Este jueves 18 de junio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite las diligencias que la Defensoría Popular realizó en contra de funcionarios de Carabineros, por torturas a dirigentes sindicales, entre ellos del Consejo Regional de ANEF Valparaíso, tras ser detenidos durante las manifestaciones pacíficas del 01 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras.
La abogada de la Defensoría Popular, María Rivera, manifestó que: “con fecha 18 de junio ha sido admitida a tramitación una querella criminal en contra de funcionarios de Carabineros que resulten responsables por la aplicación de torturas, artículo 150-A del Código Penal. Todo ello sucedido el 1 de mayo recién pasado en Valparaíso, cuando irrumpe carabineros y, a pesar de tener garantizadas las medidas sanitarias recomendadas, como son las distancias, las mascarillas, la no aglomeración; efectivos policiales detienen a dirigentes sindicales, quienes son subidos a los carros policiales y dentro de ellos son víctimas de tortura”.
La jurista precisó que la tortura está tipificada en el Código Penal. Pero, además, es absolutamente rechazada, cuestionada y condenada por todos los organismos de Derechos Humanos, tanto Nacionales como Internacionales.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación Valparaíso, Mabel Zúñiga, detalló que durante el acto pacífico del 1 de mayo “fuimos detenidos, pese que portábamos todas las medidas de seguridad que la autoridad sanitaria había establecido. Sin embargo, fuimos brutalmente reprimidos. Además de ser detenidos, algunos de nosotros fuimos torturados en uno de los buses policiales”.
Zúñiga explicó que las torturas fueron practicadas en contra de 3 dirigentes de ANEF y 4 dirigentes sociales que también se encontraban en el bus policial, catalogando los hechos como una “situación monstruosa de castigo físico y tortura”.
A su vez, indicó que: “no podemos tener un Estado policial que actúe de manera monstruosa y perversa, a veces con conductas que resultan incluso psicopáticas, desde nuestro punto de vista. Esto tiene responsables materiales señalados con nombre y apellido, pero también hay una responsabilidad institucional y política desde el conjunto del Estado. Ya son demasiados los atropellos a los Derechos Humanos que el pueblo chileno viene sufriendo, y que dirigentes sindicales seamos víctimas de este tipo de flagelos y de castigo físico, es algo que internacionalmente y en todos los convenios internacionales en materia de DD.HH está absolutamente condenado”.
Finalmente, el Consejo Regional de ANEF junto a la Defensoría Popular expresaron que pondrán todos sus esfuerzos para lograr el esclarecimiento de los hechos, así como el castigo a los responsables, pues lo ocurrido debe ser un precedente para que ningún chileno ni chilena sea víctima de tortura a manos de las fuerzas policiales y de orden.
