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Organizaciones emplazan al Gobierno y a la Ministra de la Mujer a esclarecer muertes, torturas y agresiones sexuales durante el estallido social

  Publicado el 29 de Octubre, 2019

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Vicepresidencia de la Mujer y la Equidad de Género de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, la Vicepresidencia de la Mujer de la CUT, la Federación de Trabajadoras/es a Honorarios del Estado (UNTTHE MCN), la Confederación Nacional de la Salud Municipal (CONFUSAM), la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), las Asociaciones Nacionales de Funcionarias/os de la institucionalidad de las Mujeres (MinmujeryEG, SernamEG y PRODEMU) a saber: ANFUMMEG, ANFUSEM SERNAMEG, SINDICATO PRODEMU; quienes diseñamos e implementamos políticas, planes y programas para la igualdad de género, tenemos el deber ético de denunciar y declarar lo siguiente:

¡Exigimos Justicia y sanción ante las graves violaciones de derechos humanos y violencias de género político sexual perpetradas por agentes de Estado contra mujeres y personas de la disidencia sexual y de género!

El Gobierno del presidente Sebastián Piñera debe responder política, jurídica y administrativamente por las graves violaciones de derechos humanos y de las mujeres perpetradas por agentes de Estado, FFAA y de orden, contra mujeres (niñas y adolescentes) y disidencias sexuales y de género; en estado de excepción constitucional, de emergencia y toques de queda, decretado por el propio gobierno. Ante estos hechos, decimos fuerte y claro: “Que no quede duda que las organizaciones de las trabajadoras y trabajadores del Estado; quienes defendemos la función pública como garantía de derechos a las personas, y en particular a las mujeres, exigiremos juicio y sanción en la línea de todas las responsabilidades, tanto materiales como políticas que competan. No toleraremos la impunidad nunca más en Chile”.

Mientras observamos con asombro y repudio la publicación en el Diario Oficial de los decretos N°265 y N°266 que otorgan un 20% de bonificación a Carabineros, G.O.P.E y un 30% a las FFAA, demandamos que las autoridades de gobierno den explicaciones acerca de las 20 personas fallecidas en “estado de emergencia” y asuman responsabilidad al menos en el asesinato por parte de agentes de Estado de 5 personas, homicidios que constan en las querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Respondan ante las 88 acciones judiciales por delitos atribuidos a agentes del Estado; entre ellos 14 recursos de amparo, 17 querellas por violencia sexual, una de ellas por tortura sexual. Exigimos se asuman las responsabilidades que competan ante la existencia en pleno estado de emergencia de un “centro de torturas” en la estación Baquedano del Metro (causa en Séptimo Juzgado de Garantía).

Emplazamos a que se esclarezcan las muertes de mujeres como Valeska Fernanda Carmona López, quien fallece de un Traumatismo Torácico por Proyectil, el día 20 octubre a las 01:37 horas (según consta en certificado de defunción que circula), no obstante, se registró como incinerada en un saqueo y posterior incendio. La muerte de Daniela Carrasco, conocida como la “Mimo”, quien fuera encontrada ahorcada en un sitio eriazo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y que de acuerdo con redes sociales se trataría de un secuestro de fuerzas militares en protesta del pasado 19 de octubre. La muerte de Mariana Diaz Ricaurte ciudadana colombiana que en contexto de protestas recibió un impacto de bala en la comuna de Lo Prado, su familia en Colombia pide justicia y apoyo para los gastos fúnebres, entre otros casos a esclarecer. De constatarse la participación de agentes de Estado en todas estas muertes, y desde la concepción amplia del femicidio, los casos podrían configurar feminicidios políticos en tanto crimen de Estado.

¿Dónde está la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá Jarufe, que proclamó Tolerancia Cero a la violencia de género en la Agenda Mujer de su gobierno? La ministra que hace una semana atrás llamaba a las mujeres a denunciar la violencia de género. ¿Por qué no salió de inmediato exigiendo el término de toda vulneración a los derechos humanos y de las mujeres que se estuviesen perpetrando en contexto de control militar?

Resulta repudiable la conducta de la Secretaria de Estado, quien ha mantenido un intencionado y conveniente silencio frente a las 17 querellas por violencia sexual perpetradas por agentes de Estado. Estas graves vejaciones, constitutivas de violencias de género: violencia sexual, torturas sexuales, tortura, detenciones arbitrarias, desnudamientos, violación, amenazas de violación, tocaciones; y posibles desapariciones; en tanto violencia político sexual no han merecido pronunciamiento alguno de la ministra Isabel Plá. ¿Por qué? ¿Acaso no es violencia política contra mujeres y niñas en contexto de terrorismo de Estado el que hemos estado viviendo en Chile? El silencio de una ministra de la Mujer frente a hechos de violencia político sexual en un contexto donde las fuerzas armadas y de orden tienen el control de la población; nos resulta inaceptable e irresponsable a lo menos, viniendo de quien tiene por Ley el mandato de “Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, especialmente aquellos que guarden relación con la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria y de violencia contra las mujeres” (Ley 20.820 que crea el MinmujeryEG. Art, 3º. Letra g).

Hay un mandato ético y político que tiene implicancias en las obligaciones consagradas en marcos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) e implicancias en el incumplimiento por parte del Estado de Chile a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer Belém do Pará que en Art. 7, letras a) y b) señalan: “a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer…” así, también, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Es inaceptable que las únicas y primeras palabras de la ministra Isabel Plá al respecto, intentando desentenderse del problema, señale: “no se han recibido denuncias por abuso a mujeres en el contexto de las detenciones por las protestas y movilizaciones sociales que han ocurrido en el país en los últimos días” (Diario La Tercera, 26 oct. 2019). Ante la frase: “no se han recibido denuncias” no se puede aceptar que una ministra de la Mujer ponga la responsabilidad en las propias víctimas, naturalizando la violencia contra las mujeres, lo que supone desconfiar de las mujeres, “no creer” cuando las mujeres viven violencias, centrando la veracidad de los hechos en la judicialización, dejando el peso en las mujeres, las propias víctimas y en la responsabilidad individual de denunciar o no hacerlo (1). Sabemos que pueden ser muchos más los casos y que existe un subregistro.

Entenderá la ministra Plá que es de toda lógica el “miedo a denunciar” si es la misma policía y fuerzas de orden quienes están violentando, violando, torturando y asesinando personas. Como ministra de la Mujer, que implementa las políticas de erradicación de la violencia de género, debería saber que la denuncia está determinada por el miedo, al poder arbitrario y violento, así como sucede también en la violencia de pareja contra mujeres. Tener por sabido que, frente a la violencia las mujeres nunca se han sentido protegidas por las policías, así lo demuestran las cifras país (2). El Gobierno no ha venido garantizando la seguridad de las mujeres, ni el fin de la violencia contra ellas, y hoy menos que nunca.

Emplazamos a la ministra Isabel Plá a la obligación de pronunciarse públicamente en contra de estos hechos, repudiándolos; apelando al acceso de justicia y sanción, con objeto de reparar y precaver que vejaciones tan lamentables como éstas vuelvan a ocurrir. La llamamos a estar a la altura de las circunstancias como secretaria de Estado, para estar a la altura ética de la dignidad y vida de las mujeres. Sino puede con ello, entonces haga un paso al costado y renuncie a su cargo.

Conminamos al Comité de Expertas/os CEVI y a la Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará MESECVI, para que observe el cumplimiento de la debida diligencia del Estado frente a la violencia de género y violencia político sexual contra mujeres, niñas y personas de las disidencias sexuales y de género bajo Estado de Emergencia en Chile.

*Foto: Contexto, internet 

 

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