El Presidente en funciones, Sebastián Piñera, nuevamente utilizó su facultad de vetar una ley aprobada por el Congreso y la aplicó sobre la normativa que buscaba que las trabajadoras y trabajadores públicos tuvieran acceso a la tutela laboral.
El proyecto despachado a ley por el Senado el 18 de agosto pasado tiene por objeto incorporar a las relaciones laborales del sector público y también municipal, el procedimiento de tutela laboral, permitiéndoles a estos trabajadores la legítima defensa de los actos provenientes de dicha relación y que vulneren sus derechos fundamentales.
El proyecto permitía así que, por ejemplo, los funcionarios y funcionarias despedidas injustificadamente podrían denunciar su situación en tribunales y así poder ser indemnizados o bien reincorporados a sus funciones.
Otro de los motivos de la ley es impedir los continuos despidos masivos entre los funcionarios públicos cada vez que hay un cambio de gobierno, y así evitar el “botín electoral” que se genera por el clientelismo político al que se ven sometidos los trabajadores públicos. Buscaba también dirimir la contradicción entre los juicios del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, debido a que el primero deja fuera de la aplicación del proceso de tutela laboral al sector público y municipal, mientras que el tribunal supremo ha establecido que si es aplicable.
“Entendemos que solo es un proceso para dilatar un proyecto de ley que es contundente, que integra los derechos fundamentales y asegura la defensa del trabajo en el sector público, es un mecanismo moderno que implica tener espacios de resguardo judicial frente a una situación que hoy día entendemos que se sigue postergando. Es inoportuno y totalmente innecesario que el gobierno dedique tiempo a poner estos vetos cuando se trata de materias vinculadas a las y los funcionarios públicos.” señaló el presidente de la ANEF, José Pérez.
Con el veto presidencial el proyecto de ley vuelve al Congreso donde deberá ser visto nuevamente por el Senado y la Cámara de Diputados.