Este lunes 12 de enero, en conjunto con la CUT Cautín se realizó un banderazo y punto de prensa, en las afueras de la Delegación Presidencial Regional, efectuado en Temuco, ocasión en la que la presidenta de ANEF regional, Sandra Marín Cheuquelaf, manifestó las preocupaciones de las y los trabajadores del sector público.
La dirigenta regional expresó en el punto de prensa que “Esta es una manifestación que se está haciendo a nivel nacional, hoy se retoma la labor en el Congreso por el proyecto presupuesto 2026, que es uno de los más extensos que hemos tenido en la historia. No solamente está el tema del reajuste, sino también hay particularidades de las asociaciones que no están bien en este periodo, estamos también en un escenario donde hubo recortes presupuestarios, eliminación de programas”.
Marín destacó las acciones que han hecho en la región para lograr acercar las sentidas demandas de los trabajadores y trabajadoras públicos a los parlamentarios, “Nosotros, como ANEF, también estamos conversando con los parlamentarios a nivel nacional, particularmente aquí hemos realizado tres conversaciones con parlamentarios de oposición. Han compartido también nuestras inquietudes en cuanto al trabajo decente, la estabilidad laboral. Conversamos largamente por la mal llamada Ley de Amarre, que a nosotros no nos representa”
Destacó que le fue entregada a los parlamentarios una minuta con los detalles de sus planteamientos. “Hay apoyo, en lo que se le ha planteado, al menos en esta región, sobre estos requerimientos que está impulsando la ANEF a nivel nacional».
Consultada acerca de las modificaciones que se hicieron recientemente la dirigenta regional indicó que “Sí, hay modificaciones. Primero, nosotros hablamos de estabilidad laboral, empleo decente, trabajo digno. Eso es lo que nosotros estamos estableciendo, y es para las y los trabajadores de trayectoria, que llevan tiempo o que han entrado por concurso también en el último tiempo”.
Acerca del rol de la Contraloría en el tema “confianza legítima”, la líder sindical aclaró sobre las condiciones que tiene los trabajadores y trabajadoras que están a contrata en el sistema público. “Ahora, lo que se señala, si bien ustedes recuerdan, la confianza legítima había sido cuestionada por la Contraloría, que ya se desestimó su tramitación en la Contraloría y que era judicial. Sin embargo, con esta nueva indicación que hizo llegar el Ejecutivo, esto se amplía a los cinco años, lo recuperamos los cinco años, pero también se va a la Contraloría en caso de no haber renovación y ahí tienen que ser informes fundados. Para esto tenemos informes de desempeño semestrales y tienen que haber la evidencia, tienen que estar en bajas notas, como tenemos nosotros nuestros controles internos. Creemos que es una alternativa para poder empezar a hablar de dignidad para las y los trabajadores”.
