La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ingresó ante el Excelentísimo Tribunal Constitucional (TC) una presentación para intervenir como tercero en la discusión sobre la Ley de Permisos, advirtiendo que la iniciativa podría afectar principios esenciales del empleo público, la responsabilidad patrimonial del Estado y transformarse en una amenaza a la neutralidad en la fiscalización ambiental. Con esta acción, la organización busca que la voz de las y los trabajadores del Estado sea considerada en una controversia que, a su juicio, compromete el ejercicio de potestades públicas y las garantías de quienes cumplen funciones en el aparato fiscal.
La Confederación, en su documento, solicitó intervenir en calidad de tercero ajeno al litigio en el marco de los requerimientos acumulados (Roles N° 17.828-26-CPT, N° 17.829-26-CPT y N° 17.832-26-CPT) en torno al proyecto de ley contenido en el Boletín N.º 18.216-05, una acción que busca incorporar la mirada técnica e institucional de las y los trabajadores del Estado en la discusión constitucional.
En su presentación, la ANEF —representada por su presidente nacional, José Pérez Debelli, junto al patrocinio del abogado Francisco Neira Reyes— delimitó tres ejes críticos donde el proyecto infringe la Constitución:
Discriminación y desprotección funcionaria (Arts. 12 y 13): La norma crea un mecanismo indemnizatorio por la anulación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que vulnera la igualdad ante la ley (Art. 19 N° 2). Además, excluye injustificadamente a los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la acción de repetición general (establecida en la Ley N° 18.575), afectando la garantía de un debido proceso y sustrayendo del conocimiento de los tribunales de justicia la determinación de la responsabilidad del Estado.
Invariabilidad tributaria y amarre presupuestario (Art. 29): Se advierte que el régimen propuesto genera tratos diferenciados basados exclusivamente en el monto de inversión, intentando constituir en los hechos un «derecho de propiedad» sobre la legislación. Asimismo, limita inconstitucionalmente la potestad legislativa en futuras discusiones presupuestarias y entrega la resolución de controversias a la definición unilateral del inversionista.
Y, privatización de potestades públicas (Art. 6°): El gremio rechaza tajantemente la delegación de la fiscalización ambiental en privados pagados por el propio sujeto fiscalizado. A juicio de la ANEF, esto vulnera los artículos 8°, 24 y 38 de la Carta Fundamental, rompiendo el principio de neutralidad exigible a la función pública y entregando potestades decisorias a quienes no están investidos como funcionarios del Estado.
«Nuestra intervención busca aportar una perspectiva institucional indispensables desde la función pública. Nos preocupa la entrega de potestades decisorias a entes privados, las anomalías presupuestarias que esto generará y, muy especialmente, la discriminación y desprotección a la que se expone a las y los funcionarios del Estado», señalaron desde la directiva nacional.
Con el ingreso de este requerimiento, la ANEF solicitó que su presidente, José Pérez Debelli, sea autorizado para exponer oralmente ante los ministros del Tribunal Constitucional durante las audiencias públicas convocadas para este proceso.
