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Una ideología para perpetuar la inequidad

  Publicado el 26 de Octubre, 2020

Cuando Sergio de Castro asume el Ministerio de Hacienda en el año 1976, se consolida la aplicación de un programa económico que sólo se conocía en las clases de Economía de la Universidad de Chicago. Chile sería, por la fuerza de las armas, el laboratorio donde se experimentaría un modelo económico que paulatinamente destruiría las conquistas sociales y laborales de los trabajadores de Chile; destruiría una concepción del Estado basado en el fomento de la producción y la protección de las condiciones que garantizaban la justicia social.

Se impuso en el país una economía basada en las doctrinas de la sociedad de Mont Pelerín y las teorías monetaristas de la Escuela de Chicago. Los fieles alumnos chilenos de Economía de la Universidad de Chicago, de la mano de sus gurúes, Milton Friedmann y Arnoldo Harberger, impusieron una agresiva política económica basada fundamentalmente en una drástica reducción del gasto fiscal, la flexibilización laboral, la privatización de las empresas del Estado, el imperio del mercado y la destrucción del movimiento sindical.

Tal como bien los dijera Orlando Letelier, unas semanas antes de ser asesinado, “(…) los “Chicago Boys convencieron a los generales que ellos estaban en condiciones de complementar la brutalidad, que los militares poseían, con los activos intelectuales de que carecían.” La doctrina de estos pioneros, destruyó en Chile los incipientes rasgos de un Estado de Bienestar que se venía gestando a partir del primer gobierno de Arturo Alessandri en los años 20, pasando por los gobiernos radicales y la patria joven, entre el 40 y los 60, y culminando con el gobierno de la Unidad Popular, que llega al poder con un programa que profundizaba en las conquistas sociales y la lucha contra la desigualdad.

Los Chicago Boys no estaban interesados en la justicia social, tal como lo dijo en reiteradas oportunidades Rolf Lüder, Biministro de la dictadura, y lo repitió en una de sus últimas entrevistas, Ernesto Fontaine, Ministro de Economía de Augusto Pinochet, la desigualdad no les interesaba. Hoy después de más de 40 años, en que también muchos gobiernos progresistas por desidia, incompetencia, y en muchos casos por cooptación, administraron este modelo económico -que convirtió a Chile en una sociedad profundamente desigual, fragmentada y segmentada, con uno de los peores índices de GINI del mundo- ha llegado el gobierno de Sebastián Piñera Echenique, que desde el inicio de su administración desarrolla una política económica que pretende perfeccionar el “modelo”, mediante las deconstrucción de los “paliativos” impuestos por los gobiernos anteriores, que intentaron dar un “rostro humano” al neoliberalismo. En efecto, el gobierno de Chile Vamos, ha intentado destruir las reformas en educación y en materia tributaria; en educación, proteger un sistema privado, elitista, que no comprometa la acción del Estado para emparejar la cancha; en materia tributaria intentó implementar un sistema de integración, que nuevamente solo daba privilegios a los dueños del capital para no pagar sus impuestos finales. Pretende avanzar en materia de “modernización del Estado”, lo que en el ámbito laboral no significa otra cosa que precarizar aún más la función pública, mediante la modificación del Estatuto Administrativo, en orden a las críticas de sus antecesores, los discípulos de Chicago; a la estabilidad laboral, como un principio indeseable para el fomento del emprendimiento.

No obstante el profundo descontento que el neoliberalismo provoca en distintos países del orbe, señal de un fracaso de la globalización capitalista en otorgar un adecuado reparto de los beneficios que produce una sociedad democrática de cooperación y, en especial, en nuestro país, con el rechazo ciudadano que provocó el estallido social a partir del 18 de octubre, el gobierno insiste en profundizar el modelo neoliberal, mediante las recetas básicas; reducir dramáticamente el gasto fiscal, y precarizar aún más el trabajo, que se concibe como un insumo en la cadena de producción de los beneficios del capital. Es así como el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, procedió a efectuar serios ajustes presupuestarios en los Servicios Públicos, recortando programas sociales e inversiones ya planificadas, y limitando seriamente la función pública, impidiendo gastos en personal de reemplazo, viático, horas extras, etc. Todo esto, bajo los supuestos de la crisis sanitaria. Sin embargo, estos recortes al presupuesto fiscal no constituyen una excepción provocada por la pandemia, se trata de una política deliberada de insistir en la jibarización del Estado, el avance en la privatización de lo público, incentivando la mercantilización de las políticas públicas transformándolas en un negocio.

