Con una postura firme y una tesis transversal, el Directorio Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), encabezado por su presidente, José Pérez Debelli, se presentó este miércoles 8 de julio ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la instancia, la organización sindical expuso la crítica situación que atraviesan cuatro instituciones fundamentales: el Servicio Médico Legal (SML), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Durante la intervención, el presidente de la ANEF enfatizó que las problemáticas de estos cuatro organismos no constituyen hechos aislados de gestión, sino que responden a una misma orientación de ajuste presupuestario y «jibarización» del Estado. Esta mirada de austeridad permanente termina por trasladar los costos de la crisis tanto a las y los trabajadores, como a las regiones y a los propios usuarios del sistema público.
«La función pública no es un costo prescindible: es la infraestructura humana que permite que el Estado cumpla sus obligaciones democráticas. Defender el empleo público es defender el derecho de la ciudadanía a contar con un Estado presente y que cumple», relevó la presentación institucional ante la Comisión.
Derribando el mito del «Estado grande»
En su exposición, la ANEF aportó datos duros basados en estándares internacionales para matizar el debate sobre el tamaño del aparato estatal chileno. Se expuso que el empleo público en el país representa menos del 10% del empleo total según la OCDE —llegando como máximo a un 12% o 13% en mediciones nacionales amplias —, una cifra muy por debajo del promedio de la OCDE, que se ubica en torno al 18%.
Asimismo, se advirtió que el gasto del gobierno en Chile equivale al 28,2% del PIB, frente al 42,6% promedio de la OCDE, lo que evidencia una brecha de cerca de 14 puntos de la riqueza nacional respecto a los países desarrollados. Por tanto, la confederación recalcó que instalar la tesis de que Chile posee un Estado «grande» desorienta la discusión y conduce a diagnósticos profundamente errados.
El impacto en los cuatro servicios afectados
La ANEF desglosó el impacto directo que están sufriendo las reparticiones públicas debido a la megareforma tributaria y al recorte transversal del 3% en los ministerios:
- Servicio Médico Legal (SML): Se alertó sobre la falta de certeza jurídica y de protección presupuestaria para sostener los turnos periciales y garantizar la continuidad operacional las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- INJUV: Se denunció el debilitamiento de las políticas públicas de juventud a raíz de un drástico recorte del 47% de su presupuesto (mediante el Decreto 331) y el despido de 77 funcionarias y funcionarios.
- SENCE: Se criticó la aplicación de un recorte superior al 45% del Presupuesto 2026, advirtiendo que la necesaria modernización de la franquicia tributaria debe apuntar a un fortalecimiento técnico y fiscalizador, y no a mermar el servicio.
- INE: Se manifestó una profunda preocupación por la suspensión de encuestas estratégicas esenciales como la ENCLA, Innovación en Empresas y Diversidades, lo que resta valiosa evidencia científica para el diseño de políticas públicas eficaces.
Exigencias a la Comisión de Hacienda
El presidente del gremio planteó requerimientos urgentes y concretos a las y los parlamentarios de la comisión:
- Solicitar de manera formal que se informen los efectos reales de estos ajustes sobre la continuidad y calidad de los servicios entregados a la ciudadanía.
- Exigir la reposición inmediata de los recursos críticos para el normal funcionamiento de INJUV e INE.
- Respaldar activamente una ley de turnos para el SML y blindar el presupuesto destinado a labores periciales.
- Garantizar que cualquier modificación a la franquicia tributaria incorpore un plan integral de fortalecimiento para el SENCE, dejando de lado la lógica de los recortes.
El líder sindical de ANEF resaltó que el foco debe estar en que, «Modernizar el Estado es fortalecer sus capacidades, profesionalizar sus dotaciones, asegurar su continuidad operacional y responder adecuadamente a las necesidades de los territorios». Así concluyeron desde la ANEF, haciendo un llamado a los diputados a no permitir que se confunda la eficiencia pública con el desmantelamiento de los derechos sociales.
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