En la sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, realizada este martes 9 de septiembre, se abordó la discusión general de los proyectos de ley que buscan ampliar las facultades fiscalizadoras y disciplinarias de la Contraloría General de la República (boletines N°17.621-06 y N°17.666-06). En la instancia expuso el presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, acompañado por Carmen Luz Scaff, directora nacional de la Agrupación, y Marión Pacheco, presidenta de la Asociación de Funcionarios/as SEGPRES.
Respecto de los proyectos a tratar, el presidente de ANEF planteó reparos a la forma en que se ha iniciado la discusión legislativa, subrayando que debiera ser el Ejecutivo quien presente este tipo de iniciativas. “Tratándose de estas funciones, con el carácter estratégico que tienen también las atribuciones de la CGR, es necesario que se haya iniciado este debate por el propio Presidente de la República, mediante un mensaje y no mediante una moción parlamentaria”, afirmó.
Pérez Debelli insistió en que dotar a la Contraloría de nuevas atribuciones debe ir acompañado de recursos adecuados y un debate de mayor alcance. “Como funcionarios y funcionarias públicas, sabemos la relevancia que implica que mayores atribuciones a un servicio vengan acompañados de un mayor gasto fiscal, y que eso tiene relación con los presupuestos y también con la oportunidad del trabajo decente, asociado a un desarrollo armónico de una carrera”, señaló.
En cuanto al fondo de los proyectos, advirtió sobre los riesgos de confundir los roles fiscalizadores y disciplinarios de la Contraloría. “Entendemos que se consagra mayor atribuciones de la CGR (…) pero creemos que la Contraloría no tiene la capacidad para admitir o ponderar la prueba, porque, insisto, le recae a la propia autoridad de turno que tiene que actuar en consecuencia”, puntualizó.
Finalmente, el presidente de la ANEF llamó a considerar los impactos financieros y de gestión de las propuestas, reforzando la importancia de preservar el rol esencial del organismo. “Entendemos que no es posible con este tipo de diseño porque, insisto, se desconfigura, se confunde el rol que en sí mismo ya tiene este órgano fiscalizador. Tampoco es deseable desviar a la Contraloría de sus potestades constitucionales, que están expresamente establecidas”, concluyó.
