Este martes 28 de abril, la ANEF, junto a la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (AFINJUV) y la FENAMIAS, ingresaron una presentación ante la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad del Decreto N°331 del Ministerio de Hacienda, que modifica el presupuesto del sector público y afecta directamente al INJUV. La acción fue respaldada además por los diputados Matías Fernández y Jaime Bassa.
El decreto, ingresado por el gobierno el 24 de abril de 2026, contempla una reducción de $3.859 millones al presupuesto del INJUV, equivalente a cerca del 47% de sus recursos, afectando principalmente gastos en personal y programas institucionales. Esto implica una disminución significativa de la dotación, pasando de cerca de 184 funcionarios a aproximadamente 45 a nivel nacional, comprometiendo la continuidad operativa del servicio.
El recorte impacta directamente programas aprobados por la Ley de Presupuestos 2026, como “Compromiso Joven”, implementado en más de 70 comunas del país, y “Hablemos de Todo”, enfocado en salud mental y que atiende a más de 9 mil jóvenes a nivel nacional.
El presidente de AFINJUV, Yuksu Ramos, señaló: “Ese decreto (N°331) implica una rebaja importante en los recursos de todos los servicios públicos del Estado chileno, en particular del Ministerio de Desarrollo Social, donde se le están recortando más de 32 mil millones de pesos “. Asimismo, advirtió que “estos recursos, que están recortando por vía de decreto le pegan directamente a la línea programática del servicio”, y cuestionó que “es tremendamente delicado que comencemos a gobernar por decreto”.
Ramos enfatizó que esta decisión implica que el Estado no tendrá un programa referido a la prevención del suicidio adolescente.
Por su parte, el presidente nacional de ANEF, José Pérez Debelli, afirmó: “Estamos respaldando a cada funcionario y funcionaria del Instituto Nacional de la Juventud, que tiene programas estratégicos esenciales en materia de prevención de suicidio, salud mental, empleabilidad y reinserción”. Agregó que “este decreto regresivo y antidemocrático golpea no solamente a este servicio estratégico, sino a todos los servicios públicos del país”.
La presentación ante Contraloría sostiene que la medida podría constituir una reestructuración de facto del servicio, al reducir simultáneamente presupuesto y dotación sin un acto formal de reorganización ni el cumplimiento de la Ley de Presupuestos, lo que vulneraría principios como la juridicidad, la continuidad del servicio público y la participación funcionaria.
Desde ANEF y AFINJUV reiteraron su rechazo al decreto y anunciaron acciones ante el Congreso Nacional, llamando a parlamentarios de todos los sectores a pronunciarse.
“Cualquier modificación estructural o presupuestaria tiene que ser conversada con las organizaciones sindicales que representan a las y los trabajadores”, enfatizó Pérez Debelli.
MINUTA RECORTE PREUPUESTARIO ABRIL 2026 VF Presentación CGR Decreto 331_2026.docx (1)