Con el respaldo y apoyo de la ANEF, las asociaciones de funcionarias y funcionarios de la Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) –AINFUD A.G., Nueva APRECH, ATACREP y ANECREP– entregaron un punto de prensa o para aclarar información difundida recientemente en el debate público respecto de la entrega de créditos prendarios y el funcionamiento del Servicio.
Las organizaciones aclararon que la DICREP opera bajo un marco legal vigente, establecido en el DFL N° 16 de 1986 y el Reglamento de Préstamos (DS N° 6.465 de 1951), normativa que define al empeñante como la persona que entrega la prenda y recibe el dinero, independientemente de que sea o no la dueña del bien. En consecuencia, el Servicio no está legalmente facultado para exigir acreditación de dominio, lo que responde a la naturaleza jurídica del crédito prendario.
Asimismo, las asociaciones desmintieron la existencia de préstamos otorgados fuera de la normativa vigente. Precisaron que los montos están regulados por resoluciones exentas vigentes: en alhajas, el máximo por póliza es de $500.000; en objetos varios, el tope es de $200.000; y el endeudamiento máximo permitido por persona usuaria es de $3.500.000. Por ello, indicaron que ningún tasador tiene facultades para otorgar préstamos de $2 millones por una sola especie.
Asimismo, aclararon que las especies empeñadas tienen un plazo de vigencia de cinco meses, más un mes de gracia, y que, de no renovarse, pasan a subasta en el séptimo mes, procedimiento que se realiza de manera mensual, conforme a la normativa vigente.
En el punto de prensa se informó, además, que más del 95% de los créditos otorgados son recuperados por las y los usuarios, quienes rescatan sus prendas, mientras que una fracción menor llega a subasta pública.
Finalmente, en relación con el Informe N° 400 de la Contraloría General de la República, de fecha 17 de diciembre de 2025, referido a créditos otorgados en la Unidad de Crédito Matriz durante los años 2023 y 2024, las organizaciones y la ANEF respaldaron el trabajo de las y los funcionarios de la DICREP, institución integrada por más de 400 trabajadoras y trabajadores públicos.
El comunicado es suscrito por las asociaciones AINFUD A.G., Nueva APRECH, ATACREP y ANECREP, quienes reiteraron la necesidad de que la información pública se emita con conocimiento del marco legal vigente y del funcionamiento del Servicio.