Ante una audiencia expectante, el profesor José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago en Chile, además de miembro del directorio de la fundación chilena “Red de Estudios para la Profundización Democrática”, Disertó respecto a las verdaderas implicancias que tiene para nuestro país la eventual ratificación del TPP-11, recientemente aprobado por el Senado.
El encuentro se abrió con una intervención introductoria del presidente nacional ANEF, José Pérez Debelli, quien realizó un llamado a las autoridades del gobierno del presidente Gabriel Boric, a revisar exhaustivamente este tratado, y sus implicancias para nuestro país: “El tratado afecta nuestra autonomía alimentaria y no garantiza la independencia del Estado de Chile en lo referido a políticas públicas relacionadas con seguridad alimentaria, entre otros temas. Por otra parte, abre la puerta para que cada ley aprobada democráticamente en Chile, que afecte los intereses de las transnacionales deba ser consultada, ni hablar de los reglamentos y la implementación, lo que nos expone a ser llevados a tribunales internacionales”.
Entre sus intervenciones más destacadas, el profesor Palma partió señalando que el TP-11 no es un tratado comercial similar a los que Chile tiene suscrito con un porcentaje relevante de países del mundo: “De los 30 capítulos que tiene el tratado, sólo 5 corresponden a cuestiones comerciales. Los otros 25 agregan elementos que no tienen nada que ver con lo comercial. Hay un primer elemento básico en esta discusión que es la falta de transparencia respecto a los verdaderos alcances del tratado”.
Más adelante, José Gabriel Palma indicó que el tratado: “Nos pone límites en el peor momento. Es un tratado que refuerza lo viejo, lo sucio y lo obsoleto de nuestro sistema productivo. Pone trabas directas a nuestro proceso de industrialización y no aporta en nada a nuestra ya estancada productividad industrial”.
A continuación, el académico puso énfasis en las limitaciones y trabas que el compromiso pone a la acción del Estado en materia de justicia social: “Si el Estado decidiese crear una AFP estatal, más allá de que yo crea que es una buena solución o no, podría ser llevado a cortes internacionales acusado de competencia desleal. “(Además) Las corporaciones más beneficiadas con esto son las chilenas con presencia internacional, que pueden llevar al Estado chileno a cortes internacionales por temas o disputas internas”.
En lo relativo a derechos laborales, José Gabriel Palma indicó que: “El tratado no reconoce temas fundamentales como el pre y post natal o el derecho a vacaciones. No los prohíbe, pero no los reconoce y con eso quedan en un limbo, considerando que todo litigio puede terminar en pago de compensaciones”
Finalmente, José Gabriel Palma destacó el hecho de que, más allá de lo avanzada que está la tramitación del tratado, y lo trascendente de su aprobación en el parlamento, el Ejecutivo tiene todas las herramientas para detener su avance, aludiendo al interés superior de la nación: “De acuerdo a la Constitución actualmente vigente, el Presidente de la República puede no firmar el Tratado aunque esté aprobado por el Senado, aludiendo al interés superior del país”.
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