COMUNICACIONES

El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique acogió la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta en contra del Gobierno Regional de Tarapacá por un funcionario público desvinculado debido a “antagonismo político”. Esta acción jurídica tuvo el patrocinio de la ANEF Regional Tarapacá y de la FENAGORE.

El fallo de este tribunal señala que: “las razones argüidas por la demandada, se fundan en la asesoría directa que realizara el actor para la Intendenta Rojas Campos, expresándose -con toda claridad- en el punto 5 de dicha resolución que se prescindirá de los servicios del actor por no ser de su confianza (de la confianza del Intendente Quezada Torres), hecho que significa en sí mismo un acto de discriminación arbitrario y grave, toda vez que el demandante de autos, en caso alguno, detentó la calidad de asesor en los términos establecidos por Ley 18.575, única forma de concebirse tal calidad jurídica”.

La presidenta de la FENAGORE, Gaby Cárcamo, valoró esta sentencia y explicó que el trabajador despedido justificó en su defensa que su desvinculación fue arbitraria por el hecho de ser una persecución política. “Rechazaron el despido y ahora le tienen que pagar una indemnización”, dijo la dirigenta.

Desde la ANEF manifestaron que este fallo viene a ratificar las denuncias realizadas por la Confederación y sus asociaciones afiliadas, en cuanto hay muchos despidos que se están cursando con un claro sesgo político y que existe una voluntad, por parte de autoridades de este gobierno, de transformar el aparato estatal y a sus trabajadores permanentes en un espacio para nombrar a personal de confianza, en puestos en los cuales se cumplen funciones públicas al servicio de la ciudadanía.

“Esta sentencia es una más de las que han venido demostrando lo que la ANEF ha denunciado en todas las instancias. Se ha vuelto en una práctica regular por parte de algunas autoridades de gobierno y que debe terminar. Es claro que en el propio ámbito administrativo, cuando las propias jefaturas de servicios no son capaces de resolver estas materias deben ser los tribunales, la Contraloría General, los órganos de control y de fiscalización, los que terminen adoptando medidas que hagan imperar el derecho que garantice a los trabajadores y trabajadoras públicos la plena aplicación del marco legal que los regula”, sentenció el presidente de la Agrupación, Carlos Insunza.

*Foto: Contexto, Poder Judicial