Asociaciones gremiales iniciaron acciones simultáneas en todas las delegaciones presidenciales del país. Acusan que el Gobierno infringe la ley de presupuesto al no pagar la asignación por sistema de turnos durante vacaciones y licencias médicas. ANEF respalda la movilización y califica el hecho como una «vulneración de derechos fundamentales» por parte del Estado.
En una acción coordinada a nivel nacional, las asociaciones de funcionarios del Servicio Nacional de Reinserción Social y del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia denuncian un grave incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo respecto a los acuerdos consagrados en la ley miscelánea complementaria a la ley de presupuesto, afectando directamente los derechos laborales básicos de cientos de trabajadores de la región y del país
Mauro Silva dirigente ANTRAP y Sebastián Hernández Santana, dirigente de Antrace Los Lagos, formalizaron la denuncia en la Delegación Presidencial regional en representación de un frente unido compuesto por las asociaciones Antrace, AFUSE y ANFUR, junto al respaldo estratégico de ANTRAP y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.
Gestiones con la Seremía de Justicia, Antes de acudir a la Delegación Presidencial, los dirigentes de la Región de Los Lagos sostuvieron una reunión y entrevista formal con el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Claudio Valdivia En la instancia, se le manifestaron en detalle las características de la denuncia y la forma en que este incumplimiento repercute de forma directa en el personal que está bajo su tutela.
Los gremios enfatizaron ante la autoridad que el propio Estado, a través del Poder Ejecutivo, está vulnerando acuerdos políticos y económicos que se arrastran desde enero de este año. Pérdida de derechos básicos y merma salarial El conflicto técnico radica en la falta de implementación de la asignación por sistema de turnos de 12 horas rotativos (diurnos y nocturnos). Actualmente, cuando un funcionario hace uso de su derecho legal a vacaciones remuneradas o presenta una licencia médica, su sueldo sufre una reducción drástica al dejar de percibir estos componentes variables.
Sebastián Hernández Santana, dirigente de Antrace «Venimos a denunciar la irregularidad en el cumplimiento de acuerdos respecto de la ley miscelánea. Cuando los funcionarios toman vacaciones o licencias médicas, la situación es aún más dramática: no reciben la misma remuneración que al estar trabajando. Hay un desmedro muy significativo que arrastramos desde enero», explicó Hernández Santana.
La problemática no solo golpea a los tutores de trato directo, sino que se extiende a todo el personal que sostiene el régimen de turnos continuos en los centros del país, incluyendo a los equipos de las áreas de salud, alimentación y choferes.
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), organización que colabora activamente en la movilización, solidarizaron con la causa de los trabajadores de la reinserción y protección. «Como ANEF no podemos permitir que las y los trabajadoras/es públicos sufran un castigo financiero por el legítimo uso de sus vacaciones o licencias médicas. Esto constituye una vulneración flagrante a los derechos fundamentales de los funcionarios del Estado. Exigimos al Ejecutivo cumplir la ley miscelánea y restituir la dignidad laboral de quienes atienden diariamente a la infancia más vulnerable de nuestros territorio señaló la Presidenta de Anef Los Lagos; Pamela Espinoza.
Los gremios advierten que este escenario genera un desgaste físico y psicológico crítico en el personal. Esta precariedad laboral, según acusan, impacta de forma directa en la calidad del servicio que el Estado está obligado a garantizar. La falta de condiciones dignas para los trabajadores termina disminuyendo las posibilidades reales de reinserción social y vulnera los derechos de los adolescentes y jóvenes bajo su cuidado.
Como parte de la estrategia de presión, las directivas regionales entregaron cartas de denunciade manera simultánea en las Delegaciones Presidenciales de todo Chile. Las organizaciones exigen que los delegados presidenciales eleven la denuncia con urgencia al nivel central del Gobierno para destrabar el pago de las asignaciones adeudadas y dar cumplimiento efectivo a lo pactado en el Parlamento.
