Más de 2.000 trabajadores que brindan atención jurídica gratuita en todo el país anunciaron una paralización a partir del próximo 2 de abril, ante lo que consideran una actitud negligente del Ejecutivo frente a las precarias condiciones laborales y de infraestructura en las que desempeñan sus funciones.
Dirigentes y trabajadores de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) del país marcharon hasta el Ministerio de Justicia para entregar una carta oficio en la que exponen una serie de demandas incumplidas y denuncian graves omisiones, falencias y decisiones que afectan directamente al servicio.
En la misiva, dirigida al Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), que agrupa a más de 2.000 funcionarios de las CAJs, advierte que la resistencia de la autoridad a cumplir el protocolo de homologación remuneracional firmado en agosto de 2023, en favor de los estamentos más precarizados. A ello se suman la falta de infraestructura mínima, el cierre de oficinas por ausencia de personal debido a cargos sin proveer y una sobrecarga laboral que ha llevado a que, por ejemplo, un solo abogado deba gestionar simultáneamente más de 2.000 causas, significando un daño a la salud mental y el clima laboral.
El presidente de FENADAJ, Marcelo Inostroza, confirmó el llamado a paro nacional para el próximo 2 de abril debido al «incumplimiento de los acuerdos a los que se ha arribado con el Ministerio y la ausencia de gestión de las direcciones generales, que no han sido todo lo proactivas ni suficientes en la resolución de las demandas funcionarias».
Los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial advierten que programas esenciales para la población más vulnerable, como la Oficina de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores (ODAM) o el Programa Mi Abogado, que brinda asesoría gratuita a niños, niñas y adolescentes, han sido «invisibilizados en su precariedad» y «carecen de soporte administrativo para cumplir con su mandato legal». Además, cuestionan la ineficiente gestión de los concursos para proveer cargos permanentes, lo que ha llevado a una aplicación deficiente de normativas como la Ley de 40 Horas, el Teletrabajo, y más recientemente, el Incentivo al Retiro para funcionarios públicos.
Finalmente, los trabajadores de las CAJs advirtieron que, de no recibir una respuesta concreta por parte del gobierno, la paralización podría extenderse indefinidamente desde inicios del mes de abril.
