Desde agosto de 2020, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, FENAFGORE, mediante oficios a SUBDERE, Parlamentarios y Parlamentarias, candidatos y candidatas a Gobernadores y Gobernadoras Regionales, Consejeros y Consejeras Regionales, ha estado denunciando y exponiendo la compleja situación, en cuanto a que las dependencias de las ex Intendencias quedarían en manos de las Delegaciones Presidenciales Regionales y no de los Gobiernos Regionales, situación que, a la fecha, se ha mantenido incólume en la mayoría de las regiones.
Esta realidad, no solamente ha afectado a las nuevas autoridades -elegidas democráticamente- sino que también a las funcionarias y funcionarios de los Gobiernos Regionales, ya que se han agudizado los históricos problemas de hacinamiento, particularmente por la instalación de 3 nuevas divisiones y unidades de trabajo, y por el proceso de transferencia de competencias, en el marco de la Ley N° 21.074, Fortalecimiento de la Regionalización del País, publicada el 15 de febrero de 2018.
Si bien reconocemos que, en algunas regiones, el Gobierno ha avanzado en financiar y/o entregar más dependencias a los Gobiernos Regionales, estos espacios han sido insuficientes para resolver esta problemática y las necesidades actuales, siendo preocupante, a pesar de las advertencias realizadas por nuestra Federación. Igualmente, tampoco se ha tenido en consideración el proceso de transferencia de competencias, que requiere y requerirá de una infraestructura adecuada para su correcta implementación.
Lo expuesto, nos lleva a exigir que el actual Gobierno considere de una vez por todas a los Gobiernos Regionales, como la Institución que representa a los habitantes de cada región, quienes eligen democráticamente a su Gobernador o Gobernadora Regional y a su Consejo Regional, y sobre todo, que comprenda que todas y todos los que trabajamos en los Gobiernos Regionales, necesitamos condiciones y espacios de trabajo adecuados y dignos para desempeñar nuestras funciones, situación que no se da en la actualidad.
Se debe considerar que lo solicitado no se puede circunscribir a una disputa por más oficinas entre funcionarios y funcionarias de los Gobiernos Regionales y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, puesto que la normativa vigente obliga a su cumplimiento, siendo responsabilidad del Gobierno entregar una pronta solución a través de la asignación de más dependencias y/o mayores recursos en la Ley de Presupuestos 2024.
Finalmente, la entrega de adecuadas condiciones de funcionamiento para una institucionalidad en constante crecimiento, debe garantizar la disposición de espacios de trabajo con una infraestructura y equipamiento que cumpla con los estándares requeridos. Esto permitirá mejorar y fortalecer los procesos de gestión pública regional, prestación de servicios y de descentralización, y especialmente ejecutar un modelo de desarrollo equitativo orientado a elevar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.
