En el marco de la XXVI Asamblea Ordinaria de ANEF y con la participación de representantes del mundo académico, sindical y de la administración pública, se realizó el panel “La reforma frente a las y los funcionarios públicos: ¿qué empleo público necesita Chile?”, instancia que permitió analizar los principales desafíos de la modernización del Estado y las condiciones necesarias para fortalecer el empleo público.
La actividad fue moderada por Nayaret Quevedo, secretaria subregional para los países del Cono Sur de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), y contó con la participación de Enrique Rajevic, abogado y académico; Macarena Lobos, abogada y académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica; y Carlos Insunza, secretario general de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
El encuentro se desarrolló en un contexto marcado por la discusión sobre la reforma y modernización del Estado, la eficiencia de la gestión pública, las restricciones fiscales y el futuro del empleo público. Durante la jornada, las y los panelistas coincidieron en que cualquier transformación debe construirse a partir de un diagnóstico basado en evidencia, con participación efectiva de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras.
Un Estado pequeño, pero con importantes espacios de mejora
En la apertura del panel, Nayaret Quevedo planteó que Chile necesita un Estado capaz de responder con oportunidad, calidad, transparencia y presencia territorial. En ese sentido, destacó que detrás de áreas como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, los cuidados, la justicia y la protección ante emergencias se encuentra el trabajo cotidiano de miles de funcionarias y funcionarios públicos.
Desde la ISP, señaló, una modernización genuina no puede basarse en la precarización del empleo ni en el debilitamiento de los derechos laborales.
“Un Estado eficiente requiere un empleo público estable, profesional, con ingresos y desarrollo basado en el mérito, carrera funcionaria, formación, derechos colectivos y condiciones de trabajo dignas”, afirmó.
Enrique Rajevic sostuvo que, de acuerdo con las comparaciones internacionales, el tamaño del empleo público chileno se encuentra en niveles relativamente bajos. A su juicio, el principal problema no sería la cantidad de personas que trabajan en el Estado, sino la obsolescencia y fragmentación de la regulación vigente.
El académico advirtió que el Estatuto Administrativo, cuya estructura se remonta a fines de la década de 1980, ya no responde adecuadamente a la realidad actual. La aplicación de normas especiales, dictámenes y criterios jurisprudenciales habría generado un sistema complejo e incierto.
“Nos hemos quedado con un traje hecho a la medida de otra realidad y el desafío hoy es ajustarlo”, señaló Rajevic.
Macarena Lobos coincidió en la necesidad de construir un diagnóstico basado en datos y evidencia, evitando caricaturas sobre el funcionamiento del Estado y sus trabajadores. Planteó que el debate debe orientarse al fortalecimiento de las capacidades estatales y no a su debilitamiento.
La académica destacó que, pese a los espacios de mejora existentes, las funcionarias y funcionarios públicos cumplen una labor fundamental para garantizar derechos y responder a las necesidades de la ciudadanía. También llamó a considerar el empleo público como un sistema integral, que incluya la gestión directiva, los mecanismos de evaluación, la carrera funcionaria y las condiciones de ingreso y salida.
Carrera funcionaria, estabilidad y mérito
Uno de los principales puntos de acuerdo fue la necesidad de superar la fragmentación existente entre empleos de planta, contrata y honorarios. Las intervenciones señalaron que el uso extendido de modalidades temporales ha debilitado la carrera funcionaria y generando incertidumbre laboral.
Rajevic sostuvo que el nuevo modelo debería garantizar mecanismos transparentes de ingreso, basados en concursos públicos; sistemas de promoción fundados en el mérito y las competencias; y procedimientos de desvinculación regulados, objetivos y con garantías suficientes.
También planteó la necesidad de abordar los derechos colectivos de las y los trabajadores públicos, generando reglas que permitan compatibilizar el ejercicio de la representación sindical con la continuidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
Carlos Insunza enfatizó que la modernización del Estado debe incorporar una separación clara entre los cargos de confianza política y aquellos que cumplen funciones permanentes dentro de la administración pública.
“La necesidad de un Estado que resista a la corrupción, que permita efectivamente tener continuidad, está anclada en el empleo público”, afirmó.
