La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, junto a la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP), la Federación Nacional del Ministerio Público (FEMSEN) y la Asociación Nacional de Funcionarios del Sur del Ministerio Público (ANFUNSUR), presentaron este martes 28 de julio una carta denuncia ante la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad del operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en dependencias del Ministerio Público y la eventual determinación de responsabilidades administrativas.
La presentación solicita que el órgano contralor investigue la actuación de la PDI, el uso de recursos policiales y el eventual respaldo otorgado por el Ministerio de Seguridad Pública a procedimientos que, según nuestra Confederación, se realizaron fuera del marco de una investigación penal, sin orden de un fiscal y vulnerando derechos fundamentales de las y los trabajadores. Asimismo, pide que se instruyan las investigaciones y sumarios que correspondan y que se establezcan criterios claros respecto de los límites de las facultades de las autoridades administrativas para requerir intervenciones policiales de esta naturaleza.
El secretario general de la ANEF, Carlos Insunza Rojas, explicó que la organización concurrió a la Contraloría junto a las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público para denunciar «los graves hechos y las vulneraciones de derechos» ocurridas durante el procedimiento.
«Lo que estamos expresando es que incluso en el control en estas materias se requiere seguir los protocolos, los procedimientos y respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras», afirmó.
Insunza enfatizó que la denuncia no busca impedir los controles preventivos, sino exigir que éstos se desarrollen dentro de la legalidad y respetando las garantías de quienes se desempeñan en el Estado.
Por su parte, la vicepresidenta de ANFUMIP, Luz María Fernández Saldías, manifestó el respaldo de la organización a la acción impulsada por la ANEF, señalando que, aunque combatir la corrupción y el consumo de drogas constituye un objetivo legítimo, ello no autoriza a las autoridades a exceder las facultades que les entrega la legislación.
«Toda autoridad debe mantenerse en el marco legal de las facultades que le confiere la Constitución y la ley. Cualquier acción que se realice debe estar expresamente facultada por la ley y dentro del marco constitucional y legal, con respeto a los derechos de los trabajadores», sostuvo.
En tanto, el presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, subrayó que el Estado cuenta con procedimientos preventivos y protocolos establecidos para realizar controles en materia de consumo de drogas, los que deben ser respetados.
«Creemos que la acción violenta de llevar perros detectores a las fiscalías y someter a las y los funcionarios a este tipo de procedimientos constituye un abuso patronal. Esperamos que esta presentación permita fijar un estándar permanente para una buena política pública en esta materia y que nunca más se repitan hechos como éstos en el Ministerio Público ni en ninguna institución pública del país», señaló.
En la denuncia presentada ante la Contraloría, la ANEF sostiene que el operativo realizado en enero de este año habría implicado el despliegue de personal de la PDI con canes detectores de droga para revisar oficinas y pertenencias de funcionarios que no estaban siendo investigados penalmente, situación que, a juicio de la organización, podría vulnerar el principio de juridicidad y representar un uso improcedente de recursos públicos y policiales.
Con esta presentación, la ANEF busca que la Contraloría General de la República esclarezca la legalidad de las actuaciones denunciadas, determine las eventuales responsabilidades administrativas y establezca criterios que impidan la repetición de procedimientos que puedan vulnerar los derechos de las y los trabajadores del sector público.
