde la exigencia de gratuidad. Pero, de no mediar cambios en los contratos y formatos de provisión del transporte público licitado a privados, implica finalmente transferencias del fisco para garantizar las utilidades de los operadores del sistema, e incluso si se asumiera mantener la realidad vigente, el origen de esos recursos debe ser evaluado en esta dimensión.

El gobierno ha desplegado en estas semanas diversos dispositivos discursivos para contener y desviar las demandas de la Movilización Popular. El más reciente de ellos fue “el problema de Chile no es la Constitución, sino el Estado ineficiente”. Por supuesto que la eficiencia de la Administración Pública es un debate necesario, pero lo es sobre todo respecto de la privatización y mercantilización de los Derechos Sociales y los cuantiosos recursos públicos que se dilapidan en ello. Pero es evidente que la consigna del gobierno no apunta en esta dirección. Por el contrario, intenta justificar un agenda de profundización del modelo que ataque la Función Pública, profundice la precariedad del Empleo Público y haga recaer sobre los/as mismos/as de siempre el costo de una falsa Agenda Social.

Dotarse de la capacidad de exponer en el debate público las dos puntas del lazo es la obligación de las Organizaciones Sociales y Sindicales con compromiso de Clase, comprendiendo que su rol es promover el avance integral de las demandas generales de los/as trabajadores/as y el pueblo chileno, incluso por sobre los efectos particulares que pudiera tener en alguno de sus sectores.

-Por el Vicepresidente de Regiones ANEF, Carlos Insunza.

-Publicado en El Siglo.

*Foto portada: Contexto, archivo ANEF.

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