Este martes 7 de enero, la Comisión de Economía del Senado aprobó en general y por unanimidad el proyecto de ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N° 16.566-03), el cual busca estandarizar y agilizar los procedimientos de permisos y autorizaciones sectoriales, interviniendo 37 leyes. La iniciativa tiene como objetivo modernizar el funcionamiento del Estado y garantizar una mayor eficiencia en la tramitación de permisos que impactan diversas áreas productivas del país.
Sin embargo, el artículo 26 del proyecto ha generado controversia, pues establece sanciones económicas para funcionarios públicos que incumplan los plazos en la tramitación de permisos. Según este artículo, los retrasos injustificados serían penalizados con multas equivalentes a un porcentaje de la remuneración mensual, previa investigación sumaria realizada por la Contraloría General de la República.
Frente a esto, durante la sesión el presidente de la Agrupación, José Pérez Debelli, expresó el rechazo de la Confederación al artículo, señalando que introduce «un enfoque punitivo que desvirtúa la función pública» y no considera las múltiples causas externas que pueden influir en los retrasos, como falta de dotación, presupuesto insuficiente o licencias médicas.
«Esta norma amedrenta y violenta a los trabajadores públicos», afirmó Pérez Debelli, proponiendo que, en su lugar, se utilicen mecanismos ya existentes, como los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG).
Por su parte, el Ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró la participación activa de la ANEF en el debate legislativo y destacó que el Ejecutivo también tiene reparos respecto al artículo 26. «No estamos de acuerdo con el diseño de incentivos que quedó en la Cámara de Diputados. En la discusión particular, presentaremos una propuesta en línea con el protocolo (…) que quede mejor expresado en la ley que esto se va a hacer a través de PMG», afirmó Grau, subrayando la importancia de mantener un diálogo colaborativo.
Con la aprobación en general del proyecto en la Comisión, comienza una nueva etapa en el Senado, donde se espera que se consideren las indicaciones a ciertos artículos y modifiquen los puntos más controvertidos, incluyendo el 26.