Esto se evidenciaba con claridad en el modelo presupuestario base cero ajustado anunciado por el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, un sistema de presupuesto en desuso en el orden de las finanzas públicas. Lo que se pretende es convertir los recortes fiscales, ya efectuados, en una política presupuestaria para el año 2021, incluyendo además la revisión de gastos que se repiten a través de los años, que en muchos casos constituyen conquistas sociales, y decisiones, en el ámbito democrático, respecto de la función del Estado frente a los ciudadanos y el pueblo general. Esta política presupuestaria es una consolidación anacrónica de la ideología del Estado subsidiario. Sin embargo, el Gobierno al darse cuenta que su idea original de Presupuesto Base Cero transparenta demasiado una lógica del sector privado para recortar gastos y que los actores sociales y una parte del parlamento lo resisten, levanta ahora el nombre de “Presupesto 2021: del trabajo y la recuperación”, por cierto no varía la idea original de recortar gastos del presupuesto corriente sino más bien acuña un concepto de mejor venta, menos ideológico y más asociada a las premuras sociales derivadas de la pandemia. Nuevamente encubre y disimula una política económica neoliberal.

En efecto, resulta importante señalar que su aseveración que el 2021 se gastará lo mismo que el año 2020, soslayando que se hace la comparación con un año 2020 drásticamente ajustado a la baja, encubre significativos recortes en gastos corrientes. Subtítulos 21, 22, 24 y 29, fundamentalmente, para trasladarlos a gastos de capital como transferencias a privados, con ello ajusta el gasto pero debilita los programas sociales permanentes, con el argumento del elevado número de programas sociales mal evaluados, donde se afirma que el 43,2%, o sea 297 Programas tiene problemas de focalización. Detrás de esta verborrea tecnocrática emerge la lógica del Presupuesto Base Cero, que sostiene la necesidad de recortar gastos sin atender a la necesidad social de los Programas, sino solo someterlos a un determinado “protocolo”, para luego eliminarlos.

En esto, se ve un continuo en el comportamiento ideológico de la derecha que gobierna, con aquellos “próceres” de los Chicago Boys, que decían que la desigualdad social no era un tema económico, y no les preocupaba. Al gobierno de Sebastián Piñera no le importa la falta de equidad y la justicia social, le interesa mantener los equilibrios macroeconómicos y normativos que constituyen el marco institucional para que el gran capital mantenga sus beneficios.

La derecha sabe que tendrá una dura batalla en el parlamento, donde los gremios y la oposición procurarán hacer valer sus argumentos y su peso para defender las conquistas histórica que hay detrás de los programas que se pretende recortar. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, tal como apoyó y participó en el movimiento social, que ocupó las calles y las plazas de la República, en la lucha por la justicia social, ahora hace un llamado para que las funcionarias y funcionarios públicos estén alertas y se manifiesten, sumando las voluntades de todos los actores políticos relevantes, en contra de esta nueva escalada que pretende acorralar la función pública, negándole los recursos suficientes para cumplir con su deber.

No al Estado subsidiario, No a la privatización y mercantilización de las políticas sociales, No las políticas presupuestarias regresivas. Basta de neoliberalismo en Chile, la desigualdad, la inequidad son consubstanciales al modelo económico que se impuso en su momento por las fuerzas de las armas, y que persiste hoy día bajo la gerencia de un gobierno que no entiende que el pueblo de Chile dijo basta, que quiere cambios sustanciales en las políticas públicas, y que esto requiere un Estado, fuerte, justo y solidario.

Por ello es tan importante, no solamente ganar con el “apruebo”, y elegir a quienes verdaderamente representen los intereses de la gran mayoría, en la Convención Constitucional, sino también identificar y bloquear los intentos del poder económico por restablecer los dispositivos del Estado neoliberal. Necesitamos un Estado fuerte, capaz de realizar verdaderas políticas de justicia social, con capacidad para arbitrar las medidas que establezcan una distribución equitativa de la riqueza, que asegure a todas y todos las posibilidades de autorrealización, en un ámbito de libertad, democracia y justicia social.

Esto no significa propugnar por un Estado que reemplace el mercado como un factor de asignación de recursos, se trata de asegurar que el sistema económico esté al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas, que efectivamente haya igualdad de oportunidades, que se restablezca el sentido originario de vivir en comunidad, esto es que todos puedan gozar las beneficios de una sociedad de cooperación. Necesitamos se restablezca y profundice el Estado de bienestar, un modelo económico de protección, justicia y paz social.

DIRECTORIO NACIONAL ANEF

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