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Organizaciones de DDHH instan a nuevo gobierno priorizar la verdad, justicia, reparación y liberación de presos de la revuelta popular

  Publicado el 03 de Enero, 2022

Organizaciones de Derechos Humanos y de familiares y víctimas de la represión, de ayer y de hoy, ofrecieron esta mañana un punto de prensa en que leyeron una declaración pública de 8 puntos. En la actividad estuvieron presentes el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, y representantes de la Comisión de Solidaridad y Conflictos de la Agrupación.

Si bien valoraron la derrota electoral del neopinochetismo, son conscientes que el fascismo goza de buena salud y que es una realidad a enfrentar, en particular en los medios de comunicaciones hegemónicos del país.

Por otra parte, la Confederación adhiere esta declaración en que se exige al próximo gobierno cumplir con sus promesas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Además, piden presionar al Senado para que se apruebe el proyecto de ley de indulto general para la liberación de los prisioneros políticos de la revuelta popular. Esto último, para las organizaciones de DDHH, constituye una urgencia ética y política.

“Ratificamos nuestra histórica posición de autonomía frente al Estado y a los gobiernos de turno, al mismo tiempo que valoramos las primeras declaraciones del presidente electo, en cuanto a la necesidad de avanzar en verdad y justicia, evitando la impunidad de los crímenes en contra de los derechos humanos, cometidos durante la dictadura y la revuelta social. Instamos porque estas declaraciones de intenciones se traduzcan en medidas concretas y eficaces tendientes a la consecución de estos propósitos”, expresaron las agrupaciones firmantes.

Señalaron que el Estado de Chile debe ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. “No olvidamos, que después de 31 años de transición, 1.201 chilenos y chilenas tienen aún la condición de detenidos desaparecidos. En cuanto a las garantías de no repetición, debe priorizarse la reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, una profunda reforma del Ministerio Público y el Poder Judicial, la incorporación urgente de la formación de derechos humanos en la educación formal e informal y la implementación de políticas de Memoria realmente eficaces, que incluya un apoyo equitativo a los Sitios de Memoria”, precisaron.

Varios de estos contenidos deberán ser aprobados en la nueva Carta Magna, y ratificados en el plebiscito de salida, pero será responsabilidad del gobierno electo implementar políticas públicas e iniciativas para materializar estas demandas, en lo que se refiere al pleno respeto de los derechos humanos y sus deudas históricas.  

También, pidieron el fin de la militarización del Wallmapu, el desistimiento de las querellas por Ley Antiterrorista interpuestas contra presos políticos mapuche, junto con el establecimiento de un diálogo eficaz con el pueblo mapuche, además del rediseño de una política migratoria acorde con los estándares internacionales de derechos humanos.

Otro aspecto de relevancia para estas organizaciones es la necesidad de crear una nueva institucionalidad de Derechos Humanos.

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