Critica que la propuesta establezca que, tal como ocurre actualmente, los funcionarios del Estado no se puedan declarar en huelga y afirma que novedades como consagrar un ‘trabajo decente’ son consignas insuficientes.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, dice que votará en contra de la propuesta constitucional, pues afirma que el texto no lo representa.
Su postura —que recalca es personal— resulta coherente con el ‘estado de alerta’ que la organización levantó en septiembre pasado ante normas aprobadas por el pleno del Consejo, como el derecho a la huelga ‘ejercida dentro del marco de la negociación colectiva’, en especial por el inciso que explicita que ‘no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades (…)’.
Pérez opina que ‘la propuesta más bien se aleja de las expectativas de reconocer y poner en el centro al trabajador y la trabajadora’, y que es un retroceso ‘de lo que uno esperaría de una Constitución’. Agrega que como ANEF abrazan el llamado ‘sindicalismo sociopolítico, tenemos una opinión de lo que pasa en nuestro país y en el mundo, por lo que el texto propuesto vuelve a supeditar el derecho a la previsión social, a la salud digna, a la vivienda, al sueldo que tiene un trabajador y trabajadora y dejando de lado el rol del Estado democrático, social y garante de derechos para las grandes mayorías de nuestro país’.
—La propuesta del Consejo incluye el concepto de trabajo decente, que no existe en la Carta vigente. ¿Cuál es su valoración de esto?
—Más bien se queda en una consigna, es decir, está solo el título. Si bien es cierto que tiene una bajada, también es insuficiente porque para nosotros el trabajo decente implica derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y esto está asociado también con algo que nosotros hemos dicho siempre, que sea un desarrollo laboral justo, con justa remuneración, con una progresión de la carrera funcionaria que no tenemos en el Estado, con una capacitación permanente, con posibilidades de tener y asumir responsabilidades hasta el tercer nivel, que es nuestra conquista sindical. Y por supuesto, en un marco de egreso o de retiro desde la fuente laboral también con seguridad social garantizada y con una pensión digna.
Añade: ‘Un trabajo decente también incorpora la importancia de la negociación colectiva y el derecho a la huelga, respetando los convenios internacionales de la OIT, como son el 87 de libertad sindical y la protección a tener sindicato; el 98, sobre el derecho a tener también sindicalización y negociación colectiva, y el 151, que permite y regula las relaciones de los funcionarios y funcionarias del Estado. Estos convenios actualmente tienen rango constitucional y han sido ratificados por el Estado de Chile’.
—¿Qué le parece el derecho a huelga, que quedó enmarcada en la negociación colectiva en la propuesta?
—Consagra algo que ya está en la actual Constitución de la dictadura que dice que no podemos (los empleados fiscales) tener el derecho a la huelga, no podemos formar sindicatos ni tener negociación colectiva. Este texto lo que hace es ratificarlo por escrito, nos pone la lápida.
—La propuesta incluye temas como el derecho al descanso, la desconexión digital, prohíbe la discriminación en especial entre hombres y mujeres. Son aspectos que se podrían perder si el texto se rechaza.
—Ya existe normativa en esta materia, y que el texto también lo reafirma (…). Existe experiencia internacional relacionada con el derecho a la desconexión, el respeto a conciliar la vida laboral y familiar. Son aspectos que ya tienen un referente internacional y sirven de respaldo para avanzar en la legislación nacional.
—¿El texto queda al debe, a su juicio?
—(El texto) se distancia de las expectativas y aspectos que llamamos conquistas sindicales.
—¿No hay aspectos que rescatar, quizá aisladamente, en caso de que se rechace?
—Es difícil rescatar algo del texto, incluso aspectos aislados, más bien está más lejana que cercana a las expectativas y demandas de las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
—La CUT, la ANEF y otras asociaciones han sido críticos de la Constitución vigente, apoyaron el texto de la Convención y ahora están inclinados por el En contra. ¿Cuál es la razón para mantener un texto que tampoco les agrada?
—Nosotros somos afiliados a la CUT. Por tanto, respaldamos la definición político-sindical. En la ANEF hicimos un debate con nuestras estructuras de base, con nuestro consejo regional y el director nacional para definir nuestra orientación político-sindical que permita orientar y entregar las herramientas para una decisión informada. Para nosotros, después de haber leído la propuesta con nuestras bases, consideramos que es un retroceso.
—Se ha dicho que pase lo que pase en diciembre no habrá un nuevo proceso, que si gana el A favor, se podrían hacer reformas al texto y si gana el En contra, se podría reformar la Constitución vigente en el Congreso. ¿La ANEF continuará movilizándose, yendo al Congreso?
—Históricamente hemos estado impulsando una nueva Constitución. En esta oportunidad, si este texto se rechaza, mantendremos vigentes los esfuerzos para que iniciativas legales ayuden también a mejorar la calidad de la función pública y las condiciones laborales de las y los funcionarios públicos. La ANEF seguirá en unidad de acción y movilizados permanentemente por alcanzar una verdadera Constitución para todas y todos.
—¿Qué opina de los artículos sobre la modernización de la administración del Estado, el artículo que indica que la ley establecerá un régimen general de la función y empleo público, e incluye que estará fundado sobre bases como ser inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial, que privilegie el mérito e idoneidad de los postulantes?
—Ellos ya se encuentran vigentes en el actual Estatuto administrativo (…). Para la ANEF modernizar el Estado tiene que ser con participación de las y los funcionarios públicos, con sus organizaciones sindicales, porque creemos efectivamente en un Estado distinto a este Estado subsidiario, donde la proyección de un Estado moderno que fortalece su rol social, capaz de impulsar el desarrollo del país y que asegure a toda la comunidad nacional condiciones dignas, justas y que permitan también velar por el acceso a una calidad de igualdad de oportunidades. Es un poco más desarrollada nuestra idea de modernización del Estado, donde el objetivo final es prestar mejores servicios a la ciudadanía porque nosotros estamos al servicio de la ciudadanía.
—En diversas ocasiones usted ha dicho que hay que superar el Estado subsidiario. ¿No considera un avance que se consagre un Estado social de derecho en la propuesta?
—Para la ANEF no basta solo el enunciado, la nueva Constitución tiene que consagrar un Estado social democrático y garante de derechos que avance hacia un Estado mucho más moderno, activo, presente y que contribuya a las políticas públicas de desarrollo con más justicia social.