La presidenta del Consejo Regional de Los Lagos, Pamela Espinoza, encabezó esta actividad en la que hizo un llamado a los parlamentarios de la zona, tanto diputados como senadores, a escuchar los planteamientos, sobre todo los puntos más complejos para la tramitación y que tienen que ver especialmente con la estabilidad laboral.
La líder regional indicó que, “se ha instalado fuertemente en la opinión pública como una ley de amarre. Nosotros creemos que esta demanda del sector público de mayor estabilidad es una demanda histórica de años, no es algo que se esté hoy día, por lo menos para nosotros como trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido queremos agradecer a los parlamentarios que efectivamente nos dieron su apoyo, como Héctor Barría, Emilia Nuyado, quienes manifestaron y expresaron su apoyo a los puntos en tramitación de la ley de presupuestos, de la ley de reajuste”.
Espinoza, lamentó que recién se hayan enterado que el gobierno bajó las expectativas y en fijó en los cinco años la confianza legítima, lo cual calificó como una sorpresa, “para nosotros la verdad es que es una sorpresa, pero sí responde a lo que en definitiva parlamentarios de la zona nos habían dicho respecto a la opinión sobre todo de las bancadas de los partidos de oposición, que instalaron como punto conflictivo el tema de la confianza en dos años, que era la demanda que teníamos los trabajadores y trabajadoras a través de la mesa del sector público”.
El caso de la región resaltó que esta medida afecta a un porcentaje significativo, “no tengo la cifra exacta ahora, vamos a tener que ver cuántas personas están en esta situación, pero igual hay que entender de que muchas de estas personas entraron bajo concursos públicos a las distintas reparticiones públicas, a desempeñarse en distintas labores y nosotros esperábamos de que en definitiva esto que se le llamó ley de amarre, lo único que decía era que al desvincular a una persona que tuviera menos de dos años, tendría que fijarse los criterios que fueran objetivos, es decir, de que se cumpliera con lo que dice el estatuto administrativo. Por lo cual nosotros como trabajadores y trabajadoras como ANEF no vemos dónde está la ley de amarre, si lo que se está diciendo es que para que un trabajador o una trabajadora pierda su empleo sea por criterios objetivos y no por subjetividades”.
La presidenta regional explicó que “entonces hoy día todas las personas que tienen menos de cinco años están en una situación de riesgo, porque no están protegidas en este sentido de llamar a la objetividad para que un trabajador o trabajadora pierda su empleo. Si uno lo compara con el sector privado, obviamente que para que una persona pierda su empleo tiene que tener criterios objetivos, no puede ser solamente una decisión arbitraria de la autoridad”.
Además, recordó en el caso de los trabajadores y trabajadoras a contrata en el Estado están desprotegidos en temas de indemnización, “en el sector público no existe ningún tipo de indemnización. Las personas cuando dejan de trabajar, cuando pierden su empleo, no tienen ningún tipo de indemnización ni nada (…) de hecho en esta mal llamada ley de amarre no se pedía ningún tipo de indemnización, solamente se decía que una persona después de los dos años debía ser, si perdía su empleo, debía ser con criterios objetivos, no podía ser subjetivo. Y eso lamentablemente hoy día el gobierno modifica la propuesta y la establece en los cinco años que en definitiva es lo que nosotros veníamos viendo, que era el mismo criterio que tenían los tribunales”.
Consultada sobre si estaban decepcionados del actual gobierno, respondió, “por supuesto, nosotros esperábamos lo que desde un inicio se planteó desde este gobierno, que iba a ser un gobierno de los trabajadores, con las demandas históricas, para darle mayor estabilidad a la contrata. Es decir, que se permitiera, que se reconociera que luego de dos años existía un vínculo entre el empleador y el trabajador, asimilando las condiciones que tienen los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Para nosotros también es un tema el que un trabajador se vaya sin ninguna indemnización y hoy día continúa la misma fórmula”.
Otro de los puntos a los que se refirió fue que el gobierno retirara el articulado de los cargos de confianza, “lamentamos también que el gobierno haya retirado de manera unilateral el articulado que hablaba precisamente de fijar los cargos de confianza, que también es una demanda histórica de la ANEF, de que cada vez que hay un cambio de gobierno se establece una bolsa donde cuesta identificar quiénes son efectivamente aquellos que cumplen un rol de cargo de confianza con aquellos que no”
Sobre el tema del rol del gobierno en la precarización del empleo, manifestó que “nosotros la verdad es que observamos que primero la Contraloría es elegida por el presidente, por lo cual entendemos de que los lineamientos que ella establece son acordados o por último conocidos por el gobierno que la nombró. Y en ese sentido nosotros claramente vimos cómo paulatinamente se han ido perdiendo derechos, que hoy día enfrentamos un cambio de gobierno en una situación de precarización, sobre todo considerando que se fija ya a los cinco años una mayor estabilidad para la contrata. Considerando que, en Chile, a pesar de que el Estatuto Administrativo fija que debiera ser un 80% de la dotación de planta y un 20% de contrata, es precisamente el número inverso. La gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras se desempeñan bajo la modalidad de la contrata, con toda la precarización que eso significa. Entonces, nosotros esperábamos que se pudiera haber avanzado en estos temas y que se terminara este gobierno con una mayor estabilidad reconociendo las herramientas que tiene el Estado para fijar las evaluaciones de desempeño, para fijar el ingreso a desempeñarse en una institución pública, sin embargo, eso quedó en nada finalmente”.
Sobre las acciones a seguir indicó que “hasta ahora desde la ANEF Nacional no se ha llamado a una movilización, más que haber hecho esta conversación con los parlamentarios, lo cual nos permite también saber a quienes efectivamente les hace sentido el mejorar las condiciones laborales en el Estado”.