Rechazo a la eliminación de institucionalidad pública
La ISP condena categóricamente la intención de suprimir una institución pública mediante decretos, señalando que esta decisión:
- Desconoce los marcos legales y constitucionales
- Debilita el rol del Poder Legislativo
- Omite el Diálogo Social
- Carece de sustento técnico y visión de política pública
Desde la organización internacional advierten que esta medida representa un grave retroceso en la promoción de la participación y el desarrollo de la juventud.
Impacto directo en trabajadores/as y servicios
Según lo denunciado por AFINJUV, asociación afiliada a ANEF, el Decreto N°331 del Ministerio de Hacienda contempla:
- ❌ Recorte del 47% del presupuesto 2026
- ❌ Despido de 137 funcionarias/os al 31 de mayo
- ❌ Cierre de direcciones regionales
- ❌ Eliminación de espacios de organización juvenil
Estas medidas configuran una liquidación progresiva del INJUV mediante asfixia presupuestaria.
Consecuencias para la juventud
La ISP advierte que la eliminación de INJUV implica la desaparición del único organismo encargado de ejecutar políticas públicas dirigidas a las juventudes en áreas clave como:
- Participación social
- Salud mental
- Empleabilidad
- Prevención de la violencia
Lejos de tratarse de una modernización del Estado, se trataría de un desmantelamiento institucional que afecta directamente el presente y futuro de la juventud chilena.
Exigencias al Gobierno de Chile
La ISP Cono Sur plantea las siguientes demandas:
a. Revertir la decisión de eliminar INJUV y garantizar la continuidad laboral de las y los 137 trabajadores.
b. Instalar instancias de Diálogo Social con organizaciones sindicales y del movimiento juvenil.
c. Asegurar que cualquier rediseño institucional respete el marco constitucional y el debate legislativo.
Solidaridad internacional
La ISP reafirma su compromiso con sus organizaciones afiliadas en Chile, incluyendo ANEF y AFINJUV, y señala que llevará estas denuncias a instancias internacionales, incluyendo el sistema de Naciones Unidas.
Asimismo, advierte que no permitirá la normalización de despidos masivos en el sector público como herramienta de debilitamiento sindical y de la función pública.