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Asociaciones del MOP acusan ley de “amarre” en nueva institucionalidad de Recursos Hídricos

  Publicado el 20 de Julio, 2021

A través de  un comunicado público, Asociaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) denunciaron que las modificaciones que propone el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos “podría neutralizar el actuar de la Dirección General de Aguas (DGA), al intentar crear un Panel de Expertos en Recursos Hídricos”, designado por el Presidente de la República, sin responsabilidad administrativa y que amenaza con perpetuar “el rol subsidiario del Estado”.

Además, la creación de la Dirección General de Obras Hidráulicas fomentaría “la mantención de obras hidráulicas que benefician principalmente al sector privado”.

También, manifestaron que se “desconoce los efectos administrativos en cuanto a la dotación de sus funcionarios”, teniendo en cuenta que “tan solo el 6% de los funcionarios del MOP pertenecen a Planta y que la “actual DGA carece de herramientas, dotación y condiciones propicias para hacer efectiva su atribución de planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales”.

En el comunicado se denuncia el rol de la derecha y Piñera como defensores acérrimos de los capitalistas y se rechaza el intento de legislar sin participación vinculante de las comunidades y trabajadores.

” El sector político que hoy gobierna no ha cesado en defender los intereses del mercado y las grandes empresas que se llevan y acaparan el agua de nuestros ríos y acuíferos, desabasteciendo de ese bien a las comunidades y territorios. Hasta la fecha, sólo se han ocupado de dar certezas jurídicas al gran capital, y asegurarles sus ganancias y lucro”.

Sostienen y acusan que cualquier modificación al Código de Aguas, en beneficio del bien común, representa expropiaciones encubiertas. “Estamos convencidos que este Panel de Expertos en Recursos Hídricos, el que tendría una opinión por sobre la Dirección General de Aguas y los procedimientos que la norman, polarizaría aún más las decisiones según las conveniencias del mercado y las autoridades de turno. Se da por descontado, una vez más, que los miembros de esta Comisión, serán elegidos por el actual Gobierno en detrimento del bien común”, agregaron.

Finalmente, las organizaciones sindicales expresaron que: “Rechazamos cualquier intento de legislar sobre materias, que después de la revuelta social de octubre del 2019, y con una Convención Constitucional instalada y en funcionamiento, son resorte de la deliberación democrática. En consecuencia, no pueden ser resueltas por un panel de expertos, tal como lo establece la propuesta legislativa, sin la participación activa y vinculante de las organizaciones sociales, comunidades, territorios, sindicatos y asociaciones de trabajadores/as. En el cumplimiento de nuestro rol gremial, haremos lo necesario y urgente para que temas tan relevantes para el país, sean abordados y resueltos en función del interés común, y por tanto este gobierno no puede, al igual que la dictadura cívico militar, decretar leyes de amarre en favor del sector privado”.

*Foto: Archivo ANEF

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