Este martes 12 de diciembre, una delegación de dirigentes de la ANEF y de las organizaciones sindicales de la Mesa del Sector Público (MSP-CUT) se desplazaron al Congreso Nacional de Valparaíso para defender el protocolo de acuerdo de reajuste general, y efectuar gestiones para que se puedan eliminar contenidos que no fueron suscritos, pero que el gobierno incluyó en el proyecto de ley.
En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados/as se reanudó el debate legislativo y, en esta oportunidad, expusieron los dirigentes sindicales de la Mesa del Sector Público (Leer nota). En la instancia, y en conferencia de prensa, se hizo énfasis en la necesidad de corregir el reajuste debido al alza inesperada del IPC acumulado y la urgencia de retirar la regulación del Índice del Costo de Salud (ICSA), que busca mitigar los efectos del fallo GES a las Isapres.
El presidente de la Agrupación, José Pérez Debelli, expuso en la Comisión de Hacienda y de Salud de la Corporación. En ambas instancias hizo énfasis en que los acuerdos se deben honrar y que el artículo sobre el ICSA debe ser retirado de la iniciativa legal para no entorpecer la discusión legislativa.
Pero, dentro del mismo texto existe otro tema que genera controversia: Las condiciones salariales de los trabajadores de los Servicios de Educación Pública (SLEP).
Con respecto a los efectos del aumento del IPC acumulado el Ejecutivo propuso: “Un ajuste adicional de 0,5 %, si a abril la inflación excede del 3,8%. Este se haría efectivo a contar del 1 de junio”.
Al finalizar el día, la Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto de ley (Boletín 16463-05) y dejó para este miércoles la discusión en particular del documento.
Debido a los puntos en discordia se prevé un debate extenso y recién después de la votación en particular la iniciativa legal será vista en Sala; posiblemente el jueves 14 de diciembre o el lunes 18 de diciembre.
