En reunión sostenida este miércoles 25 de marzo, entre la dirigencia regional de ANEF Tarapacá y los dirigentes de ANFUP Tarapacá, se analizó la situación de las y los funcionarios de Gendarmería con respecto a la reforma constitucional que busca incorporar a Gendarmería de Chile en las «Fuerzas de Orden y Seguridad Pública», la que está cerca de convertirse en ley, luego de ser aprobada por el Senado en marzo de 2026 donde se le dio urgencia en enero.
A partir de ahora, Gendarmería dependerá del Ministerio de Seguridad Pública.
Como resultado de la reunión se manifiesta la preocupación de la dirigencia por dos puntos críticos:
- Rechazamos absolutamente la disolución de las Asociaciones de funcionarios: consideramos que esta medida podría afectar negativamente la representación y defensa de los derechos de los trabajadores de Gendarmería
- Consideramos que es tendrá un alto costo fiscal y nos preocupa el impacto presupuestario que conllevará implementar estos cambios, lo que podría desviar recursos necesarios para otras áreas prioritarias.
“Nuevamente recalcamos la importancia de comunicar y no seguir generando incertidumbre a los y las funcionarias por la falta de información, así mismo lamentamos las innumerables renuncias que esto ha producido”, sentenciaron los dirigentes.
En tanto, el presidente de ANFUP Tarapacá, Patricio Carileo, indicó que este cambio tendrá un enorme impacto en las organizaciones de las y los trabajadores de Gendarmería “Esto conlleva a la disolución total de los gremios existentes dentro de la Gendarmería de Chile, además de la creación de un nuevo Servicio de Reinserción Social, el cual será dependiente del Ministerio de Justicia”.
Carileo puso énfasis en las problemáticas e inquietudes actuales que existe en las y los funcionarios “Aproximadamente 200 renuncias a nivel nacional que han presentado algunos de ellos, y la incertidumbre si es que se respetaran sus derechos laborales, remuneracionales y o previsionales”.
Finalmente, se insta a las autoridades a reconsiderar estos aspectos para asegurar una transición justa y sostenible.