Ahora es muy claro que el gobierno de Sebastián Piñera Echeñique asume el COVID-19 como un aliado. La pandemia le permite avanzar desembozadamente con una agenda ideológica que profundiza el modelo neoliberal. Su propósito es debilitar las capacidades del Estado, limitar la función pública y proteger la inversión privada y el patrimonio del gran capital.
Desde sus inicios el actual gobierno mostró su propósito de perfeccionar en Chile la economía de mercado de corte neoliberal; su posición respecto del Estado fue reducir el gasto fiscal, precarizar el empleo público y avanzar en la privatización de la función pública. Los primeros proyectos de ley apuntaban a desmantelar los ejes de las políticas progresistas del gobierno anterior, especialmente en materia educacional y tributaria (Ley de Aula Segura, Proyecto de Ley de Admisión Justa, Proyecto de ley de modernización Tributario con integración, etc.). Muy pronto mostró también sus cartas en su afán modernizador del Estado, en la cual era muy claro el afán de otorgar mayor “flexibilidad” al empleo público; es decir, profundizar y legalizar la precariedad laboral, rebajar las remuneraciones públicas mediante el establecimiento de incentivos individuales por sobre los actuales indicadores del PMG, premunirse de mayores atribuciones en el manejo presupuestario para efectuar recortes y desviaciones de fondos sin fiscalización de los organismos de control. En esta misma sintonía, intentó frenar la jurisprudencia judicial y administrativa que favoreció a los miles de despedidos del sector público en su primer año de gobierno, enfrentándose finalmente con el Parlamento que amenazó con no aprobar la ley de presupuesto del año 2019 si no se implementaban instancias administrativas de revisión de los despidos de funcionarios públicos.
Sin embargo, el largo historial de abuso de un sistema económico, basado en un Estado subsidiario y en la iniciativa privada exclusiva, que privilegió siempre el interés de los grandes y poderosos grupos económicos, desembocó en un estallido social el 18 de octubre de 2019. Millones de chilenos y chilenas, que se rebelaban contra el lucro, la injusticia social, la vergonzosa inequidad, la postergación y ausencia de los derechos sociales, las leyes laborales regresivas y las políticas antisindicales de división y control, salieron a las calles y plazas del país a manifestar este descontento, solicitando cambios profundos. En estas circunstancias y frente a las masivas manifestaciones populares, el gobierno se vio obligado a dar tímidos pasos hacia una reforma constitucional, negociando en “una cocina política”, junto al Parlamento, el llamado Acuerdo por la Paz” y elaborando insuficientes programas sociales, que apuntaban principalmente a un manejo comunicacional de la grave crisis social.
Posteriormente, surge el COVID-19, una Pandemia que inicia un largo paréntesis a la vida social, tal como hasta ahora la concebíamos. El gobierno aprovecha este momento, puesto que le permite tener un respiro frente al movimiento social que exigía cambios y avanzar en sus propósitos ideológicos postergados, reinstalando una política estatal de recortes presupuestarios y limitando las posibilidades de los Servicios públicos para poder apoyar a la ciudadanía, frente una inédita crisis sanitaria que afecta a todos los habitantes de la república. Consolidado este propósito de jibarizar el presupuesto de la Nación, inicia una serie de medidas para el salvataje de las empresas, y con el pretexto de ayudar a la pequeña y mediana empresa permite la aplicación de un principio del derecho privado, como es la fuerza mayor y el caso fortuito, para suspender el pago del salario a todos los trabajadores afectos al Código del Trabajo.
Sin mucho esfuerzo se puede deducir que lo que se pretende es superar la crisis sanitaria con el sacrificio de las y los trabajadores. En efecto, mediante el dictamen Nº 10 de la Dirección del Trabajo, se inicia la historia de este despojo, se permite la aplicación de la causal de la fuerza mayor o caso fortuito para suspender las remuneraciones de los trabajadores, posteriormente mediante la dictación de la ley Nº 21.226, denominada ley de “Protección del empleo”, se consigue echar mano de los propios recursos de esos trabajadores, mediante la utilización de los fondos que éstos mantienen en el Seguro de Desempleo, para paliar los estragos económicos, a nivel de supervivencia vital, que provocaran estas medidas patronales.
Por el contrario, respecto al sector empresarial, el gobierno, en sus últimas medidas, anuncia una inyección de U$ 3.000 (Tres mil millones de dólares) al Fondo de Garantía de Pequeñas Empresas (FOGAPE), con lo cual este fondo cuenta actualmente con U$ 24.000 (Veinticuatro mil millones de dólares). Supuestamente este fondo constituye apoyo en préstamos a “pequeñas empresas”, sin embargo el gobierno amplía el ámbito de aplicación para que este fondo sea utilizado por empresas de ventas anuales de hasta un millón de UF (Doscientos ochenta mil millones de pesos), en circunstancias que el límite original era de 350 mil UF (Las medianas empresas son aquellas que tienen entre 25.00 a 100.000 UF de ventas anuales). Este préstamo costo 0, que se otorgará a todo tipo de empresas, se le denomina Préstamo COVID-19. En un sistema económico en que el Estado no tiene un rol regulador del mercado financiero en materia de elegibilidad de destinatarios de los préstamos, es muy probable que suceda lo que pasó en la crisis del 2008; estos dineros quedarán en los bolsillos de las grandes empresas. Es decir, nuevamente el costo de la crisis social y humanitaria que vive Chile lo pagan las y los trabajadores, las grandes fortunas forjadas a costa del sacrificio y el abuso de las grandes mayorías, reciben todo el apoyo estatal, dejando atrás el viejo mito que es necesario apoyar al empresariado para que otorgue empleo.
