Con el acompañamiento de la ANEF, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) acudió hasta la representación diplomática de México en Chile para entregar una carta dirigida a la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, en la que exponen su rechazo a la eventual designación del senador Francisco Chahuán como embajador de Chile para el entrante gobierno de José Antonio Kast.
La acción fue encabezada por la presidenta de AFEP, Alicia Lira, junto a representantes de la organización y el secretario de Solidaridad y Conflictos de la ANEF, Patricio Lama, quienes entregaron antecedentes sobre iniciativas impulsadas por el parlamentario de Renovación Nacional.
“Vinimos a dejarle una carta a la presidenta de los Estados Unidos de México denunciando quién es el senador Francisco Chahuán, quien desde 2023 impulsa un proyecto de ley que busca darle impunidad a violadores de Derechos Humanos recluidos en Punta Peuco y Colina 1”, señaló Lira.
La dirigenta agregó que la solicitud apunta a que el gobierno mexicano considere los antecedentes éticos y políticos del parlamentario antes de recibir sus credenciales diplomáticas. “Nos dirigimos a la presidenta de México para que no reciba las credenciales como embajador de Chile, porque ofendería la memoria de las víctimas y sus familiares, pero también al pueblo mexicano que aún sigue buscando a sus detenidos desaparecidos”, afirmó.
En una declaración pública, AFEP manifestó su rechazo al proyecto de ley aprobado en general por el Senado que busca otorgar conmutación de penas y beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad. La agrupación advirtió que la iniciativa constituye “una estrategia de impunidad procesal impulsada por sectores de la derecha política”, la que permitiría que responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos cumplan sus condenas fuera de recintos penitenciarios.
Asimismo, la organización sostuvo que esta propuesta contraviene el derecho internacional y los compromisos asumidos por el Estado de Chile, recordando que tanto el Estatuto de Roma como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que beneficios carcelarios desproporcionados para criminales de lesa humanidad resultan inadmisibles.
A más de cinco décadas de los crímenes cometidos durante la dictadura, AFEP subrayó que aún existen 1.092 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados políticos cuyos cuerpos no han sido entregados a sus familias, por lo que insistieron en que cualquier medida que debilite el cumplimiento efectivo de las condenas constituye un retroceso en materia de verdad y justicia.
La declaración fue respaldada por diversas organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales, entre ellas la ANEF.
