ANEF Biobío acompañó este miércoles 7 de julio a las y los funcionarios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, junto a ANTRASERSJ Biobío y ANFUR Biobío, para exigir medidas concretas frente a los reiterados hechos de violencia que enfrentan.
Desde ANEF Biobío reafirmaron su compromiso con la defensa de quienes cumplen una labor fundamental para el Estado. Exigieron mayor protección, condiciones laborales seguras y políticas públicas que aborden las causas estructurales de esta crisis.
La violencia contra las y los funcionarios no puede seguir siendo parte de su trabajo, declararon a los medios locales. Denunciaron la falta de respuesta a las propuestas realizadas por los funcionarios a las autoridades regionales, luego que se cumple un año del reemplazo del anterior Servicio Sename por el de Reinserción Social Juvenil, sin embargo, la crisis continúa.
La dirigencia resaltó en específico la situación en el Centro de Internación de Coronel, en donde tanto jóvenes como educadores, han debido ser trasladados a centros asistenciales debido a lesiones sufridas. Además del ingreso de droga, la confección de armas hechizas y la imposibilidad de segregar a los internos por edad, sexo o nivel de criminalidad, indicó el dirigente Raúl Fuentealba a un medio local.
“Hace aproximadamente dos semanas que le hicimos entrega al Seremi de un documento donde nosotros le planteamos dos temas importantes: uno de carácter estructural, que tiene que ver con trabajar hoy día una modificación real a la ley 20.084 y que nos permita contar con una sección juvenil administrada por Gendarmería de Chile, y lo segundo, una serie de soluciones, de respuestas ante situaciones que ocurren cotidianamente en el centro nuestro y que tiene que ver principalmente con los resguardos que tienen que tomar por parte de Gendarmería de Chile en temas de seguridad”, señaló Fuentealba.
El dirigente Alejandro Saavedra, indicó en la rueda de prensa, que estos problemas tienen como origen desde la infraestructura a temas legales, “el centro fue entregado en 1999; no está con las normas actuales. Hoy día los jóvenes pueden romper las paredes y sacar fierro; hoy día los centros se construyen con otras normas. Problema de la normativa que no permite sancionar a los jóvenes que cometen delitos contra los funcionarios; entonces los jóvenes quedan en la impunidad total. La idea es que haya un tema regulatorio para poder trasladar a los mayores de edad a las secciones juveniles”, manifestó.
Los dirigentes además enfatizaron la falta de oportunidades que existen para la reinserción de los adolescentes en la región, pues, aunque existen programas, son los privados lo que son reticentes a dar trabajo a jóvenes rehabilitados.
¡La violencia no se normaliza, se enfrenta!
