La ANEF denunció con firmeza el despido de tres funcionarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de una serie de decisiones adoptadas por el gobierno que afectan directamente al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.
Los despidos, que afectan a Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos, del que depende el Plan de Búsqueda y quien ingresó en 2012 al programa por concurso público; a Magdalena Garcés, abogada y doctora en Historia, quien lideraba el equipo de Búsqueda; y a Tamara Lagos, socióloga y máster en metodología de la investigación, quien dirigía el Archivo documental y también ingresó al Plan vía concurso público, han sido calificadas como arbitrarias y como parte de una estrategia de desmantelamiento de políticas públicas fundamentales para la memoria, la verdad y la justicia.
Desde el frontis del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el presidente de ANEF, José Pérez Debelli, junto a otras organizaciones sociales, fue enfático al señalar que “en este centro cívico tenemos el flagelo de los despidos arbitrarios. A quienes están notificando estos despidos son funcionarias y funcionarios de trayectoria, que conocen y ejecutan la función pública”.
El presidente de la Confederación agregó que estas decisiones no solo afectan a las y los trabajadores del Estado, sino que también tienen consecuencias directas sobre la ciudadanía. “Cuando se daña y se despide a un trabajador público, también el flagelo lo sufre la ciudadanía, particularmente los familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de la dictadura civil militar”, enfatizó.
Por su parte, el secretario general de la Agrupación, Carlos Insunza Rojas, advirtió que estas desvinculaciones responden a una lógica más profunda, alertando que, a solo semanas del inicio del actual gobierno, se observa un patrón preocupante. “Las excusas de recorte presupuestario o de cargos de confianza ya no bastan. Desde las organizaciones sindicales vemos cómo se multiplican los despidos con dos pulsiones claras: una operación de desmantelamiento de las áreas de derechos humanos, de mujeres y de pueblos originarios, y una lógica de captura del Estado (…) La cantidad de directivos públicos a quienes se les ha pedido la renuncia no voluntaria demuestra que vienen por el botín. No se comprende que el Estado está al servicio de la ciudadanía y que sus trabajadores son garantes de derechos”, profundizó.
Desde las agrupaciones de derechos humanos, la reacción ha sido de profunda preocupación e indignación. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira Matus, expresó que “con estupor e indignación nos encontramos con este remache. Hoy despiden y descabezan el Programa de Derechos Humanos, que tiene que ver con la construcción de confianza con las agrupaciones”.
Asimismo, denunció una serie de decisiones que, a su juicio, configuran un retroceso en materia de derechos humanos. “Se ha retirado el Plan Nacional de Búsqueda, se han frenado iniciativas en derechos humanos y hoy vemos un gesto de venganza y de odio hacia los familiares y las víctimas”, indicó Lira, quien pese al panorama desalentador, reafirmó la continuidad de la lucha. “Sabemos que nos espera una larga tarea, pero vamos a seguir avanzando en lo que hemos construido durante 52 años”, aseguró.
Desde la ANEF reiteraron que estos hechos no son aislados, sino parte de una orientación política que debilita el rol del Estado y pone en riesgo políticas públicas esenciales.
Finalmente, la Agrupación llamó a las autoridades a revertir estas decisiones, respetar la estabilidad laboral y garantizar la continuidad de políticas públicas orientadas a la verdad, la justicia y la reparación.