Las organizaciones miembros de la CLATE, reunidas en su Comité Ejecutivo en la Ciudad de Santiago de Chile, en el marco del homenaje a Salvador Allende, a 50 años de su muerte y derrocamiento en manos de la dictadura civil militar, ratifican, una vez más, su decidida defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del sector público, así como también del Estado, como entidad capaz de encauzar el diálogo social y de proveer los bienes y servicios que garantizan los derechos de la ciudadanía y la justicia social.
Contrariamente a lo que se suele suponer, las trabajadoras y los trabajadores estatales no gozan de mayores derechos que el resto de los empleados formales. Y esto se refleja, a nivel mundial, en el escaso nivel de ratificación de los convenios internacionales que reconocen los derechos de sindicación y de negociación colectiva.
A 45 años de la adopción del Convenio 151, sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, solo 58 de los 187 Estados miembros de la OIT han ratificado esta norma. En nuestra región, sólo 13 países cuentan con esta herramienta, y varios de ellos no han establecido leyes para habilitar su aplicación.
En el caso del Convenio 154 sobre el fomento a la negociación colectiva, que amplía a los estatales un derecho del que se hallaban expresamente excluidos en el Convenio 98 sobre la misma temática, su suerte no ha sido mejor. A 42 años de su adopción por parte de OIT fue ratificado por apenas 50 Estados.
Dentro de este marco de falta de ratificación y reglamentación, desde CLATE saludamos el camino iniciado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien firmó recientemente un decreto para la conformación de un Grupo de Trabajo Interministerial, integrado por centrales de trabajadores y la CSPB, que deberá elaborar una propuesta de reglamentación de la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública federal.
Esta iniciativa, que avanza en sintonía con los principios establecidos en el Convenio 151 de OIT, da lugar a una de las banderas históricas de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB), organización miembro y co-fundadora de la CLATE.
No obstante, a pesar este auspicioso cambio de rumbo en Brasil, insistimos en que existe un atraso serio en materia de derechos laborales para las y los estatales a nivel mundial. Y es bueno destacarlo porque volvemos a escuchar voces que hablan del empleo en el sector público como un lugar de privilegio, cuando en los hechos es un empleo atravesado por diferentes niveles de precariedad.
En Chile, en el marco de un nuevo proceso constitucional, las trabajadoras y los trabajadores se ven enfrentados a la pérdida de la estabilidad en el empleo, debido al accionar de representantes de facciones de ultraderecha, que atentan contra el sector estatal con una agresividad que se extiende cada vez más por toda la región.
En Perú, la creación de la Procuraduría en Materia Hacendaria amenaza la negociación colectiva descentralizada, con la intromisión y fiscalización de los convenios colectivos de universidades y municipalidades.
Frente a ello, en 2023 la CLATE inició su campaña por la ratificación del Convenio 151, para visibilizar este problema y para luchar por defender el derecho que la norma protege y garantiza: la negociación colectiva. Si no hay negociación colectiva no hay negociación salarial, ni de condiciones de trabajo. Y negar este derecho es la base de todos los abusos que se generan en la relación de empleo en el Estado.
Pero estamos, a su vez, ante otro problema, el del ataque sistemático al Estado. Asistimos al surgimiento de expresiones de ultraderecha, que en Brasil encarnó Jair Bolsonaro y que en Argentina se ven representadas por el ascenso de Javier Milei. Se trata de discursos que exacerban los gastados argumentos neoliberales y sus fallidas políticas económicas. Apelan a exabruptos que, en el caso de Javier Milei, apuntan a la eliminación total de vastas áreas estatales, como los organismos de seguridad social, los bancos centrales, o la investigación en ciencia y tecnología. En esa misma línea de ideas, proponen dejar libradas al mercado otras áreas críticas, como la salud, la educación y la previsión social, profundizando el sendero de la tercerización y la privatización. En cuanto a los cambios en los sistemas previsionales, reducen jubilaciones, pensiones y elevan la edad de retiro.
