En Asamblea extraordinaria el consejo regional rechaza la propuesta de modificación a la ley apuntando a generar recursos económicos a costa de la salud de las y los trabajadores fiscales.
En Puerto Montt, el Consejo Regional de Empleados Fiscales, Anef Los Lagos, levantó la voz frente al proyecto de ley que modifica el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), ingresado recientemente por el Gobierno. La organización advirtió que la iniciativa constituye un retroceso en derechos laborales y afectará de manera directa a miles de funcionarias y funcionarios públicos en todo el país.
El proyecto busca modificar el sistema de licencias médicas, reduciendo el periodo de carencia en los pagos, reforzando las atribuciones de la COMPIN y endureciendo la fiscalización para prevenir fraudes. Sin embargo, desde ANEF Los Lagos aseguran que las medidas instaladas tienen un carácter “castigar” hacia los trabajadores, priorizando criterios económicos por sobre la salud.
La presidenta regional de la Anef Los Lagos, Pamela Espinoza, sostuvo que la propuesta gubernamental castiga injustamente a la gran mayoría de funcionarios por hechos aislados. “Se está legislando con un sesgo mediático en torno a supuestos abusos, cuando en realidad solo el 0,37% de la dotación pública estaría involucrada en casos cuestionados. Aun así, se pretende instalar la desconfianza hacia todo el sector y recortar derechos ya adquiridos”, afirmó.
Los dirigentes recordaron que, en los últimos meses, la Contraloría General de la República ha difundido informes sobre licencias médicas irregulares, presentándolos como un problema estructural. Sin embargo, desde la Anef precisan que cuando se habla de “25 mil licencias” no se trata de 25 mil personas, sino de documentos acumulados, una cifra que no ha sido aclarada públicamente. “Eso ha instalado una caricatura de privilegio y abuso que no representa a la función pública”, añadieron.
Para los trabajadores fiscales, la implementación de esta ley pondría a cada funcionario en la disyuntiva de elegir entre cuidar su salud o resguardar la economía familiar, generando un escenario adverso y de inseguridad laboral. “Este proyecto es un atropello al mundo del trabajo y vulnera derechos que se han conquistado tras décadas de lucha sindical”, enfatizó Espinoza.
En paralelo, la dirigencia regional ha sostenido encuentros con parlamentarios y emplazó especialmente a los senadores a transparentar su posición frente a la iniciativa, ya que el proyecto actualmente se discute en la Cámara Alta. “Queremos saber en quién confiar. Los candidatos y candidatas al Parlamento deben decir claramente cuál será su postura, porque aquí está en juego la salud y la dignidad de miles de familias del sector público”, recalcó la presidenta de Anef Los Lagos.
Los funcionarios también apuntaron a la necesidad de que la Contraloría precise las cifras, para dar tranquilidad tanto a la ciudadanía como a los trabajadores. “Si se transparentan los datos, quedará en evidencia que se está castigando a todo un sector por hechos aislados que afectan a un porcentaje mínimo de la dotación estatal”, concluyeron.
Con este emplazamiento, el Consejo regional de Anef Los Lagos se suma a las voces de distintos consejos regionales de la organización a nivel nacional, que han iniciado un proceso de presión política para impedir que el proyecto avance sin modificaciones que resguarden los derechos de los trabajadores fiscales, municipales, de la salud y de la educación.
