La ANEF expuso este miércoles 8 de octubre ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la sesión dedicada a analizar el funcionamiento del teletrabajo en el sector público y el compromiso del Ejecutivo de presentar una ley que lo regule.
En representación de la ANEF participaron su primer vicepresidente, Helmuth Griott Bohn, junto a Victoria Escalante, vicepresidenta de Negociación y Relaciones Gubernamentales, y Sandra López, vicepresidenta de Mujer y Género de la Agrupación, y por parte de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), expuso Rodrigo Díaz Mery, jefe de Evaluación y Transparencia Fiscal, y Luna Israel, jefa de Gestión Pública del organismo.
Griott sostuvo que el teletrabajo “llegó para quedarse”, pero subrayó que su desarrollo en el Estado requiere una legislación integral que proteja los derechos laborales y resguarde la función pública. “La función pública tiene particularidades que la diferencian del sector privado: nuestro trabajo se realiza en beneficio de la ciudadanía, no de consumidores”, señaló.
El primer vicepresidente explicó que la Agrupación concibe esta modalidad como “trabajo remoto” y que debe garantizar el derecho efectivo a la desconexión, la compensación de costos, la cobertura por accidentes laborales y la no discriminación en la Carrera Funcionaria. Advirtió además sobre desigualdades en los servicios, donde aún existen jefaturas que no reconocen plenamente el teletrabajo como una forma válida de realizar las funciones.
Victoria Escalante presentó la posición acordada por la ANEF en sus asambleas, enfatizando que la actual regulación de pilotos de Teletrabajo -vigente hasta 2026- deja un vacío normativo que podría afectar a miles de trabajadores públicos si no se aprueba una ley antes de esa fecha.
“Proponemos prorrogar la normativa actual mientras no exista una ley de teletrabajo, para garantizar continuidad y certeza a los funcionarios y funcionarias”, manifestó. Añadió que la ANEF apuesta por una modalidad híbrida y unificada, que homologue los criterios, y por una participación sindical vinculante en las definiciones que adopten los servicios.
Escalante también pidió revisar las exclusiones que impiden aplicar el teletrabajo a ciertos estamentos, como las y los fiscalizadores o personal en terreno, y destacó la importancia de considerar esta discusión en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, señalando que la definición de funciones «teletrabajables» puede impactar especialmente en trabajadoras cuidadoras.
Desde DIPRES explicaron que, si bien existen costos asociados al teletrabajo, también se han observado experiencias de ahorro a través de reorganizaciones de los servicios, liberación de oficinas y optimización de espacios.
Por su parte, Sandra López complementó la exposición de la ANEF: “Nuestro deber como asociación es cuidar a nuestras trabajadoras y trabajadores públicos. Pero ¿quién cuida a la que cuida? El trabajo decente en teletrabajo, lamentablemente, en el sector público se ve muy poco. Muchos compañeros y compañeras viven en situaciones de hacinamiento y no cuentan con los recursos para trabajar adecuadamente desde sus hogares”, señaló.
Durante la sesión, se informó que 36 de las 40 instituciones incluidas en los pilotos ya entregaron sus informes de evaluación 2024, con resultados positivos, aunque aún sin datos consolidados sobre productividad y satisfacción usuaria.
Finalmente, la instancia acordó invitar al ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, a una próxima sesión, y oficiar a DIPRES para obtener información sobre los costos del piloto, las proyecciones de gasto de una implementación plena y una desagregación de cómo está estructurado el teletrabajo en los distintos servicios.