Ámbito Público
Por su parte, en el ámbito público, el Ministerio de Hacienda dicta dos Oficios Circulares, Nº 11 de 23 de marzo del presente año, y el Oficio Circular Nº 15 de abril del presente. Ambas medidas administrativas pretenden inmovilizar al Estado desde la perspectiva presupuestaria.
Oficio Circular Nº 11. Esta disposición administrativa ordena el reintegro de todos los recursos disponibles en las cuentas bancarias de los servicios públicos, con la sola excepción de aquellos que por mandato legal deban mantenerse en administración del Servicio. Lo anterior tiene una doble lectura; en la parte considerativa el oficio circular señala que “(…) Dada la difícil situación sanitaria nacional, se requiere el apoyo de todos estos recursos para ejecutar y financiar las medidas necesarias para el sostenimiento tanto de la población como de la economía en su conjunto (…)”, lo que sugiere esta justificación es que el Oficio Circular Nº 11 es una fórmula de eludir los límites que se establecen en los artículos 26 y 26 bis sobre modificaciones presupuestarias contenidas en la Ley de Administración Financiera del Estado, tocando sutilmente asuntos que son materia de ley; en efecto, solamente por una ley de modificación presupuestaria puede autorizarse traspasos de fondos entre ministerios, puesto que si lo que se pretende es un ajuste presupuestario ante la crisis sanitaria, sólo puede comprenderse lo ordenado en la circular de Hacienda como una redistribución entre los servicios de distintas Secretarías de Estado, lo que evidentemente de concretarse sería una grave infracción de ley. Por otra parte, si lo que se pretende en este oficio circular es el ejercicio de las facultades que el artículo 26 bis permite, el traspaso de excedentes de los Servicios e Instituciones del Estado a rentas generales de la Nación, esto se transforma en un acto burocrático sin sentido, y que deviene en un recorte presupuestario inaceptable, privando a los servicios y gobiernos regionales de las posibilidades de cumplir con su función pública, en momentos especialmente sensibles para la administración pública.
Oficio Circular Nº 15. Lo que aquí dispone el Ejecutivo es un serio recorte en el subtítulo 21 de la ley de presupuesto, en relación con la dotación de los funcionarios/as públicos; suspende las nuevas contrataciones, los mejoramientos de remuneraciones, prohíbe los reemplazos, suspende los fondos para nuevo viáticos, las horas extraordinarias solo pueden compensarse con descanso complementario, se suspenden los viajes al exterior y, en general se propende a disminuir el gasto de los funcionario/as públicos en el ejercicio de sus funciones e impide a los servicios mantener o aumentar la dotación en los graves momentos que vive el país. Esta camisa de fuerza constituye una nueva forma de ahorro” estatal, con lo cual la función pública ve disminuida su capacidad, mientras las ayudas gubernamentales van dirigidas a apoyar a las empresas y al sector financiero, demostrando que los costos de la Pandemia son de cargo de los trabajadores/as de nuestro país.
Con estas medidas administrativas, dictamen de la Dirección del Trabajo, oficios circulares del Ministerio de Hacienda se demuestra que este gobierno prosigue con una agenda neoliberal clásica; flexibilidad laboral y disminución de los gastos del Estado. Esto pone de relieve que los verdaderos costos de la crisis social y sanitaria que vive Chile deberán soportarla los trabajadores/as, con la suspensión del pago de las remuneraciones, la utilización de sus propios fondos del denominado “seguro de cesantía”, el recorte de los emolumentos de los funcionario/as públicos y el término o no renovación de programas de políticas públicas que empleaban a trabajadores que contaban con esos empleos para su sustento y de sus familias. Como contrapartida, el gobierno establece medidas que constituyen un verdadero despliegue de medios jurídicos y económicos para el salvataje de las empresas, de la parte patronal y el sector financiero, no obstante que muchas de las grandes empresas, beneficiarias de estas medidas, ya han suspendido el pago de remuneraciones a sus trabajadores, como la constructora Moller Pérez Cotapos, el grupo Alsea controlador de las cadenas Starbucks, Burger King , PF Chang’s y Chili’s, entre otras.
Esto constituye un inaceptable aprovechamiento por parte de un gobierno que una vez más se inclina en favor de los poderosos, asegurando nuevamente sus ganancias, esta vez con el agravante que lo hace a costa del sufrimiento y la muerte de muchos compatriotas, en un episodio sin precedente de catástrofe sanitaria. El gesto del Presidente Sebastián Piñera Echeñique, de fotografiarse en el escenario de una Plaza de la Dignidad vacía, es lo que retrata la estatura moral de un gobierno al servicio del gran capital, que se regocija frente a la traición de un principio fundamental como es servir a todos los chilenos, especialmente a los más desprotegidos, mayormente en una encrucijada social, política sanitaria en la que se encuentra sumido nuestro país.
-Por el vicepresidente de Comunicaciones ANEF, Helmuth Griott.
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