La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), expresó su “profundo rechazo” ante la posible ratificación del Acuerdo Comercial Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP 11, por parte del parlamento chileno.
Mediante un comunicado, la CLATE declaró su “total solidaridad” con sus organizaciones miembros en Chile, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Confederación de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), que junto a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), han hecho un llamado a los legisladores de su país para rechazar el acuerdo.
“Como lo ha denunciado la CLATE en anteriores oportunidades, el TPP 11 es un instrumento a la medida de las corporaciones trasnacionales, que avasalla la soberanía de los Estados y limita su capacidad regulatoria”, señala la Confederación.
“En ese sentido, el TPP restringe la posibilidad de aplicar políticas públicas en cuestiones de salud y acceso a medicamentos, en políticas agropecuarias y de libre uso de semillas, limita el accionar de las empresas públicas y promueve su privatización, liberaliza las compras públicas e impide usarlas como herramienta de promoción del desarrollo local, entre otros perjuicios”, agrega el comunicado, que lleva la firma de Julio Fuentes, presidente de la CLATE, y de Martín Pereira, secretario general.
“El TTP –prosigue la declaración– viola los Derechos Humanos en general, restringe al mínimo los derechos laborales y viola el Convenio 169 de la OIT, en tanto no admite la consulta a los pueblos originarios en cuestiones que los afectan. Tratados como el TPP, orientados a garantizar los intereses de las corporaciones por sobre el interés general limitan, en definitiva, el derecho de la ciudadanía a autogobernarse”.
“Por todo ello, la CLATE suma su rechazo a la ratificación del TPP en Chile y acompaña la declaración de los y las estatales del país andino contra las ganancias abusivas de las empresas trasnacionales, por la soberanía económica, en defensa de la función y el empleo público, y en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras”, concluye.
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