Insunza también cuestionó el debilitamiento del sistema de Alta Dirección Pública y advirtió sobre la persistencia de cargos subrogantes y decisiones discrecionales que afectan la continuidad y la calidad de la gestión institucional.
Participación de las organizaciones de trabajadores
Otro de los ejes centrales fue la participación de las organizaciones sindicales en el diagnóstico y diseño de cualquier reforma. Las y los participantes señalaron que el conocimiento acumulado por quienes trabajan diariamente en los servicios públicos resulta indispensable para elaborar propuestas aplicables y pertinentes.
Enrique Rajevic explicó que la comisión asesora ministerial tiene un plazo de 120 días y que su mandato contempla escuchar a representantes de funcionarias y funcionarios públicos. A su juicio, el objetivo debería ser alcanzar acuerdos amplios que permitan avanzar hacia una política de Estado en materia de empleo público.
Macarena Lobos precisó que el trabajo de la comisión debe diferenciarse de los espacios de negociación entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales. Sin embargo, afirmó que ambos procesos deben dialogar y complementarse.
Desde la ANEF, Carlos Insunza recalcó que las organizaciones de trabajadores no deben ser consideradas únicamente como fuentes de información para la reforma.
“Somos los sujetos de esta transformación y no solo los objetos que vamos a ser transformados”, manifestó.
Realidades diversas y brechas pendientes
Durante el espacio de preguntas, representantes de distintos servicios públicos plantearon situaciones específicas que deberían ser consideradas en el proceso de reforma. Entre ellas se mencionaron el trabajo por turnos, las particularidades de los servicios que funcionan las 24 horas, la situación municipal, las diferencias entre servicios centralizados y descentralizados, y las realidades de las regiones.
También se abordaron las dificultades de los concursos públicos, la falta de oportunidades efectivas de capacitación y ascenso, los sistemas de calificación, la fiscalización y la aplicación desigual de las normas.
Lisetti Sotelo, presidenta nacional de la Confederación de Funcionarios Municipales de Chile, sostuvo que el problema no necesariamente se encuentra en los principios de la carrera funcionaria, sino en la forma en que estos se aplican y fiscalizan.
“No tenemos que reformar el empleo público porque nadie lo cumple; tenemos que fijarnos mejor en cómo fiscalizar un buen empleo público que tenemos, por lo menos en la teoría”, planteó.
Las intervenciones también destacaron la necesidad de incorporar de manera explícita el enfoque de género, la corresponsabilidad, los cuidados, la prevención de la violencia y las normas sobre ambientes laborales respetuosos dentro de una nueva regulación del empleo público.
Macarena Lobos señaló que estas dimensiones deben formar parte de la nueva arquitectura institucional, considerando que la normativa vigente fue elaborada en un contexto en que muchos de estos temas aún no ocupaban un lugar central en la agenda pública.
Una reforma con perspectiva de futuro
En el cierre del panel, las y los participantes coincidieron en que una eventual reforma debe considerar una transición gradual, proteger los derechos adquiridos y evitar cambios abruptos que generen nuevas desigualdades entre quienes trabajan en el Estado.
También se planteó que el debate debe proyectarse hacia los próximos años, considerando transformaciones como la digitalización, la inteligencia artificial, las nuevas formas de organización del trabajo y las demandas ciudadanas por servicios públicos oportunos y de calidad.
El panel dejó como desafío avanzar hacia un modelo de empleo público que combine profesionalización, estabilidad, mérito, transparencia, evaluación, desarrollo de carrera, derechos colectivos y responsabilidad institucional.
La discusión, según se señaló durante la jornada, no debe reducirse a una modificación normativa aislada, sino abordar de manera integral el funcionamiento del Estado y su capacidad para garantizar derechos.
“Chile no puede seguir cambiando o no tener un modelo estable de empleo público”, concluyó Enrique Rajevic.
La actividad reafirmó la importancia de mantener un diálogo amplio entre autoridades, trabajadores, organizaciones sindicales, especialistas, representantes regionales y ciudadanía, con el objetivo de construir un Estado más profesional, democrático y al servicio de las personas.