Este neoliberalismo se nutre, entre cosas, de la frustración de las nuevas generaciones que no logran insertarse en el mercado laboral formal, y a las cuales los Estados no logran ofrecerles herramientas para cambiar sus vidas y transitar un camino de movilidad social ascendente. La habilidad de esta nueva ultraderecha, funcional a los sectores más concentrados del poder económico, es denunciar lo que falta por hacer y simular que el Estado no resuelve nada.
Ignoran, con especial perversidad, que los servicios públicos sostienen prestaciones que el mercado jamás brindará por no ser rentables. Plantean con malicia, que los impuestos son un robo y no obligaciones, sobre todo de quienes más tienen. Fabulan que el Estado es un freno a la libertad de negocios, cuando el Estado subsidia empresas y promueve la actividad económica. Mienten cuando responsabilizan con exclusividad a los gobiernos de fenómenos como la inflación, a la vez que ocultan el rol de los sectores monopólicos y formadores de precios.
En nombre de la “libertad” se está logrando convencer a los sectores más vulnerables, librados a su suerte por la incapacidad del Estado de llegar a todos ellos, que el sector público es la causa de todos los males. Y en defensa de esa distorsionada noción de libertad impulsan el más rancio individualismo e impugnan la idea de justicia social que, desde mediados del siglo pasado, es para todos nosotros y nosotras un horizonte a conquistar.
Estas nuevas derechas latinoamericanas desprecian cualquier intento de unidad latinoamericana y caribeña, mientras se alinean con el imperialismo norteamericano sin miramientos. Así, avalan las acciones de la potencia del norte que, de manera ominosa, extorsiona a nuestras naciones a través de instrumentos como el Fondo Monetario Internacional, como en Argentina, o directamente mediante bloqueos que asfixian las economías de pueblos hermanos, como sucede en la República Bolivariana de Venezuela y, hace más de 60 años, en la República de Cuba. Situaciones que repudiamos y condenamos.
Frente a esa ideología del “sálvese quien pueda” las trabajadoras y los trabajadores estatales, organizados sindicalmente, tenemos que oponer una doble resistencia. La primera es la que nos exige la lucha concreta en defensa de nuestros puestos de trabajo y de los derechos laborales que nos asisten. No nos regalaron nada de lo que tenemos, lo conseguimos luchando, y luchando debemos defenderlo.
La otra pelea por dar es en el plano ideológico, de cara al futuro, a nuestros pueblos y a la sociedad a la que servimos. En un contexto de colapso socio-ecológico y de crisis civilizatoria, debemos dar las disputas necesarias para superar el orden patriarcal y profundamente desigual en el que vivimos, considerando que las mujeres son las que más sufren el embate del sistema capitalista. Sin feminismo, no es posible avanzar hacia una sociedad sin explotados ni explotadores.
Por eso debemos defender el rol del Estado. Porque es a través de las políticas públicas que podemos garantizar derechos, en toda área de la vida donde la lógica mercantil no tiene lugar. El Estado no es una entidad ideal, es un espacio en disputa. Las fuerzas de ultra derecha, cuando conquistan espacios de poder, asfixian, bloquean, desmontan y destruyen la estructura estatal mediante la reducción de recursos, y posibilidades, y la manipulación presupuestaria en beneficio sus intereses mercantiles. Por eso, en todo lugar donde no llega el Estado debemos pelear por hacerlo crecer y desarrollarlo, en prestaciones y servicios hacia quienes más lo necesitan.
Lo planteamos con anterioridad en una de nuestras Campañas Continentales y debemos volver a decirlo a nuestros pueblos: “Mi trabajo, son tus derechos”. Por vocación de servicio, por compromiso con nuestra función y, sobre todo, por la convicción política que nos orienta para construir el Estado que queremos.
A la frustración individualista, que se expresa en discursos de odio y destrucción debemos oponer la más cálida y fraterna pedagogía que permita explicar y entender que nadie se salva solo o sola. Porque tal vez, solos podremos andar más rápido, pero sin duda alguna, juntos y juntas podremos llegar más lejos.
