Los hechos:
En abril 2017 las Dras. Karina Bravo y Vania Figueroa fueron seleccionadas por concurso público, por una comisión de académicos(as) de U. de Chile, para desempeñar los cargos de profesoras asistentes en el Instituto de Ciencias de la Salud de la UOH, en calidad de contrata, iniciando sus actividades el 1 de junio y 1 de agosto 2017 respectivamente. En las condiciones de sus respectivas contratas, la Universidad de O´Higgins estableció que a partir de enero de 2018 el cuerpo académico dispondría de espacios de oficina y laboratorios de investigación en el Campus Rancagua, siendo esto último prioritario e indispensable para el trabajo de ambas doctoras. Tal espacio para investigación nunca fue implementado, hasta el día de hoy la UOH no cuenta con infraestructura para la investigación, por lo tanto, no se cumplieron las condiciones mínimas de desarrollo profesional. Sin embargo, en un proceso fuera de toda legalidad de los actos administrativos del Estado, se dispuso la no renovación de las contratas de la Dra. Karina Bravo y Dra. Vania Figueroa, por resoluciones exentas fechadas el 30 de noviembre de 2018, las que fueron notificadas por correo electrónico el 07 de diciembre 2018. Según consta en dichas resoluciones, la No renovación de las contratas obedecería a informes de desempeño emitidos por el director del Instituto de Salud, Rubén Alvarado, la Directora de la Escuela de Salud, María Soledad Burrone, la opinión del Director de Investigación Deodato Radic y el Vicerrector Académico Marcello Visconti. Dichos informes no fueron conocidos previamente por las académicas, no fueron acompañados en la resolución, y las académicas no tuvieron la posibilidad de impugnarlos como dictamina la ley. Todo el proceso fue realizado clandestinamente y sólo se les informó el resultado, es decir, la No renovación.
El acto además de ser ilegal y arbitrario, carece de una debida motivación y justificación, todo lo cual amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de ambas académicas. El hecho más grave es que la Dra. Karina Bravo había denunciado, con fecha 27 de junio 2018, por acoso laboral a Rubén Alvarado y María Soledad Burrone, y la Dra. Vania Figueroa fue citada a declarar como testigo en la investigación sumaria que se instruyó el 3 de Julio por esta denuncia. El 3 de diciembre 2018, se notificó del término de la investigación sumaria, a través de resolución exenta N° 1455, fechada el 22 de noviembre, dónde se señala que los hechos fueron desestimados y la investigación dudosamente sobreseída.
Tanto Burrone como Alvarado no solo debían ética y moralmente abstenerse de evaluar a las académicas; además debían cumplir con la ley de base de procedimientos administrativos y con los estatutos de la propia Universidad de O’Higgins, que también los obligaban a abstenerse del proceso de evaluación. Sin embargo, avalados por el Vicerrector Académico, Marcello Visconti y el Rector, Rafael Correa, se alinearon para desvincular a ambas académicas. Es evidente, sin lugar a dudas, que estos actos constituyen una represalia por la denuncia de la Dra. Bravo. Cabe señalar, que Rubén Alvarado, luego de estos hechos, renunció a la institución, demostrando no solo su falta de compromiso, sino que también pretende no enfrentar y reparar el daño causado a las académicas, el que fue en todo momento respaldado por el Vicerrector Académico y el Rector.
¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir la autoridad a la comunidad universitarias desvinculando a estas académicas?
El Rector de la Universidad de O’Higgins, Rafael Correa declaró en audiencia pública, en la Comisión de Mujer y Equidad de género de la Cámara de Diputados, refiriéndose a los informes de Alvarado y Burrone: “Ambos informes me evidenciaron que estábamos frente al caso de dos académicas que no tenían la voluntad o la capacidad, pero yo mejor diría la voluntad, porque la capacidad sí la tienen, de poder llegar a ascender en la carrera académica y hacer una carrera académica en la Universidad de O’Higgins”.
Estas afirmaciones vacías de contenido académico generaron la indignación de la comunidad académica de distintas Universidades del Estado, incluyendo investigadores(as), claustros académicos de programas de doctorado completos, directores(as), premios nacionales de ciencias, investigadoras galardonas por UNESCO etc, quienes manifestaron su molestia y cuestionaron estas afirmaciones en cartas publicadas en los principales diarios de circulación nacional. ¿Fueron estas profesoras despedidas por la denuncia contra de Salud Rubén Alvarado (ex-director del Instituto de Salud) y María Soledad Burrone (actual directora del Instituto de Ciencias y directora de la Escuela de Salud)? La respuesta parece obvia.
Ambas académicas fueron activas defensoras de la comunidad estudiantil y reconocidas feministas a nivel nacional. La desvinculación de las académicas es un mensaje de las autoridades para infundir miedo a la comunidad universitaria, advirtiendo las consecuencias que otros(as) miembros de la comunidad podrían experimentar en caso de denunciar acoso o ser activista por alguna causa que incomode a la autoridad.
Las prácticas autoritarias y negligentes dentro de nuestro espacio universitario son permanentes y trascienden a todos los ámbitos: Desde la restricción del reducido espacio recreacional que tenemos, hasta las trabas excesivamente burocráticas para el desarrollo político de los y las estudiantes que aspiran a un modelo de universidad más democrática y activa en el territorio.
¿Dónde quedaron los derechos fundamentales como la apelación y la legítima defensa?
Durante el 2018, la comunidad estudiantil se movilizó para exigir la reincorporación de ambas académicas, un hecho preocupante es que para la publicación de las declaraciones públicas de parte de los estudiantes, las autoridades de la UOH pedían que tales declaraciones fueran firmadas en forma individual por cada estudiantes y no como colectivo, lo cual es una grave intervención a la organización estudiantil, toda vez que facilitaría una posterior persecución entre otras política (seamos ingenuos y consideraremos que ese no fue su objetivo, pero tenemos que estar atentos si esto se repite).
La organización y movilización activa de estudiantes son las únicas herramientas que tenemos para asegurar que no se sigan cometiendo negligencias, abusos y malas prácticas en nuestra naciente universidad.
Ante todo este autoritarismo unilateral, debe levantarse una organización conformado por estudiantes, funcionarios/as y académicos/as que decida sobre nuestros problemas, evitando los abusos por parte de las autoridades. Los despidos de las dos profesoras y los/as seis funcionarios/as el 2018 están en el contexto del avance de la derecha en Latinoamérica y Chile que ha traído planes de reajustes que ataca directamente a trabajadores, estudiantes, mujeres e inmigrantes: Con cierres de fábricas y miles de despidos, la militarización en la Araucanía que mata al pueblo mapuche, que está en contra del derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. Así como también hoy a través del ajuste al gasto público se les quita a miles la beca de gratuidad.
Hoy es necesario y urgente levantar una lucha activa por la reincorporación inmediata de las académicas injustamente despedidas y contra el autoritarismo universitario que hoy censura a feministas, organizaciones de izquierda, a las y los funcionarios y académicos.
¡Levantemos una coordinadora contra los despidos! Porque si tocan a una/o nos tocan a todos/as. Unamos a los diferentes sectores, tanto estudiantes, funcionarios(as), profesores(as), organizaciones políticas y sindicatos por la reincorporación, que permita vencer el autoritarismo de Rectoría y enfrentar la política de los ajustes.
¡Súmate a la campaña por la Reincorporación inmediata de las profesoras Karina Bravo y Vania Figueroa!
Declaracion contra los despidos, reincorporacion inmediata