Tras 60 días de paro de las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia a la Judicial (CAJ), agrupados en la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), se suscribió un protocolo de acuerdo complementario con la Subsecretaría de Justicia, las CAJs, y la ANEF como garante.
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, explicó que: “Es un protocolo complementario que marca un antes y un después. ¿Por qué? No solamente por el tema de la movilización y que hemos llegado a un acuerdo, sino también porque se subestructura, para los meses venideros, una relación de trabajo técnico, de trabajo institucional, que nos va a tener ocupados”.
El texto perfecciona el protocolo de acuerdo del 8 de agosto de 2023, suscrito entre las mismas partes, y contiene 13 puntos para mejorar las condiciones actuales de la CAJs, en especial las brechas salariales, y en vista de la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas (SNAJ-DV).
“No es todo lo que queríamos, pero nos va a permitir avanzar a pasos firmes hacia una nueva institucionalidad que permita acceso a la Justicia en todo el país. Nuestra gente lo que quiere es un servicio que dé pasos para poder brindar el servicio que la gente exige y reclama con todo derecho”, sostuvo el presidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza.
Las mesas de trabajo comenzaron a funcionar inmediatamente después de la ceremonia de firmas, y los plazos que se acordaron para entregar resultados son acotados, considerando los pocos meses que le quedan de administración al actual gobierno.
“Valorar la capacidad de esa unidad en la acción de las y los dirigentes. A nosotros no nos interesa perpetuarnos en la movilización, y por eso la capacidad de diálogo que se ha demostrado acá es altamente destacable. Uno quisiera más, pero esto permite avanzar hacia un mejor servicio para la ciudadanía, que tanto lo requiere”, cerró el presidente de la Agrupación, José Pérez Debelli.