La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, rechaza tajantemente la infracción al artículo 5° de la Ley sobre probidad administrativa, en la que incurriera la primera autoridad pública del país. Las revelaciones arrojadas por la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocida como “Pandora Papers”, sitúan nuevamente a la principal autoridad nacional en controvertidas y vergonzosa relaciones entre su deber público y el espacio privado empresarial.
Los/as trabajadores/as del Estado de Chile, conocimos en estos días el millonario negocio entre Carlos Alberto Délano, imputado en el Caso Penta por financiamiento ilegal de la política, y la vinculación con negocios de interés particular para el Presidente de la República, el que se habría concretado fundamentalmente en las Islas Vírgenes Británicas y que dice relación con la compraventa del mayor paquete accionario de la polémica minera Dominga, perteneciente a Sebastián Piñera y su familia. El pago inicial, realizado en Chile era de apenas 14 millones de dólares, comparado con los 138 millones de dólares negociados en el paraíso fiscal.
Sin embargo, el aspecto más reprochable de esta transacción, lo constituye el hecho que dentro de las cuotas de pago, la tercera y última, dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizarán la instalación de la mina y su puerto en la zona de La Higuera. Prerrogativa que recae en la figura Presidencial.
Recordamos que el principio de la Ley que establece la Administración del Estado y al titular que ejerce el poder Ejecutivo, es estar al servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente, fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley.
La investigación “Pandora Papers” revela la promoción del interés personal por sobre los intereses superiores de la Nación, comprometiendo el medioambiente e impactando gravemente la fe pública. Cabe recordar al respecto, que en el mes de agosto recién pasado, una comisión medio ambiental, constituida por diez secretarios regionales ministeriales designados por nombramiento de confianza política por la autoridad central, autorizó avanzar en el megaproyecto Dominga, definición que profundiza la crisis de credibilidad de este Gobierno.
Ante el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, en favor del polémico Proyecto Dominga, la comunidad científica y nacional fue alertada, pues aunque esta resolución no implica la aprobación inmediata del proyecto, frente a una nueva votación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo; la posible construcción de esta gigantesca mina de hierro, un megapuerto y una planta desaladora, todo frente al Archipiélago de Humboldt, afectaría gravemente la flora y fauna de la comuna de La Higuera.
Requerimos que los miembros del Congreso Nacional, específicamente desde la Cámara de Diputados/as, ejerzan su rol fiscalizador y que el Poder Judicial, investigue estos hechos de connotación nacional e internacional, evitando mantener el manto de impunidad que revela cada uno de los aspectos de esta grave transgresión a los principios fundamentales de gobierno.
Desde la ANEF rechazamos categóricamente el actuar del Presidente de la República, quien ha comprometido gravemente la ética propia de su cargo, enlodando una vez más, no solo el prestigio de su gobierno, sino una tradición de probidad y respeto en los gobiernos democráticos de nuestro país.
DIRECTORIO NACIONAL ANEF
COMUNICADO ANEF PANDORA PAPERS