Compañeros/as, Asociados/as ANEF:
Como es de público conocimiento, el viernes 24 de abril se difundieron a través de diversos medios de comunicación e informaciones provenientes desde nuestras asociaciones de base el Decreto N°331/2026 del Ministerio de Hacienda, de modificación presupuestaria, junto con el Oficio N°16/2026 del mismo origen y sus anexos, relativos al Presupuesto de la Nación para 2027. Se trata de medidas que impactan gravemente el desarrollo de la Función Pública y la capacidad de nuestros servicios para cumplir su misión con la ciudadanía, afectando particularmente a Políticas de Estado y Programas Sociales que han construido los estándares de protección social y de derechos en nuestro país.
Por una parte, el Decreto N°331/2026 recorta de forma inmediata la ejecución presupuestaria 2026 de servicios esenciales. Por otra, el Oficio Circular N°16 impone orientaciones restrictivas para el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y para la programación multianual 2028-2031.
El Decreto N°331/2026 se transparenta como un ataque frontal a derechos sociales y obligaciones de protección prioritarias, al reducir directamente partidas con efectos inmediatos sobre poblaciones vulnerables, particularmente en la protección de la infancia, las políticas de reparación hacia pueblos originarios y los apoyos dirigidos a personas en situación de discapacidad.
Aunque la Constitución otorga al Ejecutivo amplias facultades en materia presupuestaria, su ejercicio se materializa a través de la Ley de Presupuestos, aprobada anualmente por el Congreso Nacional. Eliminar por decreto financiamientos, líneas programáticas y funcionamientos institucionales aprobados por ley constituye, a lo menos, un grave motivo de prevención jurídica y política, y amenaza las atribuciones constitucionales del Parlamento como órgano de representación ciudadana y colegislador.
Por su parte, el Oficio N°16/2026 no sólo ordena restringir programas sociales y limitar la capacidad de acción de los servicios públicos, sino que además proyecta la descontinuación de programas y la aplicación de rebajas de al menos 15% en otros, dentro de un marco presupuestario restrictivo para 2027-2031. Sus efectos potenciales sobre el ejercicio de derechos ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables, son de una enorme gravedad.
La falta de distinción entre programas sectoriales focalizados y Políticas de Estado con amplio consenso histórico resulta particularmente intolerable. El Plan de Alimentación Escolar, originado en el gobierno de Salvador Allende, se ha mantenido y fortalecido durante casi seis décadas como un pilar del desarrollo social y de la protección de la infancia. Del mismo modo, el Programa de Derechos Humanos expresa obligaciones permanentes del Estado de Chile en materias de reparación, justicia, verdad y no repetición, conforme a compromisos nacionales e internacionales.
Resulta indispensable evaluar estas medidas a la luz del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria presentado al Congreso por el gobierno del presidente Kast. Ambas iniciativas se alinean plenamente: mientras se impulsa una reducción de la carga tributaria que beneficia a los segmentos de mayores ingresos, especialmente al 1% y al 0,1% de más altos ingresos, se recorta desde ya el gasto social para viabilizar una legislación tributaria regresiva que desplaza recursos desde la protección social y los servicios públicos hacia esos particulares intereses privados.
En campaña, ante las reiteradas preguntas sobre la aplicación de su anunciada restricción fiscal, el entonces candidato Kast nunca presentó un plan concreto, pero sostuvo que no se afectarían derechos sociales. Hoy, a pocos meses del inicio de su gobierno, resulta evidente que aquella afirmación fue falsa.
La mejora continua y la búsqueda de eficiencia en el desempeño del Estado constituyen una tarea legítima, pero no pueden subordinarse a narrativas sesgadas sobre el funcionamiento estatal. Chile cuenta, en lo fundamental, con un Estado eficiente y probo, tal como lo han reiterado diversos organismos internacionales en sus evaluaciones sobre el país (FMI, BM, OCDE, UNESCO, OMS, etc.).
El debate fiscal promovido por las fuerzas de gobierno elude la verdadera raíz del déficit fiscal y la deuda pública de nuestro país que, por lo demás, es muy acotado respecto de otras economías comparables. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han sostenido en sus informes sobre Chile, durante más de una década, que el problema principal no radica en un exceso de gasto público, sino en la insuficiencia estructural de ingresos tributarios. En comparación internacional, la presión fiscal chilena se mantiene por debajo de estándares OCDE, por lo que la salida razonable es fortalecer la recaudación mediante mayor progresividad y no debilitar la Función Pública ni deteriorar la protección social.
Ante este escenario, desde la ANEF convocamos a nuestras asociaciones de base y territoriales a analizar exhaustivamente y enfrentar unidas esta ofensiva presupuestaria. Del mismo modo, llamamos al movimiento social y a la sociedad civil a activarse en defensa de los derechos sociales y de la Función Pública, y al Congreso Nacional a actuar con urgencia para impedir la consolidación de un gobierno por decreto y resguardar el equilibrio constitucional.
Saludos fraternales,
Directorio Nacional
Lee el comunicado a continuación:
20260427 - COMUNICADO - ANTE AJUSTES PRESUPUESTARIOS CONOCIDOS EL 24 DE ABRIL DENUNCIAMOS LA GRAVE AFECTACIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y LA PROYECCIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE POLÍTICAS DE ESTADO Y PROTECCIÓN SOCIAL