Este miércoles 5 de agosto en un hecho histórico, representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos de Chile, denunciaron las políticas regresivas del presidente José Antonio Kast, en la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, CIDH.
Nuvia Guajardo. Directora Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Erika Hennings. Presidenta de Londres 38, espacio de Memorias, Paola Peebles de la Asociación por la Memoria y los DDHH, Colonia Dignidad, y desde la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Tamara Lagos, Magdalena Garcés y Paulina Zamorano, fueron quienes intervinieron en esta audiencia temática.
Los puntos ejes de su intervención se centraron en el desmantelamiento y reajuste estatal, el vaciamiento de la institucionalidad de ddhh en Chile, el debilitamiento de la memoria histórica, el caso de Colonia Dignidad y en los Indultos pasivos a responsables de graves violaciones a los ddhh.
Durante la intercesión de 20 minutos las representantes de cada organización acusaron al gobierno por su política regresiva en materias de derechos humanos y temas sociales, instando a su reversión inmediata, ya que “estos hechos constituyen un grave retroceso y una pérdida de garantías que han sido conquistadas tras décadas de movilización de la sociedad civil. Por ello, solicitamos que evalúe estas medidas a la luz de los principios de progresividad y no regresividad, participación, transparencia y rendición de cuentas”, indicaron en la presentación.
Intervención de Nuvia Guajardo, secretaria de jóvenes ANEF
I. DESMANTELAMIENTO Y REAJUSTE ESTATAL
Oradora: Nuvia Guajardo Leiva
En nuestro país, Chile, el gobierno argumenta una crisis económica para aplicar severos recortes al gasto social, pero al mismo tiempo está ad portas de aprobar una reforma tributaria que erosionará la recaudación en 4.500 millones de dólares anuales para beneficiar a los sectores de mayores ingresos.
Como representante de las servidoras y los servidores públicos chilenos, ANEF comparece ante esta Comisión no para relatar una lista de recortes, sino para advertir un proceso de mayor profundidad: la reducción sistemática de las capacidades del Estado chileno para garantizar derechos humanos.
Los antecedentes que proporcionamos muestran que estas medidas, observadas en conjunto, generan una reconfiguración del Estado que desplaza capacidades desde la garantía de derechos hacia un aparato con menor presencia preventiva, territorial y especializada.
Nuestra tesis es precisa. No discutimos aquí una política fiscal legítima; los Estados pueden ajustar sus prioridades presupuestarias. Discutimos si esas medidas son compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, que exige que toda medida regresiva esté justificada, sea necesaria, proporcional, temporal y compatible con el deber de utilizar el máximo de los recursos disponibles.
El estándar no es cuánto gasta el Estado, sino si conserva la capacidad institucional para cumplir sus obligaciones.
El Decreto Supremo N°338, de abril de 2026, impuso un recorte transversal del 3% en el gasto público de cada servicio. Esto ha provocado despidos arbitrarios orientados ideológicamente, limitación de recursos para políticas específicas y descontinuación de políticas públicas, contradiciendo acuerdos previos de fortalecimiento institucional como el Protocolo Gobierno-ANEF de 2024.
Hoy advertimos el desmantelamiento de capacidades técnicas y de conocimiento.
El Instituto Nacional de Estadísticas sufre un recorte de 652 millones de pesos y la eliminación de la Encuesta Laboral, su principal instrumento para medir condiciones de trabajo y desigualdades.
El Instituto Nacional de la Juventud proyecta una caída cercana al 47% de su presupuesto y al 75% de su dotación, con programas como Compromiso Joven, Hablemos de Todo y el Observatorio de Juventudes que experimentan reducciones significativas, afectando la participación juvenil, la salud mental y la producción de información especializada.
Si bien, la OCDE registra una tendencia global de reducción en las tasas de suicidio adolescente, Chile se encuentra por encima del promedio y con una evolución ascendente.
Esto contrasta con la eliminación de capacidades que constituyen herramientas fundamentales para garantizar la inclusión social de personas jóvenes y reducir barreras estructurales de acceso a derechos.
En el Ministerio de Bienes Nacionales se elimina la Unidad de Pueblos Indígenas y se cierra progresivamente el Plan Buen Vivir, justo en un ámbito donde Chile mantiene obligaciones reforzadas de consulta bajo el Convenio 169 de la OIT.
La Dirección del Trabajo asume nuevas obligaciones con menor capacidad de control Ello puede traducirse en mayores tiempos de tramitación, y una menor capacidad fiscalizadora y una reducción en la eficacia de los mecanismos administrativos destinados a proteger a víctimas de acoso, violencia y otras vulneraciones de derechos laborales, justamente en el ámbito en que Chile mantiene obligaciones bajo el Convenio 190 de la OIT.
En seguridad pública, mientras se fortalecen las funciones de control y persecución penal, se reducen los programas de prevención, atención a víctimas y tratamiento de drogas: el Estado se concibe cada vez más desde una lógica reactiva, justo cuando debilita las políticas destinadas a evitar que las vulneraciones ocurran.
En el ámbito de la salud, los antecedentes recopilados evidencian un proceso de debilitamiento de la Atención Primaria de Salud (APS), principal puerta de entrada al sistema sanitario y eje de la estrategia de salud familiar y comunitaria. Entre los programas identificados se encuentran aquellos destinados a salud mental comunitaria, prevención del suicidio, cuidados paliativos, personas mayores autovalentes, personas con demencia, programas odontológicos preventivos, Fondo de Farmacia (FOFAR), hospitalización domiciliaria, programas dirigidos a población migrante, salud trans, PRAIS, rehabilitación comunitaria y programas de acompañamiento psicosocial, entre otros.
El Servicio Nacional de la Mujer ve debilitados los equipos que sostienen la autonomía económica y la prevención de la violencia de género.
En cultura, el recorte de los fondos de creación restringen el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural, con particular impacto en comunidades rurales.
El recorte descrito posee, además, un problema de forma: el presupuesto 2026 fue aprobado por una ley especial, con quórum calificado, en que cada partida es aprobada y discutida previo informe financiero.
No puede simplemente, por medio de un decreto, modificarse una ley de esa naturaleza.
Gobernar por decreto es, en sí mismo, violatorio de la propia carta fundamental. Viola la esencia del Estado de derecho.
En conclusión, tanto lo que ha ocurrido durante 2026 como lo que ocurrirá entre 2027 y 2030, da cuenta de una regresividad simultánea: presupuestaria, institucional, programática y simbólica. No se trata de simples ajustes por austeridad fiscal, sino de una nueva narrativa
estatal permanente que despoja al Estado de sus capacidades operativas, amenazando la garantía efectiva de los derechos humanos y vulnerando las obligaciones internacionales adquiridas por Chile.
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Punto de prensa previo
En la sede de ANEF, en Santiago, más temprano y previo a esta audiencia, se desarrolló un punto de prensa donde se entregaron detalles de los temas que se abordarán en la Audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que representantes de organizaciones de derechos humanos y sociales de Chile denuncian el impacto de estas medidas.
En representación de las organizaciones de derechos humanos, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, y Premio Nacional de DDHH, Alicia Lira, enfatizó sobre el riesgo de los indultos a criminales de lesa humanidad que hoy se encuentran cumpliendo condenas, “cuando los criminales de lesa humanidad están pidiendo beneficios hay una orden del Programa de Derechos Humanos, de no apelar, que significa que si los Tribunales lo autorizan se van a sus casas”
Macarena Silva, coordinadora de Londres 38, espacio de memoria expuso sobre los recortes presupuestarios y la incertidumbre de los sitios de memoria que hoy cuentan con financiamiento, “los sitios de memorias los espacios de memoria garantizan que los temas de derechos humanos, no son los temas de las víctimas y familiares, son el estado que tiene que garantizar y tiene obligaciones internacionales y de justica (…) en el caso de los sitios de memoria, de los más de 1.000 sitios reconocidos solamente 70 están declarados como monumento histórico o envías y solo 33 tiene administración (…) solo hay 8 que reciben financiamiento regular”.
Representado a la Internacional de Servicios Públicos, Náyade Quevedo, se sumó a estas declaraciones indicando el rol que cumplen como organismo internacional en apoyo a la defensa d ellos derechos sociales y de derechos humanos, resaltando que cuando se contrae o debilita el estado, se pierden derechos y el principal imparto recae en la ciudadanía.
El presidente de ANEF, José Pérez Debelli, resaltó el rol de la Confederación en esta iniciativa comentado como se agruparon diversos Servicios para exponer, en el informe a la CIDH, sobre las vulneraciones a los derechos del los y las trabajadores del estado. El líder sindical destacó el rol de ANEF y su comprimo con el sindicalismo socio político.
“Conocen la ANEF, tenemos un principio renunciable, que es ponernos a disposición en la defensa, promoción y custodia de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo (…) nosotros pusimos a disposición con el equipo político de la ANEF, que ahí está presente, la abogada nuestra Alejandra Miranda, que ayudó también en la redacción con la experiencia que tiene en la línea de trabajo histórico, también relevar esa importancia. Nuvia Guajardo, nuestra Secretaria de Juventud, de la ANEF y hoy día está dando la cara por esta confederación y por todos los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto creo que es importante mencionarlo, son mujeres y lideresas que también nosotros queremos refrendar ese valor”
Al finalizar el presidente de ANEF, invitó a estar atentos a este proceso que se inicia este día que se espera tenga efectos reales tanto en la denuncia como en las medias que debe tomar el gobierno. Destacó asimismo el rol que tiene ANEF en este momento histórico, “El 20 de mayo se lo dijimos en la moneda al Presidente de la República, por mandato de nuestra Asamblea, del 5 y 6 de marzo de este año. Defensa del trabajo, defensa de la vocación pública, defensa del presupuesto, defensa del rol del Estado, pero no solamente desde el punto de vista corporativo, nosotros abrazamos el mecanismo sociopolítico y lo colocamos como énfasis, claro, pensando en la ciudadanía, en esa gran mayoría que sigue golpeando las puertas del Estado